No al PIN parental

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Por: Prof. Andrés Octavio Varela Enríquez

Como de costumbre, nos gusta adoptar lo más feo y lo más extranjero. Tal es el caso del “Pin parental”.

Se trata de una iniciativa de Ley nacida en España, traída al norte de México, a uno de los lugares más conservadores del país: Nuevo León y, hoy con intenciones de ser aplicada en Chihuahua, también muy conservador.

¿De qué se trata esto?

Tal y como se planteó en España, por el partido político de extrema derecha “Vox”, el PIN parental es una solicitud que se hace a los centros educativos en donde las y los tutores piden que se informe previamente sobre cualquier materia, taller, charla o actividad que tenga que ver con temas de perspectiva de género, de tal manera que las y los tutores puedan dar su consentimiento para que el hijo/a asista o no lo haga, expresando una autorización.

Según Vox “los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos”. Y con esto, pretenden limitar los derechos educativos de las niñas, niños y adolescentes y restringir las prácticas educativas.

Me parece que este asunto significa retroceder muchos años en el tiempo, en materia de derechos humanos. A continuación, explico algunos de los principales puntos en los que sustento lo anterior:

La educación sexual, según especialistas, es una herramienta básica para detectar cuando un niño/a está siendo abusado sexualmente. Según la OCDE, México es el primer lugar de abuso sexual infantil con 4 millones y medio de niñas y niños abusadxs por año. Los principales agresores, lamentablemente, son los mismos familiares de las y los niños. Y, precisamente, son quienes decidirán que el niño o niña violentado/a no reciba educación sexual. Por lo tanto, el “PIN parental”, en muchos casos, sería una barrera para la detección del abuso sexual infantil.

Por otra parte, ya se ha dicho mucho que la orientación sexual no es un asunto que se pueda elegir. Desde los noventas, la Organización Mundial de la Salud reconoció –por fin- que la homosexualidad no es una enfermedad. Y esto nos ayuda a explicar por qué la intolerancia histórica y criminal de diversos grupos de la sociedad –muy desinformados- hacia la comunidad LGBTIQ. Aquí es importante mencionar que esta comunidad ha experimentado problemas de salud mental que incluyen depresión, el uso de sustancias, hasta el suicidio, entre otros, pero, esto se explica fundamentalmente a partir de la exclusión social, la discriminación, la violencia sistemática y la agresión que sufren en sus entornos sociales y familiares. Por ejemplo, en México las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años debido los homicidios en aumento y que son motivados por el odio.

Dicho esto, me parece muy importante que la educación que construyen las niñas, niños y adolescentes, tenga un enfoque científico y que promueva la diversidad como premisa fundamental de la vida. Hemos sido educados por la intolerancia y la indiferencia y esto se traduce en violencia hacia grupos vulnerables. Además, lamentablemente, los entornos escolares constituyen, en muchas ocasiones, un espacio temprano con altos niveles de acoso/violencia para lxs estudiantes no heteronormadxs.

Por otro lado, un aspecto fundamental de la educación sexual es su efecto en la prevención del embarazo adolescente. Eso ya está muy dicho, pero, es importante traer a la discusión que México, según la OCDE, tiene la mayor tasa de madres adolescentes respecto al grupo de países que pertenecen a este organismo, registrando en 2018, la cantidad de 77 embarazos por cada mil mujeres con edades comprendidas entre los 15 y 19 años. Por lo tanto, limitar el derecho de las y los adolescentes a recibir una educación que les ayude a informarse sobre las consecuencias que tiene un embarazo adolescente, me parece una gran irresponsabilidad.

Pasando al tema de la iniciativa de reforma, me sorprende sobremanera que quien la esté proponiendo, sea una diputada del PRI. Sí, el “revolucionario” PRI que hoy se viste de azul y que pretende golpear los avances que se tienen en el tema de la perspectiva de género y, sobre todo, en los derechos humanos que, además, están normados en las leyes de observancia local, nacional e internacional. Esto sólo evidencia, nuevamente, que existe una crisis de representación política. Porque, apegándonos a los valores que el PRI tiene como fundamentales en su proyecto de partido (independientemente de si éstos se cumplen o no), la propuesta que hace la diputada es totalmente contraria a la “orientación ideológica” expresa en su Declaración de Principios y que, supuestamente, defienden “el respeto, protección y garantía de las libertades individuales y de los Derechos Humanos” y están en contra de “cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana”.

Por otra parte, esta iniciativa de reforma a la Ley representa un riesgo para los derechos de las NNA, especialmente, para las niñas y las adolescentes, ya que es la educación sexual un beneficio directo para trascender la idea conservadora y tradicional de que la vida sexual de las mujeres se ajusta únicamente a los márgenes de un rol reproductivo. Por ello, esta iniciativa de reforma a la Ley es totalmente anti-mujeres o anti-feminista.

Por si fuera poco, tanto quien propone esta ley en Nuevo León como la diputada del PRI en nuestro estado, suponen que no hay evidencia científica que demuestre que la educación sexual tiene alguna utilidad. Y con esto, echan por la borda siglos de luchas de mujeres por recuperar el control de sus cuerpos.

Su propuesta, motivada en muchos casos por la ignorancia y el prejuicio, bajo la sospecha de que “la homosexualidad es una consecuencia de la educación sexual”, va en contra de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tal parece que las y los legisladores no han echado un vistazo a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y al gran número de leyes que protegen a las niñas y a los niños, precisamente, de este tipo de iniciativas.

Hoy, este grupo de personas ve con malos ojos que la Secretaría de Gobernación haya emitido un comunicado en el que se informa que las “Reformas estatales conocidas como “Pin Parental” vulneran los derechos de la niñez y adolescencia” y que, además, envíe un documento a los congresos locales de los 32 estados de la República en el que se exponen los criterios por los que esta iniciativa atenta contra el interés superior de la niñez.

Les parece una “intromisión” que las Secretarías de Gobernación, Educación y Salud, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), El Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y muchas otras organizaciones creadas para la protección de los derechos, denuncien que su iniciativa de Ley es un atraso.

Por último, la educación que imparta el estado no puede estar sujeta a la condición moralista de un sector de la población. Además, las niñas y los niños son sujetos de derechos, aún y cuando sus padres no estén de acuerdo. Y por lo tanto, tienen derechos que van más allá de los prejuicios de cualquier grupo de personas que tengan contradicciones con los avances de la ciencia. No está por demás decir que, según la Ley, las Autoridades Educativas están obligadas a “establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género”, así mismo, que “Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para, desde ello, contribuir a la construcción de una sociedad en donde a las mujeres y los hombres se les reconozcan sus derechos y los ejerzan en igualdad de oportunidades”, lo cual dicta La Ley General de Educación en sus artículos 9 y 29, respectivamente, y que busca dar cumplimiento a lo escrito en el Artículo Tercero de la Constitución Política en donde se especifica claramente que “Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral” además de incluir la “educación sexual y reproductiva”.

Por lo tanto, NO al “PIN Parental” que, además de ser un atentado al principio de progresividad de los derechos humanos, es inconstitucional.