Chihuahua.- El diputado Omar Bazán demandó al gobernador Javier Corral no solo revisar los acuerdos de la Convención Nacional Hacendaria de 2004 sino promover un nuevo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, bajo los principios de equidad y proporcionalidad, y bajo el respeto del federalismo.
Sostuvo que hoy es una prioridad asignar a los gobiernos locales un incremento del fondo de participaciones, transfiriendo mayores responsabilidades recaudatorias para fortalecer la independencia financiera en los estados.
Es claro que se ha dejado de lado el tema del federalismo y a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados limitan sus potestades fiscales a favor de la Federación a cambio de obtener ingresos fiscales de ésta, lo que ha propiciado un centralismo exacerbado que atenta contra el sistema democrático de México.
Pero además, dijo el legislador priista, “para enfrentar la crisis financiera que se prevé por la pandemia global, es indispensable que se fortalezcan la finanzas del país en un gran acuerdo que fortalezca el federalismo y que la Convención no sea un mecanismo para alinear las políticas ficales a los estados, sino que en plena libertad se diseñe una nueva estructura fiscal”.
En una iniciativa para que el Congreso exhorte al gobernador revisar los acuerdos nacionales y promover una nueva política fiscal, recordó que en febrero de 2004, se inauguró en la Ciudad de Querétaro la Primera Convención Nacional Hacendaria (CNH), evento en el que concurrieron todos los órdenes de gobierno de México junto con la sociedad civil para discutir los mecanismos de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Hoy se impone la construcción de un federalismo renovado que genere una nueva corresponsabilidad política, económica y administrativa entre los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, que se traduzca en más y mejores servicios para los ciudadanos.
“Una reforma hacendaria que conlleve al fortalecimiento de sus haciendas públicas y a la solidez financiera del país, condición necesaria para impulsar en forma sostenida el crecimiento económico, la inversión y el empleo, así como el desarrollo equilibrado de la nación; una reforma hacendaria que garantice la total transparencia en la ejecución de los recursos aportados por los contribuyentes”, destacó el diputado Omar Bazán al referirse a los objetivos centrales de los acuerdos fiscales.
La Federación controla alrededor del 80% de los ingresos fiscales totales generados en el país, lo cual ha provocado una dependencia financiera de los estados y de los municipios de las participaciones y aportaciones de los ingresos federales.
La Ley de Coordinación Fiscal prevé la conformación de varios tipos de fondos participables:
Fondo General de Participaciones, compuesto por el 20% de la recaudación federal participable, que es la cantidad que obtiene la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos y demás fuentes de ingresos excluidas por la propia Ley de Coordinación Fiscal.
Este fondo se distribuye de la siguiente forma:
El 45.17% del mismo, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.
El 45.17, en términos de un coeficiente que toma en cuenta la eficiencia recaudatoria de cada Estado, premiando a los que recaudaron más.
El 9.66% restante se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada Estado, conforme a los dos criterios anteriores para compensar la proporción.
El Fondo de Fomento Municipal se integra con una fracción de 1% de la recaudación federal participable, que corresponde a los municipios del país y es distribuido conforme a la fórmula del artículo 2-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
Los recursos de este fondo no son entregados directamente a los municipios, sino a los gobiernos de los estados, y son éstos quienes se encargan de transferirlos a los municipios.
Por otro lado, la Ley de Coordinación Fiscal prevé otro tipo de transferencias de la Federación a los estados, que constituyen “aportaciones”, que son recursos que la Federación transfiere a los estados y municipios, condicionando o etiquetando su gasto, a un objetivo previsto para cada tipo de fondo, lo que de suyo merma la libertad de las haciendas estatales y municipales para disponer de los recursos públicos para solventar sus necesidades presupuestales:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
Fondo de Aportaciones Múltiples
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
