Chihuahua. – Debido a la eliminación de los artículos referentes a la Educación Inclusiva que se contempló en la “armonización” de la Ley Estatal de Educación, la diputada del Partido del Trabajo, Deyanira Ozaeta Díaz presentó un posicionamiento que evidencia las leyes y tratados que se violaron al votar por la eliminación de los artículos que garantizaban la inclusión educativa para las niñas, niños y adolescentes del estado.
Durante su posicionamiento, la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, señaló que la iniciativa originalmente contemplaba varios de los conceptos dentro de su articulado, pero erróneamente fueron eliminados a través de reservas presentadas por un grupo de legisladores dejando sin garantía el derecho a la inclusión educativa, afectando gravemente a las personas que cuentan con alguna discapacidad, negándose un derecho que de manera constitucional y por medio de tratados internacionales les son inherentes.
En este sentido, agregó el marco normativo en la materia debe garantizar una educación gratuita y reconocer la inclusión como un derecho, es decir, deben asegurar que las personas con alguna discapacidad cuenten con una educación accesible y adaptable en condiciones de igualdad con los demás alumnos, por lo que se debe de contar con los adecuados accesos físicos a las escuelas y aulas, acceso a la comunicación y a una vida social.
Por ello, es que en días pasados el Ejecutivo Estatal remitió a este Congreso recomendaciones a fin de complementar dicha ley, es necesario que estos preceptos sean incluidos dentro de su cuerpo normativo.
Asimismo, Ozaeta Díaz, recordó que en el 2006 el Comité de los Derechos del Niño destaca la obligación de los Estados de garantizar que las personas, incluidas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, no queden excluidas del sistema de educación general por motivos de su condición.
“Se deben crear, implementar y aumentar los servicios de apoyo educativo para la atención en educación inclusiva, desarrollando acciones de sensibilización, capacitación y asesoramiento a la comunidad educativa en materia de atención a la diversidad, sin perjuicio del personal especializado para la atención educativa inclusiva. Y esto no debe verse como un generador de costos adicionales para el Gobierno, en aplicación del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades educativas”, indicó.
Por último, precisó que aún queda mucho por hacer para otorgar una educación inclusiva de calidad a las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad y a otros grupos vulnerables, que conforman la diversidad de estudiantes del Estado de Chihuahua.
