Chihuahua.- Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia condenatoria al Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en Chihuahua. Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2009 y, desde entonces sus familiares desconocen su paradero y el caso sigue en completa impunidad.
La sentencia de la Corte IDH era una oportunidad propicia no solo para brindar una reparación integral a las familias sino para que el Estado mexicano adoptara medidas estructurales relacionadas con la militarización de la seguridad, la creación de un registro único de personas desaparecidas, la capacitación de fuerzas de seguridad y el compromiso expreso de que esos hechos no se repitieran a partir de un acto de reconocimiento de responsabilidad.
La excesiva burocracia, la falta de una coordinación efectiva entre dependencias, la renuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la rotación de funcionarios y funcionarias involucrados en el cumplimiento de la sentencia y la pandemia de COVID 19 también han sido factores determinantes para no poder avanzar de manera sustantiva en el caso.
Por tal situación, se ha solicitado a la Corte IDH la celebración de una audiencia de seguimiento en la cual se reitere al Estado mexicano la obligación de cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales.
