Los intentos para mejorar la educación en nuestro país se han quedado en eso, en “meros intentos” que han estado llenos de demagogia y populismo por parte de las autoridades gubernamentales y educativas. Tal es el caso del Programa Nacional de Inglés (PRONI) cuyo objetivo, conforme al Acuerdo 23/12/19, consistía en “fortalecer a las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por las Autoridades Educativas Locales, para impartir una lengua extranjera (inglés), mediante el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, beneficiando a las escuelas públicas de educación básica de organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo” (DOF, 29/12/2019), o bien, el señalado en el Acuerdo 28/12/20 y que a la letra dice: “contribuir a que las escuelas públicas de educación básica fortalezcan sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, con el fin de que la población en México acceda a una educación de excelencia, pertinente y relevante” (DOF, 29/12/2020).

Y es que mire usted, se trata de un programa que, más allá de lo que se estableció en estos objetivos, ha venido presentando una serie de “irregularidades” financieras en los últimos años, producto de las pésimas gestiones que, tanto la autoridad educativa federal como de las de los estados, han venido cometiendo en razón del manejo discrecional de los recursos que se destinan para estos propósitos. Por ejemplo, en 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades por 594.8 millones de pesos en este programa, tanto por parte del gobierno federal como de los estados (Ortega, 2017). En 2020, la misma ASF, señaló un probable desfalco de 74.2 millones de pesos en la operación del PRONI en el ejercicio fiscal 2019 puesto que, en la primera revisión de la cuenta pública de ese año, informó que dicha cantidad representó el 9.2 por ciento de los 800 millones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó para la operación de este programa educativo (López, 2020).

Sí, ejemplos como estos hay muchos, y en las entidades federativas, ni se diga. En noviembre de 2020, la Directora de Administración de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Sandra Rojas, afirmó que ni maestros fantasma ni irregularidades en contratos a docentes existían en esta entidad, dadas las observaciones que la ASF había emitido por el presunto manejo irregular de los recursos destinados al PRONI (Mora, 2020). Por su parte, en marzo de este mismo año, en Morelos, la misma ASF detectó que se pagaron 9 millones 969 mil 731 pesos por gasto de honorarios a 144 asesores externos y 440 mil 200 pesos a seis analistas administrativos que nada tuvieron que ver con el PRONI (La Razón, 2020).

Vistos los datos anteriores que pueden localizarse en los informes que la ASF ha emitido, así como también, en diversos medios de comunicación que han dado seguimiento a esta serie de corruptelas al más alto nivel, es que cobra sentido la afirmación con la que inicié estos argumentos: los intentos gubernamentales por mejorar la educación en nuestro país se han quedado en eso, en “meros intentos”. Lo lamentable de todo este desaguisado es que, por estas mismas cuestiones, hoy día los profesores que forman parte de este programa, vivan en el limbo puesto que al momento en que cierro estas líneas, no han recibido instrucciones para iniciar labores en Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Durango, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, Guerrero, Michoacán, Colima, Tlaxcala, Querétaro, Zacatecas, Sinaloa y Guanajuato; es más, en Sinaloa, por ejemplo, se habla de una reducción de número de escuelas beneficiadas con el PRONI, por la reducción al presupuesto aprobado para el 2021, hecho que significa dejar de contratar a personal que brinde esta enseñanza. Ciertamente, habrá quién me diga que las Reglas de Operación son claras y expeditas, pero, ¿acaso no lo es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en cuanto a su Eje 2 Política Social que contempla el Estado de Bienestar con acceso a servicios gratuitos de educación y, por tanto, el PRONI contempla la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera como lo es el inglés?, ¿acaso los profesores no merecen un trato digno en cuanto a los tiempos de contratación y pago de sus servicios profesionales en tiempo y forma?, ¿acaso los alumnos, que nada tienen que ver en este embrollo, merecen una educación que redunde en beneficios personales y académicos?

Irrisoriamente, un gobierno que impulsa la “cuarta transformación” del país, con estas acciones demuestra lo contrario, puesto que dejará de beneficiar a miles de estudiantes de educación básica de México; entonces, ¿de qué tipo de transformación estamos hablando? Desde mi perspectiva, echar culpas al pasado ya no tiene o adquiere tanto sentido en estos días dado que, como se ha visto, los informes de la ASF han puesto en evidencia que, en estos dos años de lo que algunos llaman “nuevo gobierno”, se han detectado ciertas irregularidades que, presuntamente, mucho tienen que ver con esas prácticas corruptas e indeseables que siguen latentes en el Sistema Educativo Nacional (SEN) y que tanto se critican. Ciertamente, el momento que vivimos en el territorio mexicano por la pandemia ocasionada por el Covid-19, probablemente, pudo tomarnos por sorpresa y, por ello, ciertos recursos se destinaron a otros rubros, pero ojo, las problemáticas señaladas no son nuevas, datan de años, y los gobiernos actuales siguen actuando de la misma manera sin que haya consecuencias administrativas para los encargados de operar estos recursos, ¿en dónde está el problema?, ¿no podrían revisarse las reglas de operación para que, tanto la federación como los estados dejen de echarse “la bolita” y se actúe conforme a la normatividad aplicable?

Aurelio Nuño ya se fue, Esteban Moctezuma ya se va, pero el reto para la profesora Delfina Gómez está aquí, ¿pondrá orden en la propia Secretaría que en próximas fechas encabezará y, consecuentemente, en cada uno de los estados que operan este programa?, ¿no merecen los niños, padres de familia y profesores algo mejor que un discurso?

Al tiempo.

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