Por: Profr. José Luis Fernández Madrid
En una verdadera fiesta se ha convertido el proceso de cambios de adscripción de maestros y maestras del nivel básico; con pifias y omisiones desde la publicación de la convocatoria, hasta el momento reina la incertidumbre y la poca claridad sobre las formas y circunstancias en que se darán estos importantísimos movimientos.
Los diferendos entre las instituciones responsables de llevar a buen puerto dicho procedimiento aducidos para cambiar de nueva cuenta la fecha habla de que fue precipitado, desde el inicio, el anuncio realizado para realizar los cambios. ¿Qué no era primero sentarse a dialogar, consensar y aclarar lo pertinente?
La modificación de las fechas puede ser lo de menos, lo lamentable es que constantemente se esté jugando con la estabilidad del magisterio puesto que no es cosa menor el programar cambios de residencia para aquellos que resulten beneficiados; está de por medio la familia completa.
Quizá no se ha dimensionado el impacto que conlleva la definición total, absoluta y clara del proceso de cambio de adscripción; si los movimientos dentro de las propias ciudades resultan con ciertas complicaciones, llevar a cabo esto entre población y población o de ciudad a ciudad, la circunstancia resulta aún más estresante.
Una vez definidas las fechas, el proceso debe ser impecable en cuanto a logística, organización y transparencia, que no deje lugar a sospechas, malas interpretaciones o denuncias de favoritismos, mismos que deben ser desterrados mediante un mecanismo claro e inmaculado. Así, solo así, estará justificada tanta modificación, tanta falta de certeza.
Es verdad, la desafortunada pandemia que nos aqueja nos obliga a pensar en formas distintas de adaptación a la realidad actual, no obstante, los principios y valores que deben regir procedimientos que de por medio implican el bienestar familiar de la comunidad magisterial no deben ser trastocados de ninguna forma.
Esperemos que este y los demás procesos de organización que garanticen el derecho superior de los niños, niñas y jóvenes a recibir educación sean de conformidad a lo que establecen no solamente las normas sino la justicia.
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