-El sábado pasado se hizo una manifestación de protesta en el área turística de El Divisadero Barrancas
Como se ha informado, el diputado priísta Omar Bazán Flores y los empresarios Ricardo Orviz Blake, Agustín López Daumas, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Valles Alvelais, denunciaron por la vía penal a tres gobernadores indígenas, argumentando que el territorio de Mogótavo les pertenece porque lo compraron en más de dos millones de dólares a Odile Sandoval en el 2008 para convertir la zona en desarrollo turístico. La acusación es por despojo agravado.
Por ello a las familias de Mogótavo se unieron las comunidades de Bacajípare y Huitosachi, del municipio de Urique; Repechique y Bawinocachi, de Bocoyna; Coloradas de la Virgen, Cordón de la Cruz y Mala Noche, de Guadalupe y Calvo.
Asistieron alrededor de 150 personas rarámuri y ódami. Todas estas comunidades tienen en común conflictos por su territorio. Pidiendo que las autoridades les reconozcan el derecho al territorio ancestral.
También asistieron integrantes de varias organizaciones de la sociedad civil que acompañan a los pueblos originarios: Red en Defensa del Territorio de la Sierra Tarahumara (REDETI), Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), Alianza Sierra Madre, Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas (CECADHI), Awe Tibuame y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), así como vecinos de los pueblos de Areponápuchi y San Rafael.
La manifestación de protesta transcurrió de manera pacífica, con cierres intermitentes de la carretera Creel-San Rafael. Las comunidades aprovecharon para informar de su problemática a las personas que transitaron por el área.
Entregaron volantes y platicaron con ellas sobre la lucha de sus comunidades, además se manifestarse con música, tocaron guitarra y violín, mientras un grupo de mujeres y hombres danzaron, demostrando la riqueza cultural de la comunidad rarámuri y reafirmando que el suelo que pisan les pertenece.
Por lo anterior Secretaría de Gobierno solicito platicar con representantes de la comunidad y el lunes 31 de mayo, el vocero de la comunidad de Mogótavo, Miguel Manuel Parral se reunió con Joel Gallegos, director de Gobernación en el Gobierno del Estado, quien solicitó información sobre la problemática.
También se ha tenido comunicación con María Teresa Guerrero, titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI).
Miguel Manuel Parra, confía en que el Gobierno del Estado intervenga en favor de las y los rarámuri en el conflicto agrario y penal que enfrentan con un grupo de empresarios y políticos que pretenden desalojarlos de su territorio.
