𝐂𝐍𝐃𝐇 𝐇𝐀𝐂𝐄 𝐔𝐍 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐄𝐓𝐔𝐎𝐒𝐎, 𝐏𝐄𝐑𝐎 𝐀𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐄𝐗𝐇𝐎𝐑𝐓𝐎 𝐀 𝐋𝐀𝐒 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐄𝐃𝐔𝐂𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐋𝐎𝐒 𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌𝐀 𝐄𝐃𝐔𝐂𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋, 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐓𝐀𝐋𝐄𝐂𝐄𝐑 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐄𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐀𝐍𝐓𝐈𝐋, 𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐄́𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐈𝐌𝐏𝐋𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐆𝐈𝐀 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐀𝐋, 𝐐𝐔𝐄 𝐈𝐍𝐂𝐋𝐔𝐘𝐀 𝐔𝐍 𝐏𝐋𝐀𝐍 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄𝐁𝐈𝐃𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐃𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐔𝐍 𝐑𝐄𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎 𝐀 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐄𝐒 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐑𝐎
El Gobierno Federal ha anunciado que el sector educativo es considerado ya una actividad esencial y, por ende, que el próximo ciclo escolar 2021-2022 inicia el 30 de agosto; que habrá clases presenciales que se llevarán a cabo con medidas sanitarias y protocolos; que dichas clases escolares presenciales no serán obligatorias, es decir, los padres, las madres, las y los tutores tienen la opción de elegir la modalidad de clases, que pueden ser virtuales, presenciales o mixtas; agregando que, para tal efecto, cuentan con el “Lineamiento técnico sobre seguridad sanitaria de las escuelas”, elaborado desde el inicio de la epidemia y que se ha actualizado constantemente.
En este sentido, considerando que, en nuestro país el grueso de la población estudiantil está integrada por personas menores de edad, el artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 2º, párrafo quinto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes obligan a todas las autoridades a considerar el interés superior de la niñez y adolescencia en todas las decisiones que los involucren.
La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a esta parte de la población como titulares y sujetos plenos de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cual obliga a las autoridades mexicanas a garantizar, entre otros derechos, además de la educación, el de vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; a la integridad personal; a la protección de la salud y a la seguridad social, considerando como parte de esta última la atención sanitaria preventiva.
Se hace hincapié a las autoridades educativas que, conforme al artículo 73 de la Ley General de Educación, las y los estudiantes son prioridad para el Sistema Educativo Nacional, por lo que los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como la fracción XV del artículo 115 de la referida Ley, que establece como obligación de las autoridades educativas federales, de los estados y de la Ciudad de México, el promover entornos escolares saludables.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole.
El mantener y asegurar la continuidad de los derechos de la población infantil, adolescente y en general de toda la población estudiantil, resulta decisivo en el contexto de la Pandemia por COVID-19 y sus variantes, para efecto de prever y mitigar los efectos de dicha enfermedad. Esto sólo será posible mediante la coparticipación de las autoridades competentes del Estado mexicano, padres, madres, tutoras, tutores y familia en general, así como del personal docente y administrativo de los planteles educativos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha señalado que el regreso a clases presenciales es un “paso clave para la continuidad de la educación y la recuperación de aprendizajes que contribuirá a mitigar problemas vinculados a la malnutrición, la violencia y el embarazo adolescente, entre otros”; que el cierre extendido de los planteles educativos ha afectado negativamente “a toda una generación en el corto, mediano y largo plazo, provocando pérdida de conocimientos y habilidades”, rezago en el desarrollo infantil temprano, aunado a un aumento de la deserción escolar.
En nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Impacto del COVID-19 en la educación propició que 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 3 a 18 años no se reinscribieran en el ciclo escolar 2020-2021, por causas derivadas de la pandemia.
Frente a esta realidad este Organismo Autónomo refrenda su preocupación respecto a los impactos negativos en el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en su bienestar físico y emocional, como consecuencia de las medidas de emergencia sanitaria derivadas de la pandemia de COVID-19 e insta, por ello, a que se tomen en cuenta las medidas emitidas por el Comité de los Derechos del Niño para atenuar sus efectos; adoptándose medidas de prevención, contención, atención y regreso seguro a las actividades.
La nueva normalidad que plantea el regreso a las actividades presenciales de toda la comunidad estudiantil debe ir acompañada de un plan de acción y una estrategia integral debidamente instrumentados, que garanticen la salud de toda la comunidad estudiantil de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional y que abone a la impartición de una educación de mayor calidad.
Dicho plan y estrategia deberán contemplar, como mínimo, los siguientes elementos: capacitación del personal docente y administrativo en relación con el protocolo sanitario a seguir, previa al retorno; vacunación del referido personal docente y administrativo; sana distancia; ventilación de espacios cerrados; privilegiar los espacios al aire libre para las actividades escolares; controles de temperatura de toda la comunidad estudiantil, al ingreso a los planteles escolares y a los salones de clases; uso de gel antibacterial; uso de cubrebocas en los espacios cerrados; grupos reducidos y escalonados; prever un área específica para separar a alumnos que presenten algún síntoma o malestar; abastecimiento de agua suficiente y necesaria para el lavado de manos y suministro de jabón; sanitización y limpieza
frecuente de los salones de clases; involucrar a los padres, a las madres, tutores y tutoras para que repliquen en su hogar las medidas a seguir; prever protocolos especiales para los estudiantes con alguna discapacidad, que requieran un tratamiento especial y apoyo psicológico para el proceso de adaptación de vuelta a la rutina escolar, contribuyendo con ello a un buen desarrollo mental.
La CNDH hace un llamado a los padres y madres de familia, tutores y tutoras, a las y los trabajadores, tanto personal directivo y administrativo, como docente, de las escuelas y planteles educativos de nuestro país para que tomen debida conciencia de lo anterior, y exhorta respetuosa y apremiantemente a las autoridades educativas del Estado mexicano a fortalecer la protección de la comunidad estudiantil, a través de la implementación de una Estrategia Nacional Integral, que incluya un plan de acción debidamente instrumentado para un regreso a clases seguro
Asimismo, estará atenta para brindar atención inmediata a la población estudiantil por cualquier violación a sus derechos humanos.
¡Defendemos al pueblo!
PRONUNCIAMIENTO
Ciudad de México, a 18 de agosto de 2021.
