Choréachi: Actuar ante la desnutrición infantil

Por: Víctor M. Quintana S.

Las muertes por desnutrición infantil son uno de los puntos más dolorosos y negros del estado de Chihuahua. Ocupamos uno de los primeros lugares nacionales en este rubro. Los municipios de la Sierra Tarahumara ostentan tasas de desnutrición semejantes a los del Arica Subsahariana. Ante la persistencia, de la tragedia, hay una comunidad rarámuri que pone el ejemplo de acción: la comunidad de Choréachi, (Pino Gordo) en Guadalupe y Calvo.

Además de defender con toda gallardía su territorio, al punto que ya le costó la vida a su dirigente Juan Ontiveros, y medidas de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,la comunidad, ha emprendido una sólida acción jurídica para impedir que la desnutrición siga haciendo presa de sus niñas y niños, con el apoyo jurídico y formativo de Alianza Sierra Madre, A.C.

Desde el 21 de enero pasado dos gobernadores y la señora comisaria de policía de Choréachi presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Previamente habían enviado una carta al gobernador Javier Corral Jurado. Denuncian el fallecimiento de tres niñas y cuatro niños rarámuri de la comunidad, todos menores de cinco años, entre octubre de 2019 y junio de 2020. Arguyen que las muertes de los menores constituyen violaciones a los derechos humanos a la salud, a la nutrición, a la supervivencia y al desarrollo.

Todos los fallecimientos de los niños fueron causados por la desnutrición, a la que se sumaron  otras complicaciones. En todos se presentaron seis constantes: carencia de servicios de salud idóneos, oportunos y accesibles en la comunidad; no implementación en la comunidad de un programa de peso y talla que detecte oportunamente la desnutrición; no acceso de los padres a un programa de atención sanitaria preventiva, con pertinencia cultural y lingüística; no acceso a tratamientos adecuados para la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas; ausencia de programas que atiendan la pobreza alimentaria y el saneamiento. Además, en por lo menos tres de los casos, las autoridades no garantizaron la canalización de los niños a unidades de salud con mayor capacidad resolutiva.

En el mismo período que señalan, los equipos del programa Chihuahua Crece Contigo y de la Secretaría de Salud, ambos del Gobierno del Estado,  trasladaron a 43 menores con algún grado de desnutrición a centros de segundo nivel de atención. de ellos falleció el 20. La comunidad señala que para junio de 2020 el 68% de los niños menores de 5 años en Choréachi vivía en desnutrición crónica; y para enero de 2021 ninguno de ellos había sido atendido con tratamientos adecuados para superarla.

Las demandas de la comunidad son simples, claras y lógicas: la actuación inmediata de la CEDH y la canalización hacia la CNDH; una visita de éstas a Choréachi para que se enteren de la situación y escuchen a todas las personas que presenten sus denuncias; formación de una comisión investigadora con capacidad de analizar los casos y emitir las recomendaciones necesarias.

Además, exigen toda una serie de medidas de no repetición: con participación de la comunidad, reorganización de manera estable del Programa de Fortalecimiento de la Atención Médica; reprogramación de las rutas de las brigadas médicas; inclusión de personal que opere con pertinencia cultural y lingüística; inclusión de programas de tamizaje de peso y talla y de vacunación a los niños, y elaboración de expedientes clínicos que los padres puedan entender. En las unidades hospitalarias de la región y en las unidades móviles: creación de lineamientos para el manejo integrado de la desnutrición aguda y severa en niñas y niños menores de hasta 59 meses de edad que incluya indicaciones técnicas para el manejo intrahospitalario y en el hogar; así como la garantía de la presencia de insumos necesarios para su aplicación. La creación e implementación de un protocolo de referencia y contrarreferencia de pacientes que indique las obligaciones de cada dependencia, programa y personas servidoras públicas.

La queja y las demandas de la comunidad de Choréachi van más allá de lo casuístico y de ellas mismas. Están demostrando una forma de resistencia que puede convertirse en paradigmática: la exigencia del cumplimiento cabal de los derechos sociales ante los órganos del Estado. Esto marca el fin de una actitud de resignación o de lucha por conceptos nada situados de los derechos humanos y una nueva concepción de los mismos: desde la vivencia cotidiana de exclusión, devastación y falta de justicia de los pueblos originarios los derechos humanos adquieren un significado diferente.

Con acciones como la de Choréachi, la resistencia sin fin de un pueblo se expresa también por la vía de la responsabilización, es decir, de la exigencia al Estado no sólo de que cesen los ataques y la represión contra ellos, sino que las instituciones de éste se responsabilicen eficaz y efectivamente de garantizar los derechos sociales y comunitarios establecidos genéricamente para toda la Nación, pero negados sistemáticamente para los pueblos originarios.

Con su resistencia Choreachi está abriendo la vía para exigirle jurídicamente al Estado que haga cumplir sus derechos sociales básicos. Apoyémosla.