Por: Profr. Eduardo Del Val
Hace más de tres años que se está agravando la crisis en Pensiones Civiles del Estado debido a la falta de pagos por parte de la Secretaria de Finanzas. Como consecuencia, los diversos hospitales particulares que prestan este servicio a la Institución Médica han negado la atención a los derechohabientes, se han suprimido y cancelado consultas médicas en la Institución, existe una carencia significativa de medicamentos y médicos especialistas que atiendan a los derechohabientes, por lo tanto, se han deteriorado más las enfermedades crónicas degenerativas de la derechohabiencia, aunado a esto, la pandemia del COVID 19 ha empeorado esta problemática, al grado que han fallecido maestros y maestras en el área de urgencias de Pensiones por falta de un hospital. Al mismo tiempo se ha puesto en riesgo latente la vida de los médicos, enfermeras, personal de asistencia médica y de higiene, por no haber tomado las medidas necesarias y por la negligencia del gobierno.
El Director de Pensiones Civiles del Estado José Alberto Herrera González ha declarado en los diferentes medios de comunicación, acerca de la deuda que se tiene con los diversos Hospitales y con las distintas empresas que le prestan servicio a la institución, ascienden a varios cientos de millones de pesos. Así mismo, manifestó que la institución no tiene dinero para el pago a sus acreedores, porque las distintas instituciones y dependendencias del gobierno no le hacen llegar las cuotas que les descuentan a los trabajadores cada quincena.
El actual gobierno ha argumentando absurdamente una infinidad de pretextos, sin embargo, no ha aceptado su incompetencia como servidores públicos. Tristemente, han quebrantado y corrompido las finanzas de Pensiones Civiles del Estado con la componenda del Gobernador y la de los dos últimos dirigentes de la Sección 42 del SNTE (Los profesores René Frías y Ever Avitia), ya que Frías fue y Avitia es parte del Consejo Administrativo de Pensiones Civiles. Es preciso indicar, que el Consejo tiene la facultad de conocer las finanzas de la institución y gestionar ante el Gobierno o la Secretaria de Hacienda las acciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema médico. Por lo tanto, no es una problemática nueva o desconocida, sino un problema añejo que se ha invisibilizado y desdeñado por intereses políticos y personales.
Un grupo de docentes comprometidos y preocupados por la situación existente, se han encargado de efectuar diversas demandas laborales y penales ante los diferentes organismos de Justicia y ante la Comisión de Derechos Humanos, debido a la nula representación sindical en la Sección 42 del SNTE. Actualmente, no ha existido respuesta a las quejas y peticiones planteadas. Incluso, se ha enviado oficios al Gobierno Federal que encabeza el Presidente de la República Mexicana el Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera, investigando los recursos económicos que opera el Gobierno del Estado de Chihuahua y la dirigencia de la Sección 42 del SNTE. Básicamente, la exigencia primordial es la transparencia de los recursos financieros que se les descuentan vía nómina al gremio magisterial y que lamentablemente se desconoce el paradero y el destino del capital recaudado.
Es urgente atender esta problemática, ya que de no atenderse originará un problema social y de salud de mayor magnitud. Es decir, el caos económico actual será la génesis de un desencadenamiento de enfermedades fisiológicas y psicológicas, así como, la muerte por omisión y negligencia médica de un inmenso grupo de derechohabientes; por otro lado, será la causa de posturas más radicales en las demandas y exigencias del gremio magisterial activo, jubilado y pensionado.
En conclusión, las distintas manifestaciones por parte de las maestras y maestros estatales agremiados a la sección 42 del SNTE, hacen un llamado a la ciudadanía, a los distintos sectores empresariales, políticos y sindicales a que se unan o manifiesten su inconformidad ante los abusos, negligencias, actos de ingobernalidad, omisión y corrupción que se está presentando en las distintas dependencias e instituciones del gobierno de Javier Corral Jurado. Es imperante, no permitir más corrupción y actos de rapiña por funcionarios del gobierno y de los dirigentes sindicales que únicamente atentan contra las garantías institucionales y laborales de los trabajadores del gobierno estatal.
LA JUSTICIA PARA CHIHUAHUA NO HA LLEGADO
