Nueva York. A un año del asesinato del afroestadunidense George Floyd por un policía, un movimiento por la justicia racial sin precedente en la historia del país ayudó a derrotar a un presidente racista, motivó algunas reformas policiacas a nivel local, y otras siguen pendientes, y obligó a que un nuevo gobernante se comprometiera a impulsar reformas federales en defensa de los derechos civiles y frenar la violencia oficial del racismo sistémico en todo el país, aunque esas promesas aún están por cumplir.
La familia de Floyd, incluida su hija de 7 años, fueron invitados a una reunión privada con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca este martes, para marcar el aniversario. También se vieron con líderes legislativos, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
El presidente –quien puso al centro de su campaña la justicia racial– había impuesto esta fecha como límite para promulgar la llamada Ley George Floyd, que incluye reformas sobre limitar la inmunidad policiaca y prohíbe el uso de una maniobra física sobre el cuello para someter a sospechosos, entre otras. Pero aunque fue aprobada por la cámara baja, enfrenta obstáculos por republicanos en el Senado. La familia Floyd instó a los políticos a actuar más rápido para aprobar el proyecto de ley.
El presidente emitió un comunicado después de su reunión en la cual afirmó que “la familia Floyd ha demostrado valentía extraordinaria”, y recordó que cuando conoció la hija de Floyd, el día antes del funeral de su padre, “ella me dijo: ‘papá cambió al mundo’. Así es”.
Agregó que confía en que el Senado aprobará una versión del proyecto de ley, al afirmar: “tenemos que actuar… La batalla por el alma de Estados Unidos ha sido un jaloneo entre el ideal estadunidense de que todos somos creados como iguales y la dura realidad de que el racismo… nos ha destrozado”.
Legisladores, el ex presidente Barack Obama y otras figuras nacionales expresaron su compromiso con la promoción de reformas y elogiaron la lucha renovada por los derechos civiles y el combate contra el racismo sistémico y estructural.
Alrededor del país, múltiples actos marcaron el aniversario. En Minneapolis se organizó un festival de música y comida en un parque cerca del tribunal donde el policía Derek Chauvin –quien puso su rodilla sobre el cuello de Floyd por más de nueve minutos, a pesar de repetidas súplicas de su víctima de que no podía respirar– fue declarado culpable por asesinar a Floyd el mes pasado. El caso de Chauvin fue una de las pocas excepciones en la prevalencia de la impunidad gozada por autoridades acusadas de homicidio y maltrato de minorías.
En los actos, foros y vigilias se recordó, y muchos se comprometieron a continuar, las movilizaciones de protesta masiva que detonaron el asesinato de Floyd en Minneapolis y persistieron durante meses sacudiendo al país.
Algunos cálculos son de que unos 26 millones de personas participaron en esas marchas –el movimiento de protesta más grande en la historia– por todo el país.
En Washington, días de protestas llevaron a que el entonces presidente Donald Trump se escondiera en un búnker en el sótano de la Casa Blanca el 30 de mayo de 2020. Poco después, amenazó con enviar tropas federales a varias ciudades y ordenó la represión de una manifestación pacífica en las afueras de la Casa Blanca con el uso de fuerzas armadas, lo que provocó una profunda crisis entre la cúpula militar.
Biden, aunque aún no ha logrado cambios legislativos, ha dejado claro el giro en su política, en comparación con su antecesor, al instalar a un procurador general, Merrick Garland, quien ha declarado que su prioridad es la lucha contra el supremacismo blanco, y nombrando a Kristen Clarke –ratificada ayer por el Senado– como jefa de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia (la primera afroestadunidense en el puesto), entre otros cambios ejecutivos.
A nivel estatal, el movimiento detonado por la muerte de Floyd ha logrado generar propuestas de reformas policiacas en casi todos los estados, y en la mitad (24) han aprobado leyes en ese rubro; 30 han dado luz verde a nuevas reglas sobre tácticas policiacas. A nivel local, decenas de ciudades han reducido sus presupuestos policiales y/o han implementado medidas para reformar el comportamiento de sus fuerzas de seguridad pública.
Pero muchos en el renovado movimiento de derechos civiles afirman que están buscando promover un cambio mucho más amplio. El reverendo William J Barber, co-presidente de la Campaña para los Pobres, señala que “el racismo sistémico en lo policial está vinculado con el racismo sistémico en la desigualdad económica”, así como en medidas para suprimir la participación política de minorías. “La justicia demanda una transformación sistémica”, afirma.
Fuente: La Jornada.