Chihuahua.- El Auditor Héctor Acosta, informó que en relación las cuotas retenidas a los trabajadores beneficiarios de Pensiones Civiles del Estado, la ASE tiene cierta limitaciones al no ser recursos públicos por lo que lo único que puede hacer es conciliar cifras, pero no entrar a una revisión exhaustiva, sino que serían los empleados o representantes de los mismos, los que deben de realizar una reclamación respecto al destino de esos recursos; agregó que respecto a la aportación patronal, si representan recursos públicos, por lo que la falta u omisión de su «entero» si puede ser objeto de una auditoría e inclusive, en caso de que el recurso haya sido utilizado para otros fines, el posible fincamiento de responsabilidades a quien haya realizado una acción de este tipo.
En reunión de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles del Estado, el Auditor Superior del Estado, señaló que en primer lugar se tiene un problema de interpretación de la norma en lo que tiene que ver con el diferencial médico, ya que por una parte PCE hace la notificación de adeudos en relación con este concepto de diferencial médico, y hay algunos entes que están considerando que la aplicación del criterio no está conforme las disposiciones reglamentarias, «este diferencial médico se basa en el reglamento de la Ley de Pensiones y no propiamente en la Ley, al establecer un monto porcentual determinado para establecer este pago que tienen que hacer…»
Manifestó que hay diferentes hipótesis en los adeudos de acuerdo con los diferentes entes; hay un grupo de entes que tienen una morosidad y que continúan con morosidad, «recibieron una morosidad al momento de iniciar la administración y continúan con la morosidad…»; hay otros que recibieron una morosidad, pero que en la recepción de la institución, cortaron la morosidad, están pagando en tiempo, pero se arrastra la morosidad de administraciones anteriores; hay otros donde existe morosidad, y hay una acumulación parcial de morosidad, «es decir, le ha ido abonando nada más al adeudo».
En relación con estos tres la Auditoría podría entrar a conciliar cifras, pero no necesariamente se puede entrar a una revisión exhaustiva: se tienen las retenciones, las cuotas que como patrón una institución tiene que retener para entregarla a PCE, «estamos hablando de cantidades que son retenidas del salario del trabajador, por lo tanto al ser recurso del trabajador pierden su naturaleza de recursos públicos, por lo tanto nosotros tenemos cierta limitación para analizar el destino de esos recursos; aquí existe la posibilidad para efectos legales, que quizás los representantes de los trabajadores o los trabajadores mismos, hagan una reclamación respecto de qué se hizo con ese recurso, pero nosotros en cuanto a su utilización podemos hacer poco…lo que no significa que no lo podamos cuantificar, eso sí lo podemos hacer, pero poco podríamos hacer con la utilización de esos recursos…»
Agregó que respecto a las aportaciones, los recursos que aporta la institución para el servicio médico y pensiones y jubilaciones, estas si representan recursos públicos, por lo que la falta u omisión de su «entero» si puede ser objeto de una auditoría e inclusive, en caso de que el recurso haya sido utilizado para otros fines, el posible fincamiento de responsabilidades a quien haya realizado una acción de este tipo».
Por último se tiene el diferencial médico, el cual tiene como característica el que hay una interpretación distinta entre el deudor y el acreedor, «ahí podríamos entrar por lo menos para identificar el problema, para que ustedes pudieran tomar una decisión que podría ser inclusive de carácter legislativa, porque podrían interpretar o emitir una nueva norma para decir: el diferencial médico se tiene que cobrar de esta manera…»
Además el Auditor informó que el foco de problema es que del total de entes deudores, el 79% del adeudo está concentrado en dos entes: la Secretaría de Hacienda y la Universidad Autónoma; «independientemente de saber ahora si generan recargos o algún accesorio por la morosidad, únicamente la suerte principal, estamos hablando en concreto del 79% del total del adeudo; si nos concentramos en revisar estos entes, estaríamos nosotros teniendo el diagnóstico de casi el 80% del problema, y si le agregamos otros tres entes, para dar un total de 5 deudores: el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado, las Juntas Municipales de Agua y el Ichisal, estaríamos hablando del 95% del problema, con 5 o 6 entes que pudiéramos sumar…»
Explicó que el resto de los deudores son muy pequeños, «si ustedes consideran pertinente que esto les sirve para efecto de tomar decisiones, nosotros podemos empezar de inmediato la auditoría en las fechas que les acabo de mencionar (a más tardar la última semana de febrero)».
Dijo que si se encuentran irregularidades en el camino se tienen que observar y llevar a cabo la acción que corresponda, cualquier acción que la Ley considera cuando se encuentran.
