Chihuahua.- Diputados locales de la bancada del PAN acudieron a los Juzgados Federales en virtud de presentar un amparo ante los juzgados federales, por la violación de los derechos humanos; Fernando Álvarez Monje, coordinador de la bancada del PAN indicó que de una forma u otra el Gobierno Federal tiene que entender que que con Chihuahua no se pueden meter y menos a la mala, como lo están haciendo.
«esto es un atentado a los chihuahuenses en general…», manifestó.
Álvarez Monje mencionó que los derechos de los productores han sido vulnerados, «nosotros los chihuahuenses somos México también y por lo tanto el uso de la Guardia Nacional es un atentado en contra de la actividad agrícola y por lo tanto de la derrama económica que se genera en esa actividad…pretender usar la Guardia Nacional en contra de nosotros es algo que no podemos permitir…tratando de abonar a la solución del problema es que invocamos a la justicia federal, haciendo valer lo que nocotros consideramos es un atentado en contra de los derechos humanos.»
El legislador indicó que la Guardia Nacional es una institución que debe de proteger a los mexicanos y no vulnerarlos, esto al referirse al asesinato de Yesi Silva y las lesiones provocadas a su esposo, Jaime Torres.
Señaló que de una manera institucional, haciendo uso de sus facultades están invocando un amparo colectivo en donde pretenden hacer valer el atentado en contra de los derechos humanos; manifestó que los diputados de la zona centro-sur han estado acompañando a los productores, además del acompañamiento de los legisladores de las diversas fuerzas parlamentarias en el Congreso estatal quienes hicieron una sesión en La Boquilla y una reunión de trabajo en Delicias; «queremos hacer patente una vez más con este acto, que de manera institucional pretendemos abonar a la solución del conflicto…»
Dijo que lo que buscan es que los Jueces le digan a la Ciudad de México, refiriéndose al Gobierno Federal, que con Chihuahua no se pueden meter y menos a la mala, como lo están haciendo.
Explicó que señalanm como responsables de los acontecimiento al titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Manuel Villalobos Arámbula, a la Directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, a la Cámara de Senadores, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entre otros.
Los derechos violentados serían: el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho al acceso a la información (se tiene una ferrea secrecía en el manejo de los datos duros de la extracción del agua), el derecho a la libertad, a la libre manifestación, a la paz pública, «entre ortos son los derechos que invocamos…»