-Denuncia diferentes omisiones e irregularidades por parte de las autoridades laborales y judiciales y pide “mi reinstalación con un ascenso para tener derecho a una jubilación con una pensión digna y justa por todas las violaciones que hicieron a mis derechos como trabajadora de la educación”, denunciando omisiones y vicios durante juicios que tardaron hasta 8 años
Chihuahua, Chih.- Tras 11 años de lucha incansable tras haber sido despedida por la SEP “de forma injustificada”, como ha sostenido y argumentado en diferentes instancias, lucha que se incrementa a 14 años si se tiene en cuenta la persecución y hostigamiento en su contra por parte de la SEP y SEECH entre 2007 y 2010, la maestra Socorro Isela Hernández, maestra federalizada del Municipio de Jiménez, continúa exigiendo a la SEP su reinstalación con un ascenso –por el daño y derechos conculcados durante estos 14 años- para poder optar a una jubilación con una pensión digna y justa. Lejos de rendirse y callarse, como pretendían quienes primero la suspendieron de empleo y sueldo, y luego despidiéndola, la maestra sigue denunciando, sin que le tiemble la voz, la injusticia y las violaciones de derechos que se cometieron en su caso y ante las que, pese al paso de hasta tres administraciones estatales y otras tantas nacionales, nadie ha hecho nada. Ahora, su lucha pasa porque su caso llegue y sea atendido por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y le haga justicia.
En entrevista para El Puntero, la maestra jimenense relató a grandes rasgos la odisea que sufrido durante casi tres lustros. “En esta situación cumpliré ya 14 años el 15 de noviembre. Yo fui suspendida desde el 15 de noviembre de 2007, yo estaba como maestra, como asesora del programa Escuelas de Calidad Pec, en Jiménez, Chihuahua, trabajábamos con proyectos, en tal escuela comprensión lectora, en otra la disciplina, no me dieron la oportunidad de terminar porque siempre fui una maestra de izquierda, en contra de los gobierno corruptos, defendiendo mis derechos como trabajadora y los de mi compañeros”. Recordó que por aquellos entonces era integrante del ResISSSTE y participó activamente en las protestas que hubo en todo el estado en contra de la Ley del ISSSTE. “Soy una persona que voy siempre buscando la justicia, en contra de la corrupción y no me interesa lo que me meta”, aseveró.
Entrando a su relato y su versión de los hechos en cuestión, la maestra Socorro Isela, empezó señalando que en fue en junio de 2007 cuando inició la persecución en su contra por parte de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, siendo el titular por aquel entonces Óscar de la Rosa Manqueros, e hizo hincapié que quien encabezó el hostigamiento fue Felipe de Jesús Valenzuela Grado, director de Primarias en la SEP, quien la intentaba remover a toda costa. La maestra afirmó que incluso demandó penalmente a Valenzuela acusándolo de abuso de autoridad, pero lamentó que “no le hicieron nada” y “lo protegió la del sindicato”, Susana Muriel, secretaria general de la Sección 8 del SNTE.
Iniciada ya la persecución, refirió que en octubre de ese mismo 2007 el movimiento ResISSSTE tomó las oficinas centrales de SEECH en la Antonio de Montes en protesta contra la reforma a la Ley del ISSSTE, protesta en la que ella estuvo presente. Recordó que por ese entonces el profesor Manuel Arias formaba parte del movimiento y “ahora ni nos conoce a los de izquierda, a los que andábamos en el ResISSSTE y ahora se ha convertido en cacique de los maestros”.
Siguiendo con su relato, la maestra, a 14 años de distancia, aseveró que principalmente por la demanda contra el director de Primarias y su participación en la protesta, que habría sido la gota que colmó el vaso, en noviembre de 2007 “me suspenden de todo, de mi salario, de mis actividades, no me llega mi cheque, no me dicen nada, nomás que ya no pertenezco al programa, cada día un oficio, cada día un hostigamiento en mi trabajo, me envían de un lugar a otro, me traen como pelota, cosa que no les acepto nada”.
En este punto, aclara y precisa que para entonces aún “no era despedida, me presentaba en la Coordinación Sindical de Ciudad Jiménez de la Sección 8, a la intemperie porque ni el sindicato me quiso defender, para ellos era contraria a ellos”.
“En el 2008 yo meto demanda por salarios devengados, desde noviembre ante la Junta (Local de Conciliación y Arbitraje de Hidalgo del Parral), este juicio duró ocho años, desde noviembre de 2008 al 22 de junio de 2016, y los Tribunales de Distrito dan el fallo a favor mío, que la justicia me ampara y me protege”, prosiguió la maestra.
