Juárez, Chih.- El secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, y la representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Alejandra de la Vega Arizpe, aseguraron que el desalojo y detención esta mañana de 17 personas –entre ellas la priísta Adriana Fuentes- que bloqueaban las obras del carril confinado para el sistema BRT de transporte urbano en la avenida Gómez Morín de aquella frontera fue “conforme a derecho”, sin violar ningún derecho humano y tras dos meses de diálogo y negociaciones con los inconformes. Apuntaron que tras la acción había fines partidistas y aseguraron que se tomarán las medidas necesarias para que las obras puedan concluir.
Mesta Soulé manifestó que después de un par de meses de pláticas con los manifestantes “las constructoras iniciaron esta mañana esta obra y estaban ocupados bloqueando y se procedió, derivado de estas acciones, solicitaron el auxilio de las unidades de la policía estatal, que circulaban por el sector, esto para evitar el incidente con los ciudadanos, así como poder dar cumplimiento al contrato que tienen con el estado para el desarrollo de estas obras”.
El titular de la Secretaría General de Gobierno prosiguió señalando que “esta conducta desplegada por varias personas bajo el argumento de expresar su oposición a los trabajos de construcción del carril confinado para el servicio del BRT encuadra dentro de una serie de disposiciones legales, a las que no hubiésemos querido llegar, porque siempre hemos estado abiertos al diálogo y en función de esto se procedió a desalojar los tramos bloqueados para que continuara la obra”.
Mesta sostuvo que el desalojo “se llevó a cabo conforme a derecho “es lo que teníamos que hacer y después de meses”, llegando a manifestar que los inconformes no eran manifestantes, sino “bloqueadores”.
Agregó que el interés como gobierno es continuar con la obra y cumplir con los juarenses con el compromiso de terminarla.
Por su parte, Alejandra de la Vega afirmó que el Gobierno del Estado tiene un compromiso con los juarenses y un compromiso legal con la Federación y otras instancias que participan en este proyecto para llevar a cabo la ejecución de la obra.
Reiteró que se habían sostenido diversas reuniones con colectivos ciudadanos y de comerciantes como los de la Chaveña, la 16 septiembre y la Gómez Morín – este último afirma que incluso informó vía comunicado su apoyo al proyecto- y aseguró que “no podemos detener las obras por un grupo de personas que se oponen a ellas, que además hay tintes políticos muy obvios”.
Mesta volvió a insistir en que el desalojo se había practicado conforme a derecho y siguiendo las disposiciones legales ante requerimiento de las constructoras, descartando que hubiera existido violación alguna a algún derecho de los ciudadanos que participaban en el bloqueo.
