Chihuahua.-
«Ojalá los diputados recuerden antes de votar si se le otorga a Corral escoltas que no solo se gastarán 300 millones sino que también Javier Corral cuenta con desvíos de 22 mdp de la Secretaría de Seguridad Pública, 5 mdp de Comunicación Social, 90 mdp en software de Madero. Haaa y la pequeña compra por 300 mdp en drones, que hace unos meses la Secretaría de Seguridad Pública efectuó a unos días de acabar esta administración, entre otros», señaló Fermín Ordoñez.
Añadió que es por ello que los diputados no se deben de equivocar y darle un equipo de seguridad a Corral tras dejar el poder, no sólo se trata de un asunto de cuánto le cuesta al pueblo de Chihuahua los escoltas, se trata del blindaje que le estaría otorgando el Congreso del Estado para no enfrentar la justicia.
Señaló que no sólo se trata de los casos antes mencionados, sino en otros más que no trae «frescos» en este momento, amén de todas las irregularidades administrativas, negocios y desvíos de recursos que cometió en su quinquenio.
Dijo que existen casos como el de Miroslava Breach Velducea, periodista asesinada en la ciudad de Chihuahua, que aunque el ex Presidente Municipal se haya declarado culpable y haya sido sentenciado, aún no se determina la participación y castigo de sus ex colaboradores y la de él mismo en dicho asunto.
Recordó también a Rhonita María Miller, Howard Jacob Miller, Krystal Bellaine Miller, Titus Alvin Miller, Tiana Gricel Miller, Christina Langford Johnson, Dawna Ray Langford, Trevor Harvey Langford y Rogan Jay Langford, miembros de la familia de agricultores y ganaderos LeBaron ejecutados en el poblado de La Mora, añadiendo que este es otro de los casos en los que funcionarios públicos, e incluso el mismo Javier Corral se ven involucrados, «toda vez que tenían pleno conocimiento e información de las condiciones y circunstancias que rodeaban a las víctimas, así como de los riesgos que corrían, entre ellos el de perder la vida; ello lo convierte en cómplice de estos casos, al menos en dos expedientes federales».
Mencionó que en este caso aún no han logrado justificar la falta de actuación y el sobrevuelo de un helicóptero del Gobierno del Estado en La Mora minutos antes del lamentable y ya conocido suceso, en el que mujeres y niños perdieron la vida, así como la nula atención por parte de los elementos de Seguridad Pública Estatal y de los cuerpos de emergencia aquel día.
Dijo que por otra parte al aún gobernador se le acusa de manipular, a través de la Fiscalía General del Estado, información de los casos de Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, Presidente Municipal de Temosachi asesinado en el 2020; de Juan Godínez Loya, Presidente Municipal de Gómez Farias quien sufriera un atentado en el 2018 y el de Patrick Braxton Andrew, maestro estadounidense ejecutado en el municipio de Urique en el 2019, con el fin de favorecer a los diferentes perpetradores, tanto materiales como intelectuales, vinculados a la delincuencia organizada.
«También encontramos casos como el de Georgina Tapia Grajeda, abogada y funcionaría del STJ; el de Lilia Alejandra García Andrade candidata a regidora del municipio de Ignacio Zaragoza y el de Yuriel Armando González Lara, candidato a presidente municipal de Nuevo Casas Grandes; quienes fueron asesinados en 2018 y 2021 respectivamente, que siguen impunes, pues el aún gobernado no ha hecho nada para resolverlos!, expresó.
«Los diputados deben pensar muy bien si están dispuestos a proteger a un funcionario, que desde antes de su campaña utilizó como bandera política la justicia y el que cada funcionario debería responder por sus acciones, y ahora él es quien busca blindarse para poder burlar su presunta responsabilidad», puntualizó Ordóñez Arana.