“A base de tanto hostigamiento, persecución, oficios en contra mía me dieron el gane, el Tribunal de Distrito me ampara y me protege”, apunta, con el amparo directo 152/2011 para que se le pague todo su salario desde la suspensión en noviembre de 2007 hasta la terminación del juicio.
La maestra Socorro Isela Hernández denunció que durante el proceso la Junto Local de Conciliación y Arbitraje de Parral incurrió en “muchas omisiones, un juicio muy viciado por muchas anomalías, omisiones y arbitrariedades. Nunca salió un laudo favorable a mi persona” (desde la Junta).
No obstante, manifestó que ante la situación de que el Tribunal de Distrito Federal estaba le estaba “pisando los talones” y que la maestra le tenía embargada una cuenta a SEECH, el 22 de julio de 2016 SEECH da su brazo a torcer y se presenta en la Junta de conciliación y Arbitraje de Parral y accede a pagarle 469 mil pesos por salarios caídos, concluyendo el primer juicio sólo y exclusivamente por ese hecho demandado.
Así se entiende y se desprende del fragmento de la cláusula segunda de la resolución de la citada Junta de Conciliación en la que, entre otras cosas, se señala literalmente “así mismo manifiesto que me fue cubierto el resto de la condena de manera extrajudicial, por lo que con dicha cantidad me doy por pagado en su totalidad de las prestaciones a que tuviera derecho por virtud de dicho laudo y así como del acuerdo de fecha 19 de Octubre del 2015, cantidad que importa la condena del mismo con la inclusión de los salarios caídos generados hasta el día de hoy, solicitando que una vez que se me entregue el importe mencionado se archive el expediente como asunto total y legalmente concluido esto referente al expediente No. 1/08/0064, por lo que no me reservo acción ni derecho de ninguna naturaleza que ejercitar en contra de la parte anterior ni anterior, presente o futura de carácter civil, penal, laboral, etc de igual manera se me tenga desistiendo del embargo…”.
Pese a que la cláusula hace referencia específicamente al expediente 1/08/0064, más adelante esta resolución será fundamental para el desenlace de los acontecimientos, según la denunciante, por ser objeto de malinterpretación y uso para resolver otro caso totalmente diferente. Pero vayamos por partes.
Paralelamente a la demanda por salarios caídos, en 2010 la maestra metió una segunda demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Hidalgo del Parral, esta sí por despido injustificado, después de que tras dos años y medio de persecución y hostigamiento, le notificaran oficialmente su despido en abril de 2010. Recordó que quien lo hizo fue el subdirector de Primarias en la SEP, de nombre Elías, quien señaló que justificó el despido refiriéndole “que ya no tengo trabajo con ellos porque soy una maestra problemática”, agregando la maestra que “creían que iba a renunciar voluntariamente, cosa que no sucedió”.
En torno a esta segunda demanda y segundo expediente presentado en abril de 2010, la maestra vuelve a denunciar que la Junta Local “hizo un juicio bastante viciado, con muchas omisiones e irregularidades, también duró ocho años, y Servicios Educativos de mala fe presenta testigos que ya ni siquiera trabajaban en el sistema, nunca dieron sus domicilios de donde se les podía notificar”. Llegados a este punto y ante el actuar mañoso de la autoridad educativa, la maestras apuntó que a través de su abogado empezaron a presionar con la presentación de oficios y recursos al Juzgado de Distrito de Turno por omisión, exigiendo a la Junta que a su vez exija a la parte patronal dar los domicilios de los testigos que presentaron. Ante esta situación, en ese estira y afloja entre las partes, el juicio permaneció detenido durante tres o cuatro años. Esto hasta que el Juzgado de Distrito impone una multa de cien días de salario al entonces presidente de la Junta Local de Conciliación de Parral, Ernesto Pando, por no acatar las órdenes del tribunal de Distrito”.
Cuando por fin la Junta Local emite el 8 de diciembre de 2017 su laudo sobre la demanda por presunto despido injustificado, éste no fue favorable a la maestra. “Nunca me protegió como trabajadora de la educación”, lamentó Isela, ante lo cual no se rindió y volvió a interponer un amparo directo en los Juzgados de Distrito, el individualizado con el numeral 143/2018.
Prosiguiendo con su relatoría, lamentó que el tribunal emitió su sentencia en agosto de 2018 en la que, según la versión de la maestra, de forma errónea y aplicando ilegalmente de forma retroactiva la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño “dicta un laudo me dejan en un estado de indefensión, no me ampara ni me protege, hizo una mala interpretación, sacaron la cosa juzgada, me partieron la torre, para mí que hubo mano negra de Corral”.
