Chihuahua, Chih.- A fin de reforzar y afinar los protocolos que se siguen en casos de atención a niñas, niños y adolescentes, víctimas de algún delito u omisión, dentro del municipio de Chihuahua, miembros del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal sostuvieron una reunión en las instalaciones de la Comandancia Norte.
El objetivo de la cita fue determinar el estándar sobre la manera en que las dependencias involucradas se coordinarán para actuar ante reportes al sistema de emergencias 9-1-1, referentes a posible maltrato u omisión infantil y adolescente y lo que deberán hacer en consecuencia desde el inicio hasta el final.
Ricardo García, representante del director de Seguridad Pública, explicó a los integrantes de SIPINNA el protocolo que hasta ahorita se sigue desde que una llamada de este tipo es recibida en la línea de emergencias, cómo se transmite a los radio operadores y finalmente a los policías que se encuentran en calle, que son quienes finalmente acuden al lugar del evento.
Además de tratar lo referente al tema en cuestión, los visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones de la Plataforma Escudo Chihuahua y conocer la moderna tecnología con que ésta cuenta y que en próximos días se sumará a la segunda etapa que será reforzada con cámaras en 70 por ciento de los planteles escolares para vigilar principalmente a los estudiantes de diferentes niveles.
En la reunión efectuada en las instalaciones de la Comandancia Norte, estuvieron presentes Alejandra Lara Rentería y Sonia Safa Herrera, del Centro Estatal de Fortalecimiento del DIF y la encargada de Investigación de SIPINNA, respectivamente, así como Raúl Cuevas Villarreal, coordinador estatal de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, de la Secretaría de Salud y Liliana Herrera, titular de la Unidad de Niñas, Niños y Adolescentes de la DSPM.
SIPINNA es un sistema creado para la alineación, transversalización, diseño e implementación de las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para la infancia y adolescencia en entidades de los tres niveles de Gobierno, para proteger y/o restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes.