Chihuahua.- La diputada Marisela Sáenz dio lectura al dictamen por medio del cual el Congreso exhorta a la Delegación en Chihuahua de la Fiscalía General de la República, para que le informe si existe algún estudio de factibilidad que sustente el alberge de las oficinas de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República en el inmueble ubicado en el Boulevard Antonio Ortiz Mena, donde alguna vez funcionó la tienda del ISSSTE en esta ciudad capital y de ser así les compartan el contenido.
La legisladora indicó que la Comisión determinó que en este problema no se alcanza a visualizar, al menos hasta este momento y con la información que contamos, que exista una afectación directa a alguno de estos grupos en donde la autoridad está obligada a consultarlos si se perpetua una posible afectación a sus intereses.
Comentó que en cuanto a que las instalaciones no cumplen con los requerimientos mínimos para operar, la comisión no podría, ni es el órgano competente para emitir juicios respecto a las exigencias de uso de suelo, si es que es el tema preocupante, y en caso de que el problema expuesto sea el mobiliario o infraestructura de la finca, está podría adecuarse a las necesidades requeridas.
MEncionó que de igual forma los problemas de movilidad o no, que pudiera generar la operatividad de la subdelegación en este edificio, es un hecho futuro de realización incierta que pudiera ser prevenido por las autoridades competentes.
Dijo que el asegurar que en las zonas aledañas a cualquier tipo de instalación policiaca se aumentan los índices delictivos, el iniciador no estableció fuente alguna que soporte esta afirmación, y la Comisión con los datos que existen en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no puede corroborar esta manifestación en contra de las instituciones policiacas.
Además señaló que, el iniciador refiere un estudio inmobiliario que asegura afectará la plusvalía de la zona, sin embargo la Comisión no tiene acceso a esa fuente, empero, el tema está en la especulación del mercado inmobiliario, por ende, no se podría tener certeza de la predicción financiera.
«Una vez expuesto todo lo anterior, pareciera que su propuesta es improcedente, sin embargo, mediáticamente hemos tenido conocimiento de las manifestaciones de los colonos que se oponen a la instalación de estas oficinas en la zona. Una de nuestras obligaciones como legislativo, es escuchar a la población que representamos, de ahí que al saber la existencia de colonos inconformes con el actuar de la autoridad, y toda vez que la iniciativa ha escuchado esas manifestaciones, está Comisión dictaminadora si bien ha referido que se trata de un asunto de índole federal, esto no es impedimento para que podamos exhortar y en su defecto, se nos informe si existe un estudio de factibilidad, en caso afirmativo, se nos comparta su contenido», finalizó.
