Chihuahua, Chih.- Los integrantes de la Comisión Síndica Genuina (CoSiGen) y el vicepresidente del Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Sección 42 del SNTE, Braulio Arturo Solís Gallo, cuestionaron a las autoridades de Pensiones Civiles del Estado sobre el destino de las retenciones que las dependencias de gobierno y organismos realizan a sus trabajadores por el servicio médico de PCE y que nunca llegan a la institución.
El profesor Miguel Ángel Grajeda, integrante de la CoSiGen, pidió explicaciones Mario Gustavo Montemayor, director de Finanzas, el director médico, Ángel Villaseñor Benavides, y Jorge Alberto Alvarado Montes, coordinador jurídico, sobre el destino del dinero de las retenciones, que no saben dónde está quedando, “si gobierno se está quedando con él”.
El profesor puso el ejemplo de la UACH, segunda mayor deudora tras Hacienda. Si bien las autoridades le precisaron que la universidad es autónoma, Grajeda les exhortó a que si no pueden demandarlos, ya que se les está proporcionando servicio médico, no están aportando y los trabajadores argumentan que se les está descontando.
En su reclamo Grajeda refirió que la ley es muy clara y lo que se está cometiendo es un robo. Refirió que a alguien que roba una gallina lo meten en la cárcel y a la UACH que adeuda más de mil millones, cuyo paradero desconocen, no se actúa contra ella.
“Exigimos que se les llame a esas instituciones y aporten lo que tiene que aportar, si quieren un servicio, pues que les cueste”, aseveró el profesor.
Las autoridades financieras y jurídicas de PCE apuntaron que de los 3 mil 956 millones adeudados en total a la institución, la deuda por servicio médico ascendía a 850 millones, de los que 200 millones corresponderían a aportaciones de trabajadores y el grueso del pendiente tendría que ver con el concepto de diferencial de servicio médico que están obligados a pagar los patrones.
Aseguraron que sí hay acciones con procesos judiciales y administrativos iniciados con las instituciones. No obstante reconocieron que “no ha sido una aceptación tal, ellos dicen que sí deben pero que no hay con qué pagar”. Afirmaron que ante el reclamo, instituciones como la UACH quieren saber medicamento por medicamento, material de curación por material de curación, y que incluso la universidad prometió que implementaban un sistema para conocer derechohabiente por derechohabiente cuál era su costo.
Pese a ese compromiso, advirtieron que “el convenio, los trabajos no han continuado, no hay voluntad, esa es la verdad”.