Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz
Comienzan a circular imágenes de paquetes de artículos de limpieza que recibieron, por parte de las autoridades, algunas escuelas para su reapertura. Quienes las publican advierten la insuficiencia de los materiales respecto a la matrícula para la que son destinados. Con base en tales dotaciones, se alerta además la necesidad de encontrar una fuente de ingreso para adquirir los elementos mínimos para la reactivación de la enseñanza presencial. Salta al aire pues la incógnita si serán las aportaciones voluntarias de los padres de familia, esas que han sido objeto de tanto debate, la clave para generar las condiciones mínimas de seguridad sanitaria en las escuelas.
La clase política de nuestro país no duda en condenar las cuotas escolares. Tan solo en el último proceso electoral, un candidato a gobernador en San Luis Potosí expresó que, de triunfar, las eliminaría y haría realidad la gratuidad. En Tlaxcala, durante debate, preguntaron a los candidatos a gobernadores si estaban de acuerdo con ellas y el rechazo fue unánime; previamente, una de las participantes había afirmado que son un medio de extorsión y corrupción. Hace algunos años en el Senado se discutía la eliminación de éstas incluso cuando sean voluntarias, mientras que un partido político tomaba el tema como punta de lanza de su intensa campaña publicitaria. Recientemente, en Nuevo León, “para que estén tranquilos los padres de familia”, el gobernador señaló que en la reapertura de planteles no habría obligatoriedad de cuotas.
Se observa pues que el rechazo a las cuotas escolares es un lugar común del discurso de la clase política. Tiene razón en cierta parte. Desde luego que, bajo ninguna circunstancia, es válido que las aportaciones sean un condicionante para la prestación del servicio educativo. Pese a estar reconocidas legalmente, siempre como voluntarias, tal adjetivo no exime de una sanción social y, en muchos casos, de presiones que terminan orillando a los padres de familia a “acceder” al desembolso, aun en situaciones económicas precarias. No se debe soslayar tampoco que son, de manera disfrazada, un atentado contra la gratuidad de la educación.
En lo que la clase política no tiene razón es en omitir el hecho de que, desafortunadamente, ante la indiferencia de algunos, el mantenimiento y la operación de muchas escuelas depende en mayor o menor medida de las aportaciones que realizan las familias de los alumnos. Casi nadie habla de eso. Casi ninguno de los que aspiran a llegar a un puesto público mediante discursos reivindicadores de la gratuidad educativa señala que precisamente la omisión de quienes actualmente ocupan esos cargos es una de las causas del fenómeno del que son detractores. El rechazo se sitúa no en el origen, sino en los efectos. Se trata pues de una satanización a modo.
La vuelta a la actividad educativa presencial implicará esfuerzos materiales considerables. Las escuelas han estado en el desuso por más de un año, requiriendo muy probablemente tareas de mantenimiento y reparaciones. Los protocolos que las autoridades plantean para organizar el regreso implican el equipamiento de los planteles con materiales sanitarios y de limpieza abundantes. La asistencia escalonada complicará los ingresos de las escuelas. ¿Alcanzará la gestión propia de cada plantel para hacer frente a tales requerimientos? ¿Garantizará permanentemente la autoridad las condiciones mínimas para la operación segura de las escuelas? ¿Tendrán las familias que asumir el costo de tales necesidades? Son preguntas que están por responderse.
La reapertura de escuelas representará pues una oportunidad para que la clase política, aquella que en eventos multitudinarios condena las aportaciones voluntarias y abandera la gratuidad de la educación, demuestre en los hechos su compromiso. Brindará la posibilidad de pasar de esos discursos dedicados a la satanización de las cuotas escolares, a refrendar la gratuidad, entre otras condiciones, favoreciendo la sanitización (término por cierto desaconsejado por la RAE) de los planteles sin que ésta cueste un solo peso a las familias.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
