Por: Mtra. Erika Gabriela González Gaytán
Por todos o al menos la mayoría de las maestras, maestros, sus familias y amistades cercanas, es conocida ya la grave crisis financiera que atraviesa la institución de seguridad social a la que están afiliados como derechoabientes.
Pensiones Civiles del Estado enfrenta hoy por hoy las consecuencias de años de turbios manejos, omisiones, negligencia y una muy cuestionable administración.
Dichas consecuencias se centran en la incapacidad de la institución para cubrir en tiempo y forma los compromisos adquiridos con las clínicas y proveedores que atienden a su población en asuntos de atención a la salud, desde surtir medicamentos hasta la contratación de estudios y tratamientos altamente especializados.
Pero en este texto no nos ocuparemos en las instituciones deudoras, ni en los miles de millones de pesos que desaparecieron mágicamente ante a la vista de las distintas autoridades implicadas, ni en la opacidad que cubre la ausencia de investigaciones serias, ni mucho menos en la lejana posibilidad de castigar a los responsables con todo el peso de la ley que se aplicaría a un ciudadano cualquiera ante un delito de tales dimensiones.
Esta reflexión gira más bien, en torno a la difícil prueba que tienen que enfrentar un sin fin de pacientes y sus familias, una prueba que los lleva a vivir verdaderos viacrucis por lapsos de tiempo impensables, a desarrollar gestiones interminables, a lidiar con el ánimo de los servidores públicos y además a sufrir interrogatorios, reclamos e intimidación por parte de las autoridades sindicales, quienes durante la mayor parte del proceso permanecen ausentes, enterándose si acaso, cuando ya el propio paciente ha librado buena parte de los obstáculos por su propia cuenta.
Los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado viven pues cotidianamente la descarada violación del derecho humano e inalienable a la salud, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este derecho considera que la atención a la salud de las personas debe ser invariablemente pertinente, admisible, alcanzable, de calidad y suficiente, ¿cerca o lejos de lo que reciben hoy en día los derechohabientes de Pensiones?, ellos mejor que nadie podrán responder a la interrogante.
Pero los afectados no tienen que luchar solamente contra un servicio médico tan deficiente, el tiempo es para ellos otro factor que librar puesto que ello agrava sus padecimientos, sin embargo para las autoridades en general pareciera no importar, un número de afiliación más uno menos; «nos falta humanidad», dice una muy querida amiga que está compitiendo en esta carrera, por ella, por todos, con una dignidad y valentía que merecen todo respeto y admiración.
Los últimos días no han sido fáciles, lo que es un simple día más para algunos, es un valioso día menos para otros, es su día, uno y otro son sus días, ¿acaso no tienen derecho a defenderlos a pelear por ellos?; algunos van en completa soledad, sorteando como pueden las constantes negativas: ¡no tenemos el especialista!, ¡no tenemos el medicamento!, ¡no tenemos materiales!, ¡no tenemos prótesis!, ¡no tenemos hospital!, ¡no tenemos proveedor!, ¡no tenemos convenio!; y ante tanta negativa la vida se diluye de apoco como agua entre los dedos, quisiera fuese una expresión exagerada o dramática pero para una madre que lucha desesperada por salvar la vida de un hijo resulta poco cercana a su realidad.
En estas condiciones la empatía y la solidaridad se vuelven recursos indispensables, algunos compañeros maestros al verse vulnerables buscan en su desesperación apoyo entre los colegas del gremio, en un ejercicio que lamentando las circunstancias que lo originan resulta altamente enriquecedor pues lleva a los grupos sociales a cruzar las fronteras de la individualidad tan arraigadas por la costumbre y los grupos elites, por comodidad de unos y conveniencia de los otros.
Pues bien hasta aquí, cuando el tiempo y la crisis financiera parecieran los mayores de los males para el magisterio afiliado a Pensiones Civiles del Estado, aparece un obstáculo más, la persecución sindical.
Es difícil definir una reacción o sentir respecto a los actos de intimidación y acoso que, al sentirse evidenciados, algunos miembros del comité de la sección 42 del SNTE realizan en contra de los agremiados, cuando estos últimos intentan por su cuenta defender sus legítimos derechos, en este caso a la salud, violentando a su vez el derecho a la libertad de expresión.
¿Habrá necesidad de solicitar por tercera o cuarta ocasión al Profr. Ever Enrique Avitia Estrada, actual Secretario General de la Sección 42 del SNTE, que ponga orden en su estructura?, ¿que ponga alto inmediato a estos actos que claramente coartan la búsqueda de vías e información que garanticen la salud?
Al mismo tiempo e inevitablemente habrá que cuestionarse ¿tendrán los maestros que defenderse legalmente ya no sólo de Pensiones Civiles del Estado, sino también de sus «compañeros», de quienes se supone debieran protegerles?
Es indignante que en lugar de estar cerca, humanamente cerca de sus representados, las autoridades sindicales, se acerquen para reclamar que han sido «regañados» porque los afectados alzan la voz por un legítimo derecho, ¿acaso se les tiene que pedir permiso para aumentar la expectativa de vida?, ¿acaso se les tiene que pedir permiso para que una joven defienda su derecho a la vida?, ¿acaso se les tiene que pedir permiso para que unos pequeños niños tengan a su madre para que les vea crecer?, ¿acaso se les tiene que pedir permiso para que una familia no quede destrozada por una muerte que se puede evitar?
Afortunadamente esos valores de empatía y solidaridad se fortalecen día a día y los movimientos que existen al interior de la base magisterial a nivel estatal son clara muestra de ello; están dando seguimiento y cerrando filas ante las problemáticas de los otros, están haciendo propias las dificultades ajenas sin importar nivel, región, delegación, género o edad.
No más silencio, los maestros no están solos, se tienen unos a los otros y tienen el respaldo además de buena parte de la sociedad, las denuncias deben continuar, visibilizar las problemáticas es el primer paso, al comité sindical aunque le incomode sólo le quedan dos opciones: continuar inútilmente intentando callar voces o cumplir con su trabajo que es defender a las trabajadoras y trabajadores de la educación.
Y para ellos como dato extra, pues tal parece que desconocen la información más elemental sobre derechos humanos queda lo siguiente:
La libertad para solicitar o difundir opiniones, información e ideas, en cualquiera de sus formas es inviolable; la libertad de expresión es ingénita a la persona y se encuentra establecida en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Mexicana; además de en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; entre otras normativas.
Deberán entender que los derechos como la salud y la libertad de expresión no son negociables, son propios y es decisión y deber de todos y cada uno velar por que se respeten y garanticen.
Si por otras causas justas los maestros no deben detenerse, cuando es la vida de cualquiera de ellos la que está de por medio no importa cuanto hostigamiento intenten ejercer en su contra, la lucha debe continuar.
