Por: Rosalío Morales Vargas
El tiempo sigue su marcha inexorable y ya han pasado 68 meses de la tragedia de Iguala. Durante la lúgubre noche del 26 de septiembre de 2014 fue atacado bestialmente un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El resultado: 6 personas asesinadas y 43 normalistas sometidos a desaparición forzada. El país entero se conmocionó ante la noticia y casi de manera inmediata emergió un reclamo social para exigir la presentación con vida de los estudiantes.
No obstante los años transcurridos, su paradero es una incógnita y la impunidad sigue campeando. Desde entonces, incluso con los explicables altibajos de la protesta social, decenas de miles de personas nos hemos movilizado a lo largo y ancho de la república y más allá de sus fronteras; algunas veces en manifestaciones multitudinarias, otras, con presencia modesta en las calles, y ahora, por la emergencia sanitaria, a través de acciones comunicativas en las redes sociales, debido al confinamiento por la pandemia.
La exigencia sigue siendo la misma y no ha bajado de tono: la conminación al esclarecimiento de los hechos. Pero a pesar de que hay un nuevo gobierno que ha mostrado sensibilidad – reconocida ésta por las madres y padres de los muchachos – los avances son mínimos y totalmente insuficientes; la verdad y la justicia se muestran escurridizas y lamentablemente tardan en aparecer. No bastan los discursos del titular del ejecutivo, pues de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.
El drama social abierto con los acontecimientos sombríos de Iguala aún no termina, la angustia crece y el dolor no amaina. Lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 es un crimen de estado y de lesa humanidad. La connivencia, complicidad y contubernio entre autoridades civiles, cuerpos policiaco – militares, y delincuentes comunes, se mostraron a ojos vistas. Las preguntas que nos hacíamos hace más de un lustro siguen sin respuesta. ¿ Por qué el ataque, la felonía y la vileza? ¿Quién o quienes ordenaron la masacre? ¿Qué intereses hay de por medio para ocultar la verdad? ¿Desde que esferas se urdió la pifia de la llamada “verdad histórica?
La atrocidad cometida en Iguala hace 68 meses puso al desnudo la impudicia de un gobierno espurio y embustero al servicio del capital y la usura, al apetito del enriquecimiento irracional y desmedido. Recordar Ayotzinapa tiene un sentido enorme para las resistencias sociales en México; es el repudio a una política de exclusión y desprecio hacia los pobres, es la respuesta contundente al racismo, es poner un dique a la ofensiva contra el normalismo y la educación pública, es la repulsa contra la ocupación de territorios por los megaproyectos depredadores.
La evocación de Ayotzinapa manifiesta también la lucha por encontrar a decenas de miles de desaparecidas y desaparecidos en un país que deambula entre la violencia, el miedo y la incertidumbre. Es de sobra conocido, que los neoliberales dejaron en ruinas a nuestra patria, la convirtieron en escombros y en un gigantesco cementerio clandestino, pero esa herencia de dolor y muerte no puede ni debe continuar por un elemental sentido de justicia y por la salud emocional de la nación. Además es momento de poner el dedo en otra herida aún abierta: las desapariciones políticas que continúan impunes.
Las desapariciones por motivos de conciencia no son nada nuevo en México, tampoco se iniciaron en el sexenio de Peña; la recurrencia en su uso con ferocidad y saña data desde antes de la entronización del modelo neoliberal. Las y los militantes del movimiento armado socialista las sufrieron en carne propia. Existe el registro de 850 detenid@s – desaparecid@s en el período del acoso al movimiento guerrillero, en la llamada guerra sucia o asimétrica durante las décadas de los años setenta y ochenta. Los organismos policiaco – militares del estado no tuvieron contemplaciones para combatir la disidencia política.
La indagatoria para conocer el sitio donde se encuentran estos militantes que se alzaron contra los gobiernos despóticos la han efectuado de manera heroica las doñas del Comité Eureka y otras organizaciones de familiares, siendo el requerimiento su presentación con vida, ateniéndose a los protocolos de la ONU en materia de desapariciones de que “ la búsqueda de una persona desaparecida debe realizarse bajo la presunción de vida, independientemente de las circunstancias y fecha de la desaparición”; reconociendo, sobremanera y sin cortapisa alguna la dignidad de las víctimas.
Por los trágicos acontecimientos de Iguala en 2014, Enrique Peña Nieto será recordado de manera similar a Gustavo Diaz Ordaz por Tlatelolco en 1968 y Luis Echeverría Álvarez por el Jueves de Corpus en la Calzada México – Tacuba en 1971. El gobierno actual emanado de la insurrección cívica y el aluvión electoral de 2018 y que cuenta con amplio respaldo popular debe resolver en un tiempo perentorio el caso Ayotzinapa, so pena de diluir su prestigio y caer en el descrédito, amén de que la sociedad agraviada tiene que seguir con su demanda indeclinable.¡ Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
