CDMX.- Integrantes de familias desplazadas de las comunidades de El Manzano y Monte Verde, acompañados de organizaciones como El Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Serapaz y Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), acudieron al Senado de la República para anunciar el otorgamiento a su favor del incidente de violación a la suspensión, por el incumplimiento de las medidas de protección a favor de los desplazados, 20 familias, en su mayoría rarámuris; la abogada Isabel Saldivar indicó que este es el primero de su tipo en el país; además las familias exigieron al Senado que se expida una ley para tipificar el desplazamiento y se les considere víctimas, además de que se atienda la problemática en la que se encuentran las comunidades desde hace años.
Representantes de las organizaciones señalaron que las familias presentes se encuentran dezplazados por las actividades delictivas de grupos criminales y por la falta de actuación de autoridades para detener los causantes de estos hechos, por esa razón se han presentado amparos.
Explicaron que esta es una problemática que afecta a la sociedad, ya que según estudio del Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno, en el 2020, 9 mil 700 personas han sido desplazadas en el territorio nacional y 357 mil personas están viviendo en dezplazamiento forzoso; las principales razones son las discrepancias por motivos religiosos, el control por el uso de recursos nacionales, conflictos por megaproyectos e infraestructura y el crimen organizado.
Los integrantes de las familias desplazadas de Monterde y de El Manzao exigen que exista una ley que respalde y libere los protocolos adecuados para su atención.
Margarita Contreras de la Comunidad de Monterde, municipio de Guazaparez, manifestó que a ella y su familia los dezplazaron en el 2014, los sacaron de sus tierras, de su rancho; en el 2018 mataron a un miemmbro de su familia y en 2019 a su esposo y a un hermano del mismo, «nos amenazaron…y hasta horita todavía andamos en Chihuahua…lo que pido es justicia, que se haga justicia…que nos ayuden, que nos apoyen, pues porque hemos tenido muy pocos apoyos en Chihuahua».
Gerardo Girón, desplazado de El Manzano informó que los sicarios los dezplazaron en 2015, amenazándoles de muerte y quitándoles las cosas que tenían; comentó que la Fiscalía de Cuauhtémoc fue a recogerlos y los llevaron a la mencionada ciudad, y hasta ahora siguen batallando en Chihuahua, y a pesar de que se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado, hasta el momento no se ha hecho nada, por lo que pidió justicia, «no podemos regresar al rancho porque nos están amenazando…»
Nubia Sánchez, desplazada de El Manzano, informó que fueron desplazados junto con su familia desde hace 6 años; fueron sacados de su casa por hombres armados quienes quemaran casa, carros y quemaron todo lo que les pertenecía, además asesinaron a uno de sus hermanos ya que se negó a trabajar con ellos, «hemos tenido poca ayuda del gobierno, esperemos que nos escuchen, que se haga justicia, que agarren a la gente que nos ha hecho mucho daño; nos brindaron medidas cautelares pero después de so mataron a otro hermano mío y un primo, nos llegaron amenazas a mi papá, tuvimos que salir un tiempo de Chihuahua…ahorita estoy aquí para pedirle ayuda al gobierno, que haga algo, no ha hecho nada…ahorita nos han ayudado co comida, con un techo, pero no nos han dicho nada de que va a pasar con nosotros…»
Añadió que de El manzano son varias familias, y nada más de su familia son 37 personas, por lo que piden justicia.
Isabel Saldivar, asesora jurídica de Contec indicó que las personas que hablaron son solamente representantes de varios grupos de familias, quienes acudieron a los tribunales para pedir el amparo de la justicia ante un problema que no ha sido atendido en 6, 7 años, «toda la exigencia de justicia por parte de las familias no fue atendida ni escuchada a pesar de todos estos años…»
La abogada indicó que en mayo y junio se presentaron 2 amparos en tribunales federales, en contra de las autoridades de primer nivel federales, en contra del gobernador de Chihuahua, Fiscal General del Estado, por omisión de respetar y garantizar los derechos humanos de estas familias, «en cuanto pusimos los amparos los tribunales nos concedieron la suspensión de plano y la suspensión provisioal en ambos casos, en donde se pedía a las autoridades que garantizaran las condiciones dignas para todas estas personas que están en condición de desplazamiento y se ampliaron las medidas de protección para aquellos que no estaban incluídos, sin embargo las autoridades del estado continuaron con las actividades que ya tenían y no cumplieron con la suspensión otorgada por los tribunales, por lo que se tuvo que meter un incidente de violación a la suspensión por parte de las autoridades en el amparo concedido a las familias…»
Informó que el incidente de violación fue resuelto el 23 de septiembre en donde el Tribunal le pide a las autoridades que en un término de 24 horas atienda y cumpla con la suspensión otorgada a favor de las familias desplazadas, «para nosotros es sumamente importante el avance que se ha tenido porque nosotros tenemos conocimiento de que es la primera suspensión lograda por las personas en condición de dezplazamiento en toda la república…»
Añadió que con este amparo están pidiendo la reparación integral del daño sufrido, que tiene que ver con el aaceso a la justicia, el retorno a sus comunidades o un asentamiento digno, «pero nosotros estamos apostando a que las condiciones de tranquilidad y paz se puedan dar para las comunidades».
Gabino Gómez miembro del CEDEHM agregó que las comunidades han acudido a todas las instancias a las que tienen derecho, desgraciadamente no hay una ley que diga que los desplazados so víctimas en México, por lo que urge que el Senado apruebe una Ley que tipifique y que les de derechos.
Dijo que han acompañado a las comunidades desde el 2015, «bien recuerdo el domingo de ramos del 2015 cuando me habla el padre de Nuvia…ya vienen por nosotros…6 horas disparándoles, 6 horas escuchándo por el teléfono el traqueteo de las metralletas, seis horas que no acudieron a auxiliar…»; explicó que acudieron ante el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, quien les dijo que se olvidaran de que se diera una intervención para pacificar la zona; enfatizó que ese es el reclamo,» entren a pacificar la zona»; y todavía muy recientemente, tan reciente que no han pasado más que 10 días, fue citado en las instalaciones de la zona militar de Parral, por parte de los generales, el compañero Soto, para preguntarle cómo estaba la situación y les dijeron «no podemos hacer ningún operativo…es por eso que hoy nosotros llamamos a la necesidad de que se ponga atención…»
