– Gobierno federal debe revisar las políticas de prevención, atención y sanción para atender la violencia contra las mujeres y niñas
– Urgente la implementación de acciones con perspectiva de género que disminuyan la violencia contra las mujeres y niñas en medio de la pandemia de COVID 19
– CONAVIM, ausente, insensible e inoperante
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) expresa su rechazo a la negación de la violencia contra las mujeres en tiempos de cuarentena y advierte la omisión e inoperancia de instituciones federales, lo que podría agudizar la violencia que viven mujeres y niñas mexicanas.
En días pasados , el Presidente de la República aseguró que “no ha aumentado la violencia contra las mujeres en cuarentena, hay mucha fraternidad familiar”, sin embargo el 8 de marzo las manifestaciones masivas evidenciaron la gravedad de la violencia contra las mujeres y que ésta se presenta tanto en el ámbito público a través de la violencia comunitaria, como en el ámbito privado, a través de la familia y por parte de personas cercanas a ellas.
El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el 25 de abril de este año, informó que de enero a marzo han sido asesinadas 960 mujeres, de los cuales solo 240 de los casos se han investigado como feminicidio.
Como OCNF, red nacional conformada por 44 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 24 estados de la República, hemos identificado que el confinamiento coloca a las mujeres, niñas y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Tan solo en el primer trimestre del año, las propias autoridades federales registraron 67 mil ochenta y un llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres: 19,183 en enero, 21,727 en febrero y 26,171 en marzo, es decir: 56% más que en el primer trimestre de 2019, en el que se registraron 42,896.
Es decir, un aumento de 24 mil 185 llamadas de emergencia. Este número refleja solamente a las mujeres víctimas de violencia que pudieron hacer una llamada (pues están conviviendo con el agresor, quien suele incomunicar a la mujer y a menudo confiscarles el teléfono).
Las llamadas, fueron confirmadas por el SESNSP como reales y son relacionadas con violencia familiar, violencia de pareja, violación, abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual.
Por otra parte, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios A.C. “los 69 espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta se encuentran al 80 o hasta el 100% de su capacidad y no se han proporcionado recursos extraordinarios para que hagan frente a la contingencia sanitaria”.
En el caso de los feminicidios, el promedio de mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año es de 10.54 mujeres al día.
Frente al contexto de la pandemia del Coronavirus, el OCNF ha documentado que debido al confinamiento la violencia contra las mujeres se ha agudizado.
Al quedarse sin trabajo, la mayoría de las familias viven contextos de preocupación, falta de empleo, falta de alimentos, economías precarias, etc. lo que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y niñas al enfrentar diferentes tipos de violencia, como: económica, psicológica, emocional, física, sexual e incluso feminicida.
A ello, se añade la imposibilidad de que puedan denunciar las agresiones en su contra. Y quienes se atreven a ir enfrentan la negación de las autoridades para tomarles la denuncia. Hemos documentado también el incumplimiento de obligaciones de las pensiones alimenticias, sustracción de menores, retos, incumplimiento y riesgo para el cumplimiento de la guardia y custodia de menores.
A pesar de este preocupante contexto, la CONAVIM, una de las instituciones encargadas de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, prevalece ausente, insensible e inoperante. Evidencia de ello es que más que acciones estructurales, contundentes y tangibles en esta cuarentena, ha difundido la información que fomenta y reduce a las mujeres a la realización de acciones que reproducen los estereotipos de género como la difusión de recetas de cocina, la responsabilidad de los cuidados familiares, etc. en vez de tener una intervención estratégica conforme a su mandato de atender, prevenir y sancionar la violencia feminicida, que va en aumento a nivel mundial.
Lo anterior evidencia que la CONAVIM no dimensiona la problemática o simplemente no le interesa abonar para contribuir a disminuir la violencia que atenta contra la vida de más del 50% de la población, lo cual es su deber fundamental.
Cabe recordar que el 84% de las entidades del país ha solicitado la Declaración de Alertas de la Violencia de Género, es decir 28 estados y formalmente el 62 % del territorio nacional se ha declarado en Alerta de Violencia de Género por la propia Secretaría de Gobernación.
A pesar del evidente contexto de violencia feminicida en México, desde inicios de este año, diferentes actores políticos como el Fiscal General de la República (FGR) o el Titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), han manifestado la intención de modificar el tipo penal de feminicidio, proponiendo incluso su desaparición, lo que significa un brutal retroceso.
