Chihuahua, Chih.- Este viernes se llevará a cabo la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la solicitud por parte de la comunidad indígena de Choréachi, Municipio de Guadalupe y Calvo, de medidas provisionales contra el Estado Mexicano y la comunidad mestiza que explota el bosque sin autorización y ejerce violencia contra los pobladores.
La asociación civil Alianza Sierra Madre elaboró un boletín informativo dando a conocer algunos de los pormenores que existen tras el caso y la importancia de esta audiencia ante la CIDH, el cual compartimos a continuación:
Participan cuatro autoridades de la comunidad rarámuri:
- Prudencio Ayala Chaparro, Primer Gobernador.
- Ángel Manchado Ramos, Segundo Gobernador.
- Prudencio Ramos Ramos, Primer Comisario de Policía.
- Ángela Ayala Ramos, Segunda Comisaría de Policía.
- Representantes de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) y del Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (CEDEHM).
Contexto:
La comunidad indígena rarámuri de Choréachi, también conocida como ‘Pino Gordo’, se ubica en el corazón de la Sierra Tarahumara, dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua, en México. Cuenta con una población cercana a 1000 personas.
- Origen del conflicto
Al igual que muchas comunidades indígenas en México y particularmente en Chihuahua, Choréachi es una comunidad de hecho, sin reconocimiento legal del Estado mexicano sobre la posesión ancestral de su territorio. En agosto de 1969, por un error técnico, el Gobierno mexicano otorgó parte del territorio indígena (15,200 hectáreas) a favor de una comunidad de mestizos vecinos de Choréachi quienes nunca han tenido su posesión; a pesar de esto el Estado le concedió a la comunidad de mestizos un permiso para el aprovechamiento del bosque dentro del territorio indígena, por lo cual existe un litigio ante los tribunales correspondientes, que mientras se resuelve impide a los mestizos talar el bosque.
- Violencia vs la comunidad
A pesar de las resoluciones judiciales, un grupo de los mestizos de la comunidad vecina vinculado al crimen organizado que busca mantener el control de la zona, ha seguido ilegalmente talando el bosque, invadiendo el territorio y desde finales del 2013 han generado una violencia sistemática en contra de la comunidad consistente en asechamiento constante, amenazas con armas de fuego, robo de ganado, quema de viviendas, violación de mujeres, homicidios y desplazamiento forzado.
Esta situación fue puesta del conocimiento de las autoridades mexicanas desde diciembre de 2013, cuando se interpusieron denuncias y se acudió con autoridades solicitando la presencia de fuerzas del Estado en la comunidad, sin embargo no hubo ninguna respuesta mientras se seguía perpetrando la violencia.
-Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos
-El 20 de febrero de 2014 se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (CIDH), para que se requiriera al Estado mexicano que adoptara las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de la comunidad.
-El 6 de octubre de 2014 las medidas fueron concedidas a favor de las personas con mayor liderazgo dentro de la denuncia de la violencia sufrida por la comunidad… [Leer aquí Resolución: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/mc60-14-es.pdf ]
-El 28 de octubre de 2016, ante la persistencia y generalidad de la situación de riesgo para las personas integrantes de la comunidad y la ineficacia de las medidas adoptadas por el Estado mexicano, la CIDH decidió ampliar las medidas a toda la comunidad. [Leer aquí la resolución: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/mc60-14-es-ampliacion.pdf ]
-El 1 de febrero de 2017 ante el asesinato del beneficiario Juan Ontiveros y frente a la omisión del Estado para la implementación de las medidas cautelares; se solicitó a la CIDH que acudiera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar la adopción de medidas provisionales.
-El 25 de marzo de 2017 la Corte IDH resolvió el otorgamiento de medidas provisionales a favor de la comunidad indígena de Choréachi. [Leer aquí Resolución: https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/choreachi_se_01.pdf ]
-El 10 de junio de 2020, la Corte IDH emite una segunda resolución sobre las presentes medidas. [Leer aquí: https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/choreachi_se_02.pdf ]
-Desde abril de 2019, la comunidad de Choréachi y las organizaciones que les acompañamos, hemos solicitado a la Corte IDH una audiencia pública para que ese Tribunal supervise directamente el casi completo incumplimiento de las presentes medidas por parte del Estado Mexicano.
¿Qué esperamos?
Que el Estado mexicano adopte medidas de protección que ha solicitado la comunidad tales como:
-Investigación eficaz de los diversos hechos de violencia denunciados y que exista una adecuada coordinación entre el gobierno federal y estatal;
-Que exista presencia de alguna fuerza de seguridad pública del Estado que inhiba la violencia constante;
-Que no existan acciones que contravengan las resoluciones judiciales que ordenan respetar el territorio indígena.
¿Por qué es importante esta audiencia?
La comunidad indígena de Choréachi es el reflejo de lo que viven muchas comunidades indígenas en nuestro país para quienes tiene un altísimo costo la legítima defensa de su tierra, territorio y recursos naturales; en muchas ocasiones estas comunidades se encuentran aisladas mientras enfrentan en su territorio a caciques o miembros del crimen organizado, frente a la indiferencia del Estado mexicano.