- En su participación en el Encuentro Nacional Anticorrupción 2020, Jorge Emilio Iruegas Álvarez habla de los retos que enfrentan las fiscalías anticorrupción de las entidades
Chihuahua.- Chihuahua es el referente en Latinoamérica de cómo se puede estructurar un combate a la corrupción en el ámbito penal, que sea eficaz y con resultados visibles, dijo el fiscal Anticorrupción del Estado de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, durante su participación en el panel Realidad del Combate a la Corrupción en el Ámbito Penal del ENAC 2020.
El funcionario oaxaqueño señaló que estas fiscalías especializadas enfrentan un reto que se explica en cuatro puntos: fortalecimiento institucional de cada una; definición de una política nacional de persecución penal en materia de combate a la corrupción; combate altamente eficaz y eficiente traducido en más sentencias condenatorias y un mayor número de recursos recuperados, así como la coordinación intra e interinstitucional.
Como propuesta para reforzarlas, destacó la necesidad de incentivar de manera más proactiva la extinción de dominio, mediante un protocolo claro y directo para la recuperación de activos, en lugar de constreñirlo al decomiso, previo aseguramiento.
Oaxaca –explicó- es un ejemplo de esta situación, pues cuenta con una Ley Nacional de Extinción de Dominio, pero no jueces con competencias para ejercerla.
Expuso que a la fecha la instancia a su cargo, tiene en trámite 3 mil investigaciones que representan al menos más de 3 mil millones de dinero desviado.
“Si lográramos fortalecer el área de extinción de dominio propia de la Fiscalía Anticorrupción, el próximo año podríamos estar recuperando tal vez, si no los 3 mil millones, sí algo importante, y en ese sentido se tienen que ver las fiscalías anticorrupción como instancias autofinanciables, que pueden lograr justamente el regreso de ese activo desviado para ser ocupado en actividades sustanciales”, resaltó.
Esto cobra importancia en el marco de los estragos económicos de la pandemia de COVID-19, que hará de 2021 un año muy duro para las instancias de gobierno al manejar el recurso público, ya que podría ser una alternativa el endeudamiento para realizar acciones.
Iruegas abordó la causa de la desproporción entre los altos índices de corrupción en México con respecto a los casos judicializados y las sentencias condenatorias.
“Si bien el combate a la corrupción cobra un espacio prioritario en la vida pública de nuestro país, la realidad es que su materialización no ha sido la prioridad, y me parece que en dos años no hemos caminado al ritmo, al nivel que requerimos para lograr que ese discurso político se transforme en acciones que cambian realidades”, expuso.
Habló sobre la existencia de una debilidad institucional en la procuración de justicia en México, particularmente en las fiscalías anticorrupción, debido a diseños organizacionales, legales, inadecuados, de captura política y la propia corrupción interna.
“Después de 2 años, salvo algunas excepciones, docentes de investigación y persecución penal en el ámbito de corrupción, la realidad es que no tienen capacidad humana, no hay una capacidad material y tecnológica, para hacer frente a ello”, dijo.
Consideró que una de las debilidades de las fiscalías anticorrupción es que no fueron planeadas, sino que surgieron como una reacción a un discurso político, y por ello el reto es no solo judicializar investigaciones, sino tener más sentencias condenatorias.
Reflexionó acerca de la complejidad de la investigación de delitos relacionados con hechos de corrupción por su naturaleza, por el carácter político o por las redes de protección de quienes los cometen.
“Me parece por un lado, que no existe una claridad de los tipos penales, tenemos que trabajar en la homologación de los mismos y definir justamente que no todo delito cometido por un servidor público, es un delito por hechos de corrupción”, observó.
La coordinación y la fluidez son piezas clave para evitar los delitos sobre todo en información de carácter financiera, fiscal y bancaria, con servidores públicos profesionales y capaces.
De esta manera el fiscal anticorrupción de Oaxaca, compartió con la audiencia cuatro rubros básicos que propuso para analizar el combate a la corrupción: marco jurídico normativo, operativo y de gestión, infraestructura y material, y capital humano.
Indicó que estas fiscalías especializadas tienen que definir su participación dentro del sistema, con base en los criterios de prevención, detección y sanción.
“Pero un efecto disuasivo es en la medida que llevemos investigaciones ante un juez, que haya personas procesadas y además se recupere el activo. Pueden ser de los principales insumos”, señaló.
Una solución alterna –explicó- sería establecer cinco grandes acciones: investigación estratégica, protocolos claros, investigación financiera, técnicas especializadas, lineamientos para la aplicación de criterios de oportunidad, que me parece que al día de hoy todo el tema de delación penal que va relacionado con esto.