Ante una doble pandemia actual, que vulnera aún más a las mujeres, como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales:
-Generen mecanismos de fácil y urgente acceso a las órdenes de protección para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres mexicanas.
-Impulsen medidas urgentes y extraordinarias para que las mujeres, sus hijas e hijos prevalezcan en sus casas mientras que sus agresores salgan de los hogares para frenar dicha violencia, ya que muchas veces no tienen alternativas, redes familiares o si las encuentran, se exponen a contagiarse de Coronavirus.
-Realicen rondines constantes en comunidades y ciudades, particularmente en los domicilios de las mujeres que cuentan con órdenes de protección.
-Difundan de diversas formas y medios el nombre, contacto, dirección y horarios de atención de las instancias encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia, tomando en cuenta la perspectiva intercultural, para que pueda ser accesible a la mayoría de las mujeres.
-Etiqueten presupuestos adicionales para atender los impactos negativos de la pandemia en la vida de las mujeres e infantes. Reprobamos cualquier intento de reducción a los presupuestos destinados para atender a las mujeres que sufren violencia como el negado a las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMI) el pasado 3 de abril 2020.
-Den a conocer las acciones que están implementando para combatir la violencia comunitaria.
-Exhortamos a los operadores de justicia a continuar las audiencias, aunque sea de manera virtual, pues lo que estamos viviendo no es un periodo vacacional. Es necesario que encuentren los métodos necesarios y seguros para no postergar el acceso a la justicia de las mujeres.
-Exigimos a la CONAVIM haga público el plan de acción que emprenderá para atender a las mujeres en el contexto de la pandemia del Coronavirus. Es necesario que a la brevedad informe el estado actual de la implementación de las 20 Alertas de Violencia de Género (AVG) declaradas y las 6 que están pendientes. Es importante dar seguimiento a las AVG y que las reuniones de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinario (GIM) se realicen, al menos por internet, para evitar continuar abonando a la prevalencia de la violencia feminicida en México.
-Exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas atiendan de manera prioritaria a las víctimas tomando en cuenta el contexto actual que enfrentan familias enteras.
-Garanticen el acceso a la Norma 046 para que el derecho a decidir de las mujeres sea garantizado.
-Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados/as y al Senado de la República que las modificaciones al tipo penal del feminicidio y a la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) sean progresivas y sin retrocesos.
-A las mujeres feministas y defensoras de los derechos humanos en distintos espacios de gubernamentales de poder, les pedimos incidir para que los derechos de las mujeres no sean vulnerados y violentados.
Como OCNF hemos documentado ataques y agresiones contra defensoras de los derechos de las mujeres en este contexto, por lo que exigimos garantías de seguridad y acciones de prevención para que las medidas implementadas en el marco del COVID no restrinjan las garantías individuales como defensoras ni de las personas que acompañamos.
Asegurar que “hay mucha fraternidad familiar” significa mitificar la violencia y reproduce estereotipos de género que tienen a las mujeres en la opresión y las acciones que las autoridades implementen pueden
marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es necesario que el Gobierno Federal y las/los
servidores públicos del país dimensionen que la violencia feminicida también es una situación grave y urgente.
ATENTAMENTE
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformado por:
Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes;
Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges;
Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género;
Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM;
Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a
Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Juárez;
Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental;
Ciudad de México: Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos; Red Mujer Siglo XXI; Justicia Pro Persona A.C.; Justicia Derechos Humanos y Género; Cátedra Unesco de
Derechos Humanos de la UNAM;
Estado de México: Visión Mundial de México; Red de promotoras de Ecatepec; Familiares en búsqueda de Justicia del
Estado de México;
Hidalgo; Servicios de Inclusión Integral AC SEIINAC;
Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”;
Guerrero: OBVIO Guerrero AC;
Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México);
Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.;
Nuevo León: ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.;
Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma
Gandhi; Colectivo Bolivariano; “Yureni” A.C;.
Puebla: Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J;
Quintana Roo: Maya sin Fronteras;
Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico Sinaloense;
Sonora: OCNF Sonora;
Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco;
Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local;
Colectivo Mujer y Utopía, A.C.;
Veracruz: Red Nacional de Periodistas;
Yucatán: Ciencia Social Alternativa, Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia A.C.;
Zacatecas: Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas. A C
