Por: Movimiento ResISSSTE-CNTE del estado de Chihuahua
En Chihuahua, la cruzada de los poderes locales contra el gobierno federal, el pretendido separatismo y las disputas partidistas se impusieron sobre la obligación de armonizar el marco normativo de la educación en el estado con las nuevas disposiciones del ámbito nacional. En 2018 el pueblo de México ordenó en las urnas un cambio real, en un mandato democrático que trasciende a quienes ganaron las elecciones. En el campo educativo, como en otros, la transformación requiere la concurrencia de diversos sectores del quehacer público. El magisterio debe asumir por su cuenta los cambios conquistados y al lado del pueblo exigir los que faltan, como lo ha hecho históricamente.
El 15 de mayo de 2019 se publicó la más reciente reforma a la Constitución Federal en materia de educación y el 30 de septiembre del mismo año, la correspondiente legislación secundaria. De la primera, en otro momento hemos comentado los cambios favorables derivados de la lucha y las propuestas –según el caso- del magisterio, organizaciones sociales, ciudadanas/os, autoridades y legisladores; pero también hemos cuestionado la permanencia de concepciones de fondo sobre la educación y el trabajo docente que corresponden al modelo neoliberal de la reforma impuesta en 2013.
De la segunda, junto al desarrollo de las previsiones constitucionales que amplían el alcance y la protección del derecho a la educación, destaca su imposibilidad de subsanar los problemas de concepción que subsisten en la norma suprema y la exaltación de contenidos que los agravan: el lenguaje empresarial que contradice disposiciones favorables para la equidad y la transformación social; el modelo de la meritocracia que divide y clasifica a las personas; el egoísmo y la competencia individual contra la solidaridad y colaboración, y la discriminación institucional del trabajo docente. Como se advierte, la verdadera transformación de la educación en el país es, todavía, asignatura pendiente. Mientras tanto, llegó el turno a los estados, cuyas legislaciones educativas son copia fiel –en capítulos enteros- de la reforma federal del sexenio pasado.
Por disposición transitoria del Decreto de reforma constitucional, a más tardar el 15 de mayo de 2020 se debió armonizar el marco normativo de la educación en las entidades federativas con las nuevas disposiciones del ámbito nacional, obligatorias en todo el país. Con tal motivo, vencido el plazo y en medio de la emergencia sanitaria, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó, el 12 de junio de 2020, un proyecto de decreto para reformar la Ley Estatal de Educación, con múltiples contradicciones, omisiones, e inconsistencias de diversa índole, sin consultar a los actores sociales de la entidad involucrados o interesados en la educación -a pesar de nuestra reiterada petición de que lo hiciera- y sin atender, acaso sin leer siquiera las normas implicadas en la armonización.
El proyecto de decreto fue remitido al Gobernador del Estado para su promulgación, pero el Ejecutivo lo devolvió al Congreso el 18 de julio, con observaciones que se refieren a una muy reducida –y en varios casos discutible- selección de los problemas. Además de la casi obligada petición de restablecer en el proyecto de reforma los preceptos relativos a la educación inclusiva, cuya eliminación por el Congreso desató fundadas críticas de diversos actores sociales, las observaciones consisten en asegurar la sujeción puntual de la Ley al régimen discriminatorio del trabajo docente; restablecer la inclusión en el Sistema Educativo Estatal de los bienes públicos y privados utilizados para impartir educación, con el agregado de una definición alterna del Sistema para tranquilizar a los particulares sobre la garantía de propiedad de sus instalaciones.
Las observaciones también proponen definir criterios para la aplicación de sanciones y multas más elevadas por infracciones de los particulares a la Ley, pero sin la necesaria actualización de las normas a las que debe sujetarse la educación privada; condicionar la obligatoriedad de la educación superior a los términos generales y abstractos del 3º constitucional, sin referencia alguna a los deberes de concurrencia de los tres niveles de gobierno para garantizar gradualmente su gratuidad y sujetar las políticas de esta educación al principio de equidad; reinstalar innecesariamente en el decreto disposiciones para la equidad educativa que ya existen en la Ley y se repiten en el proyecto del Legislativo, y proponer de manera incompleta la eliminación de preceptos que prevén la evaluación unilateral del desempeño docente, derogada de la Constitución y la legislación general.
La armonización que no ocurrió
El 22 de octubre, el Pleno del Congreso votó el dictamen sobre las observaciones que hizo el Gobernador, en el que se aceptan sólo dos de las propuestas de modificación al texto normativo y se descartan 14, confirmando, en cuanto a éstas, el contenido original del proyecto. Dado que no se avalaron las observaciones del Ejecutivo y el nuevo dictamen no alcanzó el voto favorable de las dos terceras partes de las/os legisladores presentes, el proyecto de decreto debe desecharse y no podrá presentarse de nuevo dentro de los doce meses siguientes, según lo previsto en los artículos 71 y 76 de la Constitución Política del Estado. Pero la falta de armonización de la Ley no resulta del intento fallido de reforma, como se expone enseguida.
