Chihuahua, Chih.- El vicepresidente del Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados de la Sección 42 del SNTE, Braulio Arturo Solís Gallo, la maestra Lourdes Monreal Loya, miembros de la Comisión Síndica Genuina (CoSiGen), de Maestros Estatales Cd. Juárez -y con la presencia de la titular de la Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel de Educación Especial en el actual comité, Wendy Luján Torres-,dieron a conocer la interposición, desde tiempo atrás, de recursos y demandas judiciales en varias instancias contra el Gobierno del Estado y los dirigentes del actual y el anterior Comité Ejecutivo de la Sección 42 del SNTE, encabezados por Ever Avitia Estrada y René Frías Bencomo. Esto en relación a asuntos de tan diversa índole como las prestaciones perdidas con la entrada en vigor de la Reforma Educativa de 2013 y la no armonización en tiempo y forma de la Ley Estatal de Educación, presuntos fraudes desde el Sima, la opacidad, falta de transparencia y de información respecto al manejo de recursos, pagos de incrementos mal aplicados desde 2015 respecto a lo acordado en la Negociación Nacional Única, afiliación de esposos y padres de familia,… Anuncian la próxima judicialización de la falta de transparencia en el manejo del Seguro Institucional.
El profesor Braulio Arturo Solís fue el encargado de informar sobre diferentes acciones legales emprendidas de cara al Comité Nacional del SNTE como de los órganos anticorrupción. El profesor inició precisando por qué, desde 2016 que ocupa la vicepresidencia del Comité de Vigilancia realizaba los señalamientos hasta ahora. Manifestó que en diferentes ocasiones solicitó la información e hizo los reclamos, pero que nunca fue escuchado, pese a lo cual sostuvo que nunca dejado de hacer su función.
A continuación empezó a enumerar los hechos reclamados a través de demandas laborales y penales presentadas ante los tribunales federales y locales, mediante acciones colectivas, entre ellas las demandas ante Anticorrupción que afirmó contaban con el respaldo de 5 mil firmas de compañeros.
Solís Galló reiteró la denuncia en torno a la no armonización de la ley Estatal de Educación desde la entrada en vigor en el ámbito federal de la Ley General del Servicio Profesional Docente en 2013, hecho con el cual manifestó que el por entonces secretario general, René Frías, y el gobierno dejaron en el abandono a los trabajadores de la educación del subsistema estatal con la pérdida de todas las prestaciones ganadas con esfuerzo durante los comités anteriores. Lamentó que, en meses pasados, nuevamente se mintió al magisterio estatal con una armonización vetada por el gobernador.
El profesor Braulio ahondó en el contenido de la acción colectiva que él emprendió –y según él apoyada a través de sus firmas por 5 mil maestros estatales- para exigir información sobre las supuestas demandas emprendidas por el Comité de la Sección 42 respecto al pago y recuperación de las prestaciones dejadas perder: Escalafón Horizontal para Docentes, la Plaza de Tiempo Completo Mixto (Clave L y Clave L Plus), los 3/4 de Tiempo, Horas IRP y Cocurriculares, y demanda formal en torno a problemáticas como la mala aplicación de incrementos, la retención ilegal a jubilados, la falta de certeza sobre quién administra el fondo de ahorro del Simap, no se informa a los contribuyentes sobre la cuantía acumulada para recibir al momento de su jubilación, la pérdida de la Jubilación Dinámica,…
Agregó que la demanda exige investigar el manejo de las cuotas sindicales de activos y jubilados no son claras, la total falta de transparencia en torno a los intereses generados por los ahorradores y préstamos en el Simap, el esclarecimiento de los fondos 40 por ciento de previsión social que estarían recibiendo –así lo aseguró- para su uso discrecional el secretario general y el titular del Simap.
Refirió que a día de hoy no se ha informado aún de la licitación de a quién se le adjudicó la construcción de los nuevos edificios del Simap, cuestión incluida en la demanda, así como la solicitud de investigación y sancionar un presunto fraude de 9 millones de pesos cometido por la anterior contadora del Simap, Ana Lilia Román Fernández, por un presunto mal manejo de los recursos y desvío para la compra de una casa.
Braulio Solís enfatizó que las demandas alcanzan a líderes sindicales y miembros del Comité por presuntos delitos de robo, abuso de confianza y malversación de fondos,… citando entre los demandados el ex secretario general de la Sección 42, René Frías Bencomo, quien fuera secretario de Finanzas durante su gestión, Fernando Pacheco, el ex titular del Simap y actual titular de Prestaciones Económicas, Ricardo García, el actual secretario general Ever Enrique Avitia Estrada, el actual secretario de Finanzas del sindicato, Guillermo Ontiveros, y el actual presidente del Simap, José Juan Chacón Montes.
