Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó públicamente el plan de regreso a clases que es aplicado en su entidad: desde el inicio de este ciclo escolar ya contempla la asistencia voluntaria individual a los planteles educativos, así como, en etapas futuras, la reducción de la cantidad de días que los estudiantes asistirían y la ampliación paulatina del horario y de los momentos de alimentación. Al justificar su propuesta, el mandatario señaló los efectos nocivos que el cierre de escuelas ha tenido y, por tanto, la urgencia de regresar a clases presenciales. Lo anterior pareciera incompatible a las críticas que en su momento el gobernador vertió sobre el gobierno federal en torno a lo que consideraba una tardanza excesiva para ordenar el cierre de planteles: hoy clama por reabrir las escuelas (incluso ya en ellas se realizan asesorías individuales), pero ayer urgía a cerrarlas.
Por su parte, pese a que el semáforo epidemiológico de su entidad ha pasado a verde, el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, se ha mostrado contrario a ordenar la reapertura de los planteles en un plazo corto. Incluso, aunque el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que en Campeche se podrían reanudar las clases presenciales en las próximas semanas, el gobernador fue claro al expresar que esperarán una situación epidemiológica estable en un lapso mayor: la reapertura de planteles pudiera darse, quizá, hasta el siguiente año.
Así pues, las determinaciones de los mandatarios representan dos posturas en torno a la reapertura de las escuelas: por un lado, la de Campeche, cobija a quienes priorizan, ante cualquier situación, la salud de la comunidad escolar y consideran el riesgo de enfrentar la pandemia en escuelas con carencias significativas de infraestructura. En el caso de Jalisco, su propuesta podría dar refugio a aquellos que han advertido el impacto nocivo de la educación a distancia en los aprendizajes de los alumnos; asimismo, podría encontrar adeptos en aquellos preocupados por la reanudación de las actividades económicas e incluso a aquel sector de la población descontento por la realización de tareas en casa y hasta por la supuesta falta de trabajo de los docentes.
La reapertura de escuelas debe ser un tema a tratar cuidadosamente: llevará a la movilización de más de 30 millones de mexicanos (y una buena cantidad más de manera indirecta), de modo que su planeación será fundamental para evitar rebrotes –que ya se presentan con fuerza en países europeos– no sólo en el interior de los planteles sino en las entidades en general. Aunque pareciera mucho pedir para nuestra clase gobernante actual, este asunto debe ser analizado sin anteponer las filiaciones partidistas, ni la búsqueda de reflectores. ¿Será pedirle peras al olmo? Las posibilidades de que cada entidad se ajuste a su contexto debería ser entendida como una autonomía armoniosa y funcional entre las diversas regiones, y no, como en ocasiones parece, un desconocimiento entre gobiernos de diferente orden y hasta una ocasión propicia para golpearse mutuamente. Resulta lastimoso observar que un tema tan delicado como éste sea incluido en la grotesca arena política de nuestros tiempos.
Hay muchos factores que tienen que ser preparados cuidadosamente antes de pensar en la reapertura de las escuelas. En la presentación de las propuestas federal y jalisciense se subrayó la importancia de la corresponsabilidad entre maestros y padres de familia, pero, ¿Dónde queda la autoridad educativa? No se trata de minimizar la autonomía y el poder de gestión de las escuelas, pero hay obligaciones elementales del Estado que no han sido suficientemente abordadas. ¿Hasta cuándo los gobernantes se comprometerán, con fechas y objetivos concretos de por medio, a proveer, por ejemplo, de instalaciones sanitarias dignas a todos los planteles? ¿Por qué el plan de regreso a clases no incluye en su cronograma actividades para la inspección o la rehabilitación en torno al acceso a agua potable en los planteles? ¿Cuándo informarán sobre el equipamiento de insumos médicos básicos y material de limpieza? ¿Qué hay sobre los servicios médicos del magisterio? ¿Ya se comprometieron a establecer un tope razonable de alumnos por grupo privilegiando el aprendizaje y la salud, y no el ahorro de recursos como hasta hoy en muchas entidades?
La decisión que cada entidad tomará en torno a la reapertura de los planteles debe ser guiada, cuando menos, por dos recomendaciones que pudieran abonar a la sensatez. La primera, como ya se dijo, debe ser alejarse de filiaciones político-partidistas: se ha observado como, cuando el gobierno central dice abrir, algunos locales dicen cerrar; el sentido común se nublará cuando se tengan más a la vista las rivalidades y las ambiciones políticas que las condiciones de cada contexto, cuando seduzca más la elección inmediata que la toma de decisiones responsables y consensuada: desafortunadamente, la mayoría de la población sería la que tendría que pagar los platos rotos de este tipo de enfrentamientos que en ocasiones rayan en lo infantil.
Segundo, evitar considerar a un solo argumento como suficiente en sí mismo: razones como las afectaciones al aprendizaje o el cuidado de la salud, no deben ser excluyentes ni propiciar el sometimiento de uno sobre otro. Los argumentos no deben estar en la lógica de “estar conmigo o contra mí”. No se trata de hacer ganar una razón, la propia, sino dar cabida a la mayor cantidad posible de ellas: tarea compleja en una época desacostumbrada a matizar. Incluso un argumento tan válido e importante como el cuidado de la salud podría tomar una perspectiva diferente si se considera que, de acuerdo a ciertos estudios, la pandemia tardará en ser contenida al menos varios meses más; favorecer los aprendizajes es a todas luces válido, pero sería un error disociarlo de las condiciones de infraestructura escolar. Urge pensar con la cabeza fría.
El regreso a clases pareciera encerrar un dilema en torno a un cuestionamiento central que debería ser cuidadosamente valorado: ¿para qué está mejor preparada la escuela: para brindar una enseñanza a distancia de calidad con las limitaciones tecnológicas y culturales o para proporcionar condiciones de seguridad sanitaria en sus planteles ante una pandemia que desde varios meses tiene (y parece seguirá teniendo) arrodillado al mundo? Volver a clases podría poner en riesgo la salud, pero seguir la enseñanza remota continuaría profundizando afectaciones a los aprendizajes de un amplio sector del alumnado. Ambos argumentos son válidos, pero requieren verse frente a frente, priorizar en qué momento se enfatiza en uno y en otro. La pandemia ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de nuestro sistema educativo. Ojalá, por el bien de la niñez y la juventud, los actores políticos estén a la altura de una decisión tan trascendental como la reapertura de las escuelas.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
