Chihuahua, Chih.- El profesor federalizado Hugo Isaí Rodríguez Mendoza, profesor frente a grupo de secundaria técnica en Madera, denunció formalmente este viernes a la secretaria general de la Sección 8 del SNTE, Rosa María Hernández Madero, y al secretario seccional de Finanzas, Eduardo Zendejas Amparán, por la presunta sustracción de alrededor de 100 millones de pesos de intereses del Fondo de Capitalización y Ahorro para Apoyo a Prestaciones Sociales de los Trabajadores de la Educación (FOCAPS), del que ambos son presidenta y vicepresidente respectivamente, mediante el cambio de entidad bancaria del mismo sin previa consulta. Asimismo, los abogados del profesor manifestaron que de oficio la FGE debería investigar también la posible comisión de un presunto delito de peculado y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales un posible delito electoral. Aseguraron que en conjunto, en el supuesto que se acreditaran los tres presuntos delitos, Rosa María Hernández y Eduardo Zendejas se enfrentarían a una pena mínima de 16 años y una máxima de 41 años de prisión. A esta primera denuncia se sumaran otras y además habrán de enterar a la UIF de un presunto delito de enriquecimiento inexplicable.
El profesor Hugo Isaí Rodríguez señaló que los dos dirigentes sindicales han utilizado el FOCAPS “como una agencia de colocación”, están “usando los sueldos sin tener en cuenta a los compañeros”, e incluso “lo utilizan hasta para viáticos personales”. Manifestó que ante estos manejos de manera opaca ya no podían seguir permitiéndolo y procedió a la interposición de esta demanda “hoy en representación de cientos de compañeros”.
Señaló que al inicio de la actual dirigencia sindical fue secretario delegacional en la región de Madera y por no prestarse a sus manejos y su línea lo apartaron del cargo. Denunció que la actual dirigencia sindical operó el pasado sexenio en connivencia con el ex gobernador Javier Corral y el ex director genral de los SEECH, Manuel Arias Delgado, “entre ellos había una coalición (…) malos manejos en la entrega de plazas”.
Para quienes deseen seguir sus pasos y presentar una denuncia formal puso a disposición el número de celular 6143824077, señalando que ya habría listas otras denuncias de compañeros.
El Licenciado Carlos Alberto López, quien afirmó que estarán representando al profesor Hugo Isaí y a cientos de compañeros, informó que hoy, a las 09:40 horas presentaron ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de la maestra Rosa María Hernández Madero y Eduardo Zendejas Amparán denunciando el presunto delito de administración fraudulenta del Fideicomiso FOCAPS, ahorro al que los maestros van aportando quincena tras quincena y en el que afirman ha habido malos manejos.
Señaló que inicialmente estos recursos estaban en el banco Santander y ambos dirigentes lo movieron sin consultar a ningún maestro ni miembro del Comité a Banorte.
Afirmó que se presentó ante la Fiscalía General del Estado ya que, si bien la Sección 8 del SNTE recibe fondos de la Federación, al ingresar en sus propias cuentas por este concepto el entre el 1 y el 5 por ciento –dependiendo de lo que cada maestro quiera aportar- al caer en las arcas de la Octava ya se convierte en recurso estatal.
Recordó que inicialmente la finalidad de estas aportaciones voluntarias se hacían con la finalidad de obtener réditos y que obtuvieran beneficios de su aportación los maestros, iban directas al fideicomiso, a una cuenta que al inicio se encontraba en la entidad bancaria Santander y posteriormente sin previo aviso y sin consejo técnico de por medio se cambió a Banorte.
El abogado refirió que el FOCAPS maneja alrededor de 500 y 600 millones de pesos, “lo cual motivó a los dos denunciados a hacer el cambio de entidad bancaria porque se tiene conocimiento y se irán aportando testigos ante la Fiscalía para acreditar beneficios que ambos dirigentes tendrían con la enidad Banorte, (…) que incluyen intereses y un rédito mensual que les daría y que no se reporta a los trabajadores afiliados”.
Explicó que el delito de administración fraudulenta se establece al momento que una persona que tiene a su cargo la administración de recursos ajenos haciendo parecer operaciones o gastos inexistentes, o reteniendo valores, como sería este caso, causa un daño en el patrimonio del beneficiario para beneficiarse él o una tercera persona.
Sostuvo que son cientos de maestros a los que se les habría causado este perjuicio, calculando el detrimento o desvío, entre los intereses de todos, de 100 millones de pesos. Dio a conocer que de acreditarse este delito merece una pena de 6 años mínimo y 12 años máximos de cárcel, si bien se contempla que dicha pena aumentará dos terceras partes cuando se cometa en contra de dos o más personas por lo que se podrían enfrentar a penas de entre 10 y 20 años de prisión.
De hecho reiteró que estaban abiertos a apoyar a maestros que se encuentren en el mismo caso.
Por su parte, el Licenciado Banderas agregó que en la denuncia presentada hoy se hizo del conocimiento a la FGE que los recursos del fondo sustraídos indebidamente por parte de la secretaria general podrían haber sido utilizados para su promoción personal en las campañas políticas de esta año fue candidata en la primera fórmula plurinominal de Nueva Alianza. Apuntó que la FGE deberá enterar a la FEPADE por un posible delito electoral que amerita una pena de prisión que va de los 2 a los 9 años.
Asimismo, puntualizó que independientemente del delito electoral, se deberá investigar de oficio un presunto delito de peculado, por el que se contempla una pena que de 4 a 12 años de prisión cuando el monto excede de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