De igual modo, denunció que la presidenta del Comité de Vigilancia, Ana Cristina García Cristina García, estaba desatendiendo su función estatutaria, afirmando que había recibido una clave de educación media superior y además estaba cumpliendo funciones en un partido político, se intuye que Nueva Alianza. Asimismo, aseguró que el actual contralor de la Sección 42, Melchor Esparza, no habría realizado su función estatutaria, enfatizando que “lo compraron haciéndolo director de la Escuela de Trabajo Social”.
Braulio Solís manifestó que contaban con más de 5 mil firmas de compañeros secundando la demanda con el propósito de esclarecer todos estos hechos, encontrar soluciones, dignificar el quehacer docente y recuperar lo que se ha perdido. Para terminar se preguntó, a este respecto, qué estarían pensando los ex secretarios generales que conquistaron “todo lo que estos 8 años por intereses de grupo y personales se vendió al mejor postor”.
Lucha por la afiliación de esposos y padres de maestras a Pensiones Civiles
Por su parte, la maestra y Licenciada en Desarrollo Comunitario, Lourdes Monreal Loya, quien agradeció el apoyo desde la CoSiGen de maestras como Rosa Isela Urbina y María Hernández Saucedo, abordó la lucha y batalle legal emprendida ante los tribunales por la afiliación de maridos y padres de maestras estatales a Pensiones Civiles del Estado, tema en el que ha prevalecido una discriminación durante 63 años, y que hasta el momento se ha traducido en más de mil afiliaciones, de esposos, padres, pero también de mujeres.
Refirió que el año pasado elevaron la petición al gobernador Javier Corral, cuyo equipo le hizo llegar una respuesta electrónica, en la que, aseguró, la autoridad le reconocía la situación financiera de PCE y de los 63 años sin poder afiliar a sus padres y maridos. Agregó que desde que conocieron su trabajo el personal jurídico del senador Cruz Pérez Cuéllar había estado dirigiéndose a ella para informarse de todos los casos que han realizado.
Lourdes Monreal aseveró que también llevaron la denuncia al Congreso del Estado, que interpusieron una denuncia pública por la situación de la Sección 42 en busca de recuperar los pagos y prestaciones “perdidas”, otra denuncia ante la Fiscalía General de la República para solicitar transparencia y rendición de cuentas, y otras denuncias formales para el reconocimiento y pago de la prima de antigüedad y la devolución de impuestos de los 12 días.
Calificó de “incongruencias” todo lo sucedido a los compañeros con la pérdida de prestaciones, logros históricos, como los 3/4 de Tiempo –la más importante a su parecer- o la Plaza de Tiempo Completo Mixto o Clave L o Clave L Plus tan demandada, entre otras.
La maestra y abogada arremetió contra los 63 años de impunidad y de discriminación al impedir la afiliación de esposos y padres de maestras. A este respecto, manifestó que como el propio Ever Avitia señalaba en una reciente reunión con secretarios delegacionales, las maestras afiliaron a más de mil personas, denunciando que en sus declaraciones el dirigente sindical incurría de nueva cuenta en una discriminación al asegurar que todos eran hombres, porque apuntó que tambíen había muchas mujeres, y en segundo lugar por lamentar que en su mayoría los nuevos afiliados y fueran de 65 años y más, “como él”, manifestó Monreal Loya.
Denuncia ante la Defensoría Pública del Poder Judicial Federal
Por su parte, la maestra María Hernández Saucedo, destacó cómo desde la CoSiGen habían colaborado con el proyecto de la maestra Monreal, el cual calificó como “muy beneficioso”, pasando a enumerar los 13 puntos contenidos en la demanda o recurso interpuesto ante la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación.
Entre ellos citó que se demanda la rendición de cuentas correspondiente al anterior Comité de la Sección 42, la solicitud de devolución de impuestos y el pago de la Prima de Antigüedad pendientes –de estos dos aseguró que ya están caminando “nos canalizaron a Profedet”, el pago de adeudos derivados de la incorrecta aplicación de incrementos de la Negocación Nacional Única al no haber sido aplicado correctamente desde 2015 -al año pasado ya se adeudarían por este concepto del orden de 686 millones- tema del que afirmó ya habían obtenido una respuesta no satisfactoria de las autoridades estatales, que se va a incorporar a la demanda federal.
Agregó que apoyaban la demanda del profesor Braulio, que solicitaban la revisión del esquema prestacional para activos ya que en 2013 con la reforma educativa, y la aquiescencia de René Frías perdieron todos sus logros adquiridos, solicitando el restablecimiento de la Plaza de Tiempo Completo mixto, Escalafón Horizontal Docente, el acceso de maestros nóveles a salarios tabulares y prestaciones justas, lamentaron la cancelación de la Jubilación Dinámica que condena a quienes se incorporaron al servicio de 2013 a la fecha a aportaciones abusivas bajo el esquema de cuentas particulares,…
Asimismo, la demanda ante la Defensoría Pública Federal exige la revisión y transparencia de los Seguros Bipartita y Mutualista, la transparencia fondo Seguro Funerario, dejar de descontar cuota sindical a jubilados y pensionados, la atención al adeudo millonario a Pensiones Civiles del Estado –más de 3 mil 600 millones al 31 de agosto de este año por parte de dependencias de gobierno y organismos adheridos- que la tienen al borde del colapso, y la consideración de la urgencia de políticas públicas del programa sectorial que lleva tres años paralizado. Asimismo, exigen la afiliación de padres y esposos para prevenir y erradicar la discriminación, tema en el que destacó que ya avanzaron mediante acciones colectivas “pese a quien le pese”.
También desde la Comisión Síndica Genuina, la maestra Rosa Isela Urbina, habló del trabajo realizado quincena tras quincena desde la explanada de PCE para la afiliación de padres de familia, recabando solicitudes y trabajando en la materia, destacando el apoyo recibido por el director médico de PCE, el doctor Villaseñor, y las secretaría de las delegadas mucho apoyo. De igual modo, señaló que apoyaron a la maestra Monreal con la recolección de firmas para la afiliación de esposos.
Urbina hizo hincapié en que estas acciones “no es por un beneficio propio, es beneficio por y para los compañeros” y preguntó en voz alta, para que cada compañero se respondiera en lo personal, si el Comité Seccional de Ever Avitia tiene alguna credibilidad.
Opacidad el manejo y falta de información sobre el Seguro Institucional
Desde la organización Maestros Estatales Cd. Juárez, el profesor Fernando Álvarez Montoya, expuso algunos datos arrojados por las investigaciones sobre el Seguro Institucional. Empezó denunciando que la semana pasada se dio a conocer que el Gobierno del Estado estaba gestionando un seguro para los funcionarios de primer nivel de 3 millones de pesos al año y de 1.5 millones de pesos para segundo nivel.
Álvarez denunció la opacidad respecto al manejo de este seguro por el cual manifestó que quincena tras quincena le quitan a cada maestro un 6 por ciento de su pensión, poniendo el ejemplo de casos en los que se les retiene hasta 2 mil 700 pesos al mes. Denunció que Pensiones Civiles del Estado e Ichitaip les están negando el acceso a esta información y como de incialmente un seguro de vida de 40 meses, de repente le informaron que finalmente sería de 30 meses (si bien al parecer el seguro de vida para jubilados es de 30 meses para jubilados y pensionados –del total de percepciones que debe pagar el propio jubilado- y los 40 meses sería para los activos –el cual paga el patrón de los maestros, es decir la Secretaría de Hacienda-.
Afirmó que mientras en lo particular algunas aseguradoras dan el beneficio que generan los ahorros al usuario, a ellos no sólo no se los dan, sino que además se les niega la información, lamentó la “burocratizando” de la información por la pandemia, y la falta de certeza en torno a la cantidad que estarán recibiendo sus deudos al momento de que fallezcan.
Álvarez manifestó que estaban representando en esta lucha a 53 maestros en Ciudad Juárez, si bien los afectados son cientos, miles, mientras “la Sección 42 en los laureles” porque son “partícipes del fraude”.
De igual modo, refirió que al investigar ninguna aseguradora llega al 6 por ciento de retención, lo cual les da a pensar que pudiera haber “un moche, vamos a judicializarlo y caiga quien caiga”.
Justicia para Huitzilíhuitl Zúñiga
El profesor Rigoberto Castillo Barrón, también de Maestros Estatales Cd. Juárez, retomó la exigencia de justicia para el profesor Huitzilíhuitl Alejandro Zúñiga, recientemente fallecido, y sus deudos. “Ever, si tienes humanidad piensa en tus hijos”, manifestó, pidiéndole defender los derechos del occiso respecto a su despido injustificado como inspector de la Zona 62 de Ciudad Juárez y que su viuda y sus tres hijos puedan contar con las prestaciones que les corresponderían.
Exigen a Ever Avitia que reclame al gobernador el pago en tiempo y forma a jubilados y pensionados
Para terminar, desde la CoSiGen, el profesor Miguel Ángel Grajeda hizo responsable de lo que les pudiera pasar a las personas mencionadas como destinatarios de las demandas.
En otro orden de cosas, reiteró la invitación a Ever Avitia a cumplir con su función como máximo dirigente sindical ante el problema inaudito del pago de los aguinaldos en dos emisiones (15 de diciembre y 15 de enero) y haga un reclamo al gobernador a cumplir y un llamamiento a la base “y estoy seguro que la base va a responder”.
