-64 plantas ya cerraron en Juárez ante contingencia por COVID-19 y entre las 96 activas también hay 33 de actividades esenciales y 35 con algún proceso considerado esencial
-De 300 mil operadores, 180 mil ya habrían parado y 116 mil seguirían trabajando
Chihuahua, Chih.- La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Ana Luisa Herrera Laso, informó este viernes que en Ciudad Juárez serían 64 las industrias maquiladoras de las más importantes que ya cesaron su actividad atendiendo a las restricciones gubernamentales por el COVID-19, mientras que otras 96 maquiladoras aún seguirían laborando, entre ellas 28 dedicadas a actividades no esenciales que serán conminadas por las autoridades a cerrar de inmediato. De 300 mil empleados, 180 ya estarían resguardados y 116 mil seguirían laborando.
Herrera Laso señaló que en Ciudad Juárez contaban con una muestra de 160 industrias que emplean a alrededor de 300 mil trabajadores, precisando que, de éstos, 180 mil ya están inactivos y 116 mil continúan laborando.
Afirmó que ya habrían constatado que 64 plantas ya habían sido cerradas o cesado sus actividades, mientras que 96 seguirían operando, 33 realizando actividades esenciales según el decreto federal, otras 35 albergando algún proceso de elementos esenciales y 28 industrias que no realizarían actividades esenciales, éstas últimas a las que estarían solicitando el cese de actividades.
La titular de la STyPS informó que desde el pasado lunes, en conjunto con la Inspección de la Unidad de Trabajo Digno Federal, iniciaron una exhaustiva ronda de revisiones a industrias y solicitado el cierre a los centros de trabajo que no habían cumplido con las restricciones federales.
Afirmó que ayer mismo se solicitó el cierre de algunas empresas y sin resistencia acataron, y que hoy se estaría haciendo lo mismo dando continuidad a esa labor.
Respecto al proceso que se sigue, Ana Luisa Herrera señaló que si la actividad que realizaba la industria no estaba contemplada como esencial en el decreto federal y ésta no había cerrado, se procedía al levantamiento de un acta. Si la autoridad que lo hacía era local, manifestó, ésta daba vista a la Inspección de Trabajo Digno Federal, ésta a su vez a la autoridad sanitaria en caso de que la dirección de la industria se opusiera o resistiera al cierre, y en caso de ser necesario podría darse el caso de que se reportaran los hechos al Ministerio Público, advirtiendo que existían sanciones precisas e incluso la posibilidad de que este incumplimiento a disposiciones federales pudieran configurar delitos.
