El cierre de comercio no es la respuesta; se deben vigilar los aforos y medidas sanitarias: Francis Mendoza

 

Chihuahua. – La diputada de Morena Janet Francis Mendoza Berber presentó un acuerdo urgente, para exhortar al gobierno estatal para que la Secretaria de Salud revise el cumplimiento de las medidas sanitarias, aforo, y condiciones de operatividad en diversos sectores públicos y privados.

Con el objetivo de que se cumpla de forma eficaz las disposiciones relativas a la protección del COVID -19, la legisladora urgió a la autoridad sanitaria estatal luego del comunicado emitido el pasado 4 de abril, donde se informó la nueva cifra de contagios en la que entonces se encontraba en 59 mil 164, lo que representa un crecimiento cerca del 240% a comparación del mes de febrero. Sin considerar el repunte que pueda ocasionar el turismo por el periodo vacacional durante semana santa.

“Tenemos en cuenta que no ha sido el peor mes en nuestra entidad, comparado con los meses de octubre y noviembre, sin embargo, es importante optimizar los esfuerzos en los sectores públicos y privados con el fin de hacer cumplir las disposiciones sin retornar a un confinamiento y luego de unos meses volver a reabrir todo”, indicó la legisladora.

Reconoció que el cierre del comercio no es la respuesta para terminar con la pandemia, pero se requiere que se cumplan las disposiciones requeridas, debido a que durante los últimos meses se ha podido observar un exceso de aforo en varios sectores, la cantidad de personas; principalmente en el transporte público, en los supermercados y centros comerciales, iglesias y templos, y otros rubros donde se concentra la población.

Agregó que además existen condiciones precarias para la aplicación debida de las medidas sanitarias, como un tapete seco al entrar a los locales y comercios, toma de temperatura en la muñeca del brazo, y gel antibacterial artesanal en el que no se puede rectificar la cantidad de alcohol adecuada para su correcto funcionamiento.

En este sentido, sostuvo la urgente necesidad de que el poder ejecutivo revise, aplique la ley, exhorte a los sectores, y se asegure del cumplimiento de las disposiciones, para no dejar la responsabilidad únicamente al sector industrial, comercial, Diócesis, y ciudadanía en general.