Chihuahua, Chih.- La Comisionada de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua, Irma Villanueva Nájera, realizó un profundo análisis jurídico en torno al proyecto de reforma de la Ley General de Víctimas aprobado por el Congreso de la Unión y la desaparición, junto a más de un centenar de fideicomisos, del Fideicomiso para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, “planteando en su lugar sólo destinar recursos económicos para las medidas de ayuda, asistencia, protección y reparación integral”. Entre otras cosas, Irma Villanueva sostiene sin reparo que la reforma da la espalda a las víctimas, contribuirá a la victimización, deja a discreción el manejo de los recursos y “violenta todo principio legislativo de consulta a la ciudadanía afectada, un deber no solo legal, sino moral y ético, al ser un tema delicado”, atentando contra los principios de progresividad y no retroceso en los derechos humanos. Asimismo, advierte que la desaparición del Fideicomiso para la Protección a Personas Defensoras y Periodistas implica un riesgo grave para el aumento de delitos contra ambos colectivos.
A continuación posicionamiento compartido ayer por la titular de la CEAVE de Chihuahua:
“Posicionamiento alusivo al análisis del proyecto de reforma a la Ley General de Víctimas
Derivado del análisis al proyecto de reforma a la Ley General de Víctimas actualmente aprobada por la Cámara de Diputados, la Comisionada de CEAVE Chihuahua, Irma Villanueva Nájera considera lo siguiente:
-Da la espalda a las víctimas;
-Contribuirá a la victimización;
-Deja a discreción el manejo de los recursos; y
-Violenta todo principio legislativo de consulta a la ciudadanía afectada, un deber no solo legal, sino moral y ético, al ser un tema delicado.
Los derechos de las víctimas garantizados en la Ley General de Víctimas, no son una concesión gratuita de los Gobiernos, son la respuesta a las demandas de miles de víctimas, quienes, acompañadas por la sociedad civil organizada, salieron a las calles ante el incremento de la violencia que se ve vive en el país en la última década a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico y que ha dejado a miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, entre otros delitos graves.
Estas reformas atentan contra el principio internacional de no victimización, garantía fundamental de protección a las víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos. La decisión de la Cámara de Diputados, sin consulta a las víctimas, sin escuchar sus necesidades y peticiones, genera nuevamente el riesgo de movilización nacional, las orilla a tener que salir nuevamente a las calles, no solo a buscar a sus seres queridos, sino para exigir verdad, justicia y reparación. Causando una doble o triple vulnerabilidad, el dolor y afectaciones sufridas como consecuencia del delito que se verán nuevamente agravados ante la falta de atención integral, acceso a la justicia y a las medidas de atención establecidas en la Constitución y Tratados Internacionales que las protegen. Aunado a la victimización que se genera por el delito, la falta de acceso a procesos legales diligentes y, el continuo peregrinar de las víctimas de oficina en oficina, exigiendo sus derechos, se puede advertir que están nuevamente en puerta.
Tengamos memoria histórica, no repitamos los errores del pasado, no retrocedamos en los derechos humanos conquistados que son parte del avance democrático del país y del camino a una verdadera consolidación del estado de derecho mexicano. No olvidemos que Ley General de Víctimas busca proteger a las que se encuentran en mayor vulnerabilidad, como lo son niñas, niños y adolescentes, mujeres, integrantes de pueblos originarios, personas defensoras y periodistas, migrantes, personas adultas mayores, integrantes de la comunidad LGBTI+.
La historia de reformas que desde el año 2012 ha sufrido la Ley General de Víctimas y por consiguiente las funciones de la Comisión Ejecutiva Federal, nos da cuenta de que no se ha logrado consolidar un verdadero Sistema Nacional de Atención a Víctimas, esta sistematización de reformas bajo justificaciones constantes de austeridad, no permite que las instituciones realmente realicen su trabajo y cumplan con el objetivo para lo cual fueron creadas, desfigurando totalmente el fin de su creación y existencia, más aún, olvidando los principios básicos de la política gubernamental al anteponer o ponderar intereses económicos sobre la obligación a la protección del mínimo vital o mínimo existencial de las y los mexicanos.
El planteamiento central de la reforma a la Ley General de Víctimas, hasta donde se puede entender, es la desaparición del Fideicomiso para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, planteando en su lugar sólo destinar recursos económicos para las medidas de ayuda, asistencia, protección y reparación integral. Dejando de ser un fideicomiso con la obligación de destinar el porcentaje del 0.014% del presupuesto de egresos, los cuales se deberán ejercer en el ejercicio fiscal correspondiente, dejando de lado el blindaje que tenían al ser integrados a un patrimonio fideicomitido, lejos del manejo discrecional y la utilización de la conducción del poder político en turno. Ahora, se convierte en un presupuesto, con poca o nula claridad sobre el manejo del mismo y, sobre todo, la falta de claridad para el otorgamiento a las víctimas en situación de emergencia que lo necesitan.
Finalmente, y lo más grave, es que con esta reforma se atenta también contra los principios de progresividad y no retroceso en los derechos humanos, ya consagrados en la Ley General de Víctimas, porque supedita la atención debida a las víctimas, a la disponibilidad presupuestal.
Aunado a lo anterior, la desaparición del Fideicomiso para la Protección a Personas Defensoras y Periodistas, implica un riesgo grave para el aumento de delitos contra ellos, sobre todo en un país donde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional reconocen que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad, y donde los homicidios y agresiones van en aumento durante los últimos años.
Siempre estaré a favor de crear y mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que deben garantizar en el manejo de los fideicomisos, pero nunca la eliminación y desaparición de los mismos, menos aún en situación de aumento de los delitos graves, inseguridad, sumando los efectos que la Pandemia Covid19 ha traído a las víctimas colocándolas en mayor vulnerabilidad.
Finalmente, y en lo que respecta al Estado de Chihuahua, reconozco el compromiso del Gobernador Javier Corral Jurado con las víctimas, donde se han asignado los recursos necesarios y suficientes para el acceso a la atención, asistencia, protección y reparación a las víctimas, priorizando los casos de mayor gravedad y urgencia.
Atentamente
Comisionada de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua, Irma Villanueva Nájera.”