A juzgar por el contenido del proyecto de decreto aprobado en junio por los legisladores y las observaciones remitidas por el Gobernador, en Chihuahua privó un interesado y selectivo desdén por la armonización normativa de la que hablamos. A falta de la obligada transparencia o alguna explicación de los actores, es obvio que las disputas por el poder se han colocado por encima de cualquier otra causa, incluidas la de proteger el interés superior de las niñas, niños y jóvenes –por el que suele presumirse particular devoción- y ampliar las garantías y el alcance de su derecho a la educación.
Por un lado, tanto algunos legisladores como el Gobernador están enfrascados en una ilustrativa cruzada contra el Gobierno Federal, en concierto con los dislates golpistas de la secta más autoritaria y racista del país y el paradójico separatismo “federalista” de la derecha intelectual que abreva en la fuente reaccionaria del siglo XIX. Todos participaron en el proceso electoral de 2018 y lo hicieron con sus propias reglas, pero se niegan a reconocer la derrota y sus motivos, revelando lo que realmente significan para ellos las elecciones, la democracia y las instituciones de la República, por las que también suelen rasgarse las vestiduras. Ahora trasladan la revancha al terreno de la educación en lo que consideran su feudo local, aunque ello implique violentar la Constitución e incumplir obligaciones previstas en tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es parte.
Por otro lado, las disputas locales, inter e intra partidistas, impidieron la promulgación del proyecto de reforma aprobado por el Congreso; un proyecto de simulación que no se propuso la armonización efectiva de las normas, y que no podría enmendarse sustancialmente con las observaciones hechas por el Gobernador.
Así las cosas, algunos avances en la ampliación, protección y garantía del derecho a la educación de la niñez y la juventud; las nuevas previsiones en favor de la cohesión social y el fortalecimiento de la identidad y la conciencia nacionales; la garantía del derecho a disfrutar los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, son cambios progresivos incorporados en 2019 a la Carta Magna y la Ley General de Educación que seguirán ausentes en la legislación educativa del estado de Chihuahua.
Mientras tanto, otras amenazas se ciernen contra la educación integral, laica, democrática y basada en los resultados del progreso científico que ordena y protege la Constitución Federal. En el Congreso local se discuten sendas iniciativas para reformar la Constitución del Estado y la Ley Estatal de Educación, ambas con el mismo propósito de subordinar el derecho a la educación de las niñas y niños a las creencias religiosas y convicciones “morales” de sus padres. Se pretende una absurda regresión que desconocería en la Ley a las niñas y niños como sujetos de derechos y limitaría el ineludible ejercicio de la obligación fundamental del Estado de salvaguardar los derechos individuales y colectivos de todas y todos los mexicanos.
Se requieren cambios que rebasan la esfera de la educación
Los resultados de las elecciones federales de 2018 evidenciaron, por un lado, el hartazgo de la población frente a la injusticia, la corrupción y la impunidad de gobernantes, legisladores y particulares y, por otro, la opción de la gente por la vía electoral y pacífica del cambio. Pero es obvio que no se trata únicamente de sustituir personas o partidos y tampoco son, ni el mensaje ciudadano ni la responsabilidad por el cambio, solo para quienes ganaron las elecciones. Además, se equivocan quienes todavía suponen, desde sus flamantes historias de políticos, comunicadores o adinerados influyentes, que todo es cuestión de repetir mentiras, comprar voluntades o sembrar miedo para recuperar o retener la confianza de la población.
Si no se toman las urgentes e insoslayables medidas para revertir la ominosa desigualdad social y económica, la subordinación del interés público al privado, el saqueo y la destrucción de la naturaleza, la rampante inseguridad, la injusticia y la desesperanza de las que es víctima gran parte del pueblo mexicano, las cosas pueden llegar al punto de no retorno y perderse la oportunidad de transitar por la vía pacífica hacia un México del que todas y todos sus habitantes se puedan y quieran sentir parte, en condiciones de dignidad humana, tanto de las personas como de sus pueblos y sus diversas identidades.
Los flagelos detonantes de la rebeldía social expresada en las urnas son reflejo tangible e inseparable de ese modelo inhumano de desarrollo económico y social impuesto en el país en las últimas décadas, del que la educación sólo es parte. No es ninguna novedad que la educación es reflejo de la sociedad y no al revés; su propia transformación y su capacidad para contribuir al cambio social dependen, en gran medida, de los cambios concurrentes en los otros ámbitos de la vida pública que la condicionan y, sin duda, de la acción consciente y deliberada de sus actores: docentes, estudiantes, madres/padres y autoridades.
Por ello, el magisterio debe aprestarse al relevo y emprender de forma autónoma los cambios pertinentes en el ejercicio de su labor, ante la negligencia y los prejuicios que condujeron a la fallida armonización normativa. Esto, sin abandonar la exigencia en el plano nacional de la derogación plena de la contrarreforma educativa del sexenio federal anterior. El acumulado histórico de los avances democráticos en la educación de nuestro país, incluido el trascendente legado de la Revolución Mexicana, registra la importante contribución de las maestras y los maestros aliados con el pueblo al que pertenecen. Esta vez no ha de ser diferente.
POR LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, DEL SINDICATO Y DEL PAÍS
UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS!