Chihuahua.- La coordinadora de Acción Nacional en el Congreso local, Marisela Terrazas, presentó un exhorto de urgente resolución en virtud de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se reconsidere los argumentos contenidos en sus proyectos de resolución, tanto en Coahuila como en Sinaloa, y se tome en cuenta el derecho a la vida; la legisladora enfatizó que la eventual resolución de dichas acciones, pueden sentar un precedente inaceptable que pone en grave riesgo la democracia y el Estado de Derecho en el país; la iniciativa fue aprobada con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
La legisladora indicó que la bancada del PAN pide a los Ministros Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, para que se reconsidere los argumentos contenidos en sus proyectos de resolución, tanto en Coahuila como en Sinaloa, y se tome en cuenta el derecho a la vida como superlativo.
La diputada dijo que los que conforman el Grupo Parlamentario del PAN, manifestan su seria preocupación por los proyectos de sentencia de las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2017 de Coahuila y 106/2018 junto con su acumulada 107/2018 de Sinaloa a cargo de los Ministros Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena.
Mencionó que la discusión de las referidas acciones de inconstitucionalidad, dieron inicio en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de ayer 6 de septiembre del año en curso y continuarán el día de hoy, «los diputados de Acción Nacional, estamos ciertos que la eventual resolución de dichas acciones, pueden sentar un precedente inaceptable que pone en grave riesgo la democracia y el Estado de Derecho en el país».
«Además, de aprobarse estas resoluciones se pone en juego la libertad configurativa de las entidades federativas para que, sin transgredir el orden constitucional, resuelvan con libertad en las materias que les competen, por lo que, el legislador local tiene la facultad para emitir leyes que incidan en los derechos fundamentales de los gobernados, así como establecer penas para salvaguardar bienes que la sociedad considera valiosos. En este sentido, además de atacar directamente la democracia representativa, dejaríamos a los gobernados en un estado de incertidumbre e indefensión, puesto que sus representantes quedan limitados en sus facultades», enfatizó.
