Chihuahua. – La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso, exhortó al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General, ambos del Estado de Chihuahua, con la intención de salvaguardar el derecho de convivencia que poseen niñas, niños y adolescentes para con sus padres y familia ampliada.
La iniciadora del exhorto aprobado de manera urgente en Sesión Ordinaria de acceso remoto y/o virtual, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, expuso que a raíz de la situación que prevalece en el Estado y en el País debido a la epidemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), se dictaron diversas recomendaciones entre las cuales destaca la de permanecer en casa.
Refirió que en fechas recientes se han acercado a ella padres y madres, con la intención de solicitarle que se agilicen los tiempos para poder ver a sus hijas e hijos, esto, por lo tardado de los trámites para establecer los regímenes de convivencias, refiriendo la problemática que ha generado las medidas adoptadas por la contingencia sanitaria.
Las familias representan la base primordial para el desarrollo del ser humano. No obstante, la realidad actual, nos indica que la disgregación familiar, suele ser un reflejo de una crisis que enfrenta esta gran institución que es la familia con la ruptura o la interrupción ya sea intencionada o derivada de procedimientos jurisdiccionales, lo cual deteriora de manera irreparable los vínculos afectivos entre los integrantes de una familia.
“No somos ajenos a las disposiciones de la legislación que regula el procedimiento en materia Familiar en el Estado de Chihuahua, así como a la carga de trabajo que guardan tribunales del orden familiar y aquellas salas que resuelven los recursos que derivan de la tramitación de los juicios ante dichos tribunales de primera instancia”, agregó.
En materia de derechos humanos, el Estado Mexicano ha suscrito una gran cantidad de instrumentos internacionales, de los que destacan aquellos que refieren a grupos vulnerables, como son niñas, niños y adolescentes, por lo que se debe atender la importancia que existe entre la correlación en el reconocimiento de dichos ordenamientos y la vinculación a los órganos encargados de la impartición de justicia, pues son los órganos jurisdiccionales, a través de sus operadores, quienes tienen la encomienda de garantizar esos derechos, de manera más amplia a la persona, por lo que se debe entender que dicha obligación trata de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, enfatizó.
Por lo antes mencionado, se exhortó al Tribunal Superior de Justicia del Estado a través de su titular, a fin de que se haga un respetuoso llamado a Jueces y Juezas de primera instancia, así como a Magistrados y Magistradas que, conozcan de los asuntos en los que se ve involucrado el derecho de convivencia de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores y familia ampliada, para que en la medida en que sea posible y atendiendo las particularidades de cada asunto, prioricen la resolución en aquellos casos en los que se advierta la vulneración de los derechos de convivencia.
Asimismo, se pidió a la Fiscalía General del Estado, a través de las Fiscalías de Distrito por zonas, a fin de que en aquellas Unidades Especializadas de Investigación en cuyo encargo se encuentre la investigación del delito de retención y sustracción de personas menores de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, así como del incumplimiento de obligaciones alimenticias, se realicen sin demora las diligencias necesarias para la integración de las carpetas de investigación y se ejerza la acción penal en contra de las personas probablemente responsables, a fin de hacer prevalecer el interés superior de la niñez.