Esto, aseguró, ya que el Tribunal estimó que ya con la resolución del caso del expediente No. 1/08/0064, que concluyó el 22 de junio de 2016 – pese a que era únicamente por los salarios caídos- la quejosa firmó la cláusula más arriba compartida accediendo a no emprender ninguna otra acción legal contra SEP y SEECH, si bien la maestra sostiene que en ella se especifica y recalca que sería exclusivamente por la causa 0064 de los salarios caídos, por lo que la autoridad no podía tomarla para realizar un uso a modo y utilizarla para un caso diverso. “La reforma educativa de Enrique Peña Nieto no protege al trabajador más bien es una ley laboral deja al trabajador en una situación de indefensión como fue mi caso”, aseveró la maestra.
Ante la situación de indefensión en la que queda tras esta resolución, tras diez años de lucha, la maestra jimenense solicitó la revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “El Tribunal de Distrito lo envía el 18 de octubre de 2018, Peña Nieto iba para afuera, entonces tenía que salir todo rapidito, no duró ni 15 días hábiles para resolver – cuando los otros juicios duraron hasta ocho años- y se regresa por improcedente, que no había argumentado o mencionado los artículos violados, cuando ahí están claramente especificados. La Suprema Corte tapó al Juzgado de Distrito para no restarle credibilidad”, concluyó a este respecto Socorro Isela Hernández.
Ya al margen de los procesos judiciales y posterior a ellos, el 5 de diciembre 2019 la maestra alega y reclama a SEECH que tiene derecho a recibir la Medalla Rafael Ramírez, que se entrega al magisterio federalizado con más de 30 años de servicio, ya que en la sentencia de la Junta Local de 2016 le son reconocidos 34 años de servicio. No obstante, se topó con la respuesta de que Servicios Educativos no había cotizado por ella desde 2008, lo cual no subsanó hasta febrero de 2020, emplazando Sara Cerna Pérez, del Departamento de Recursos Humanos de SEECH, a la maestra a esperar a que desde México enviaran el pago adeudo al ISSSTE para el reconocimiento de su antigüedad.
Después de que por un año no tuviera noticias de este trámite, este 2021 volvió a reclamar nuevamente la medalla, llevándose ahora la sorpresa de que desde México le fue denegada debido a que “no está jubilada, ni trabajando y no me la dan, que es sólo para maestros en servicio y que tienen un prejubilatorio, dicen”.
Ante los oídos sordos de unas y otras autoridades educativas, desde el 2019 la maestra Socorro Isela Hernández empezó su lucha para intentar hacer llegar su caso hasta el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “exponiéndole mi situación, enviándole documentos, con la pandemia no sé qué pasó”, al igual que hizo de forma directa ante la titular de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. El titular de la Oficina de Enlace Educativo de la EP en el Estado de Chihuahua, Miguel Menchaca Sáenz, le contestó que es al estado de Chihuahua, concretamente al secretario Carlos Herrera, a quien le corresponde resolver su caso. Ayer mismo, la maestra volvía a enviar a la maestra Delfina un nuevo escrito de inconformidad ante las evasivas, y le vuelve a explicar su caso.
A pesar del paso de los años, la maestra continúa denunciando las omisiones e inconsistencias que hubo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Parral y en los Tribunales de Distrito, y la violación de sus derechos laborales y humanos, asegurando que durante el proceso las autoridades violaron, entre otros, el artículo 17 constitucional, que dice que la justicia debe ser pronta y expedita, le quitaron el derecho a la doble plaza, el derecho a un ascenso, el derecho a la medalla Rafael Ramírez y el derecho a su reinstalación para una jubilación digna y justa, “ahora me puedo jubilar con una pensión mísera con mi clave 81, que por cierto desde SEECH vendieron mi plaza, mi clave 81, aún estando en litigio, desde descentralizaron los maestros hemos sido hostigados y perseguidos, hay un caciquismo tremendo”.
Además, sostiene que le fueron violados los artículos constitucionales 14, 16 y 123, éste último referente al derecho de estabilidad en el empleo (en su apartado a) Fracción XXII), el artículo 23 Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 23 “que establece que tengo la protección al desempleo”, y también el conocido como Pacto San José de Costa Rica.
La maestra Socorro Isela Hernández sigue firme en sus exigencias las cuales, asegura, siguen pasando por “mi reinstalación con un ascenso para tener derecho a una jubilación con una pensión digna y justa por todas las violaciones que hicieron a mis derechos como trabajadora de la educación”.
