Juárez, Chih.- La denuncia pública del profesor Huitzilíhuitl Alejandro sobre su cese el pasado viernes como Inspector de la Zona Escolar 62 de Secundarias Estatales en Ciudad Juárez, volvió a poner sobre la mesa el nombre del titular de la Coordinación de Educación Zona Norte, Bernardo ErnestoValdez Talamantes, a quien conocedores en la materia señalan de ser juez y parte al estar violentando la legislación desde que asumiera el cargo el 21 de febrero de 2017 por, presuntamente, estar cobrando una compensación como comisionado por su encargo público y al mismo tiempo el salario por su plaza, a la cual nunca renunció, en la Unidad de Servicios Técnicos Educativos de Ciudad Juárez (C.T. 7109), centro de trabajo que, por cierto, habría desaparecido con la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Los entendidos sostienen que Valdez Talamantes violaba anteriormente el artículo 78 de la LGSPD y en la actualidad el Décimo noveno transitorio de la nueva ley, mismos que tienen por propósito acabar con las comisiones. Es por ello que aseguran que si hay alguien al que la autoridad educativa debería cesar es al propio titular de la Coordinadora de Educación Zona Norte.
Docentes que conocen la trayectoria de Bernardo Valdez informaron que éste contaría con una Licenciatura o una Ingeniería en Sistemas, estudió la Normal Superior y de ahí ingresó a la plantilla laboral de la Coordinadora de Educación Zona Norte, en la etapa que estaba al frente de la misma el profesor José Alfredo Chávez Ruiz (1995- 1998), durante el gobierno de Francisco Barrio que concluyó en 1998.
De ahí Bernardo Valdez habría recibido plaza en la Unidad de Servicios Técnicos Educativos (USTE) en Ciudad Juárez, como asesor en Tecnologías para el Nivel de Secundarias. Cuentan que “todos los días que estuvo ahí” –como mínimo de 2005 hasta 2015- 2016 – el profesor contaba con un trato de favor, en forma de permiso, para salir a las 12:30 horas del mediodía para trabajar en un colegio particular, el Colegio Hispano Americano, incumpliendo el horario oficial.
Con la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la llegada de la figura de los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP´s) por concurso, la USTE habría perdido su sentido, en la práctica habría dejado de operar, y el personal de la misma habría sido reubicado.
No obstante, no todos lo habrían sido, pues años después de dejar de estar en funcionamiento, el sistema arroja que aún habría tres personas adscritas a la Unidad de Servicios Técnicos Educativos y cobrando por esa plaza, entre ellos, presuntamente, el propio Bernardo Valdez Talamantes, quien aún figura como adscrito al centro de trabajo con clave 7109 y cobra con clave presupuestal en la Secretaría de Hacienda 360710941030232HPS.
En base a esta información, además de seguir cobrando por una plaza de un centro de trabajo que ya no existiría, no pidió, tal como lo exigía y lo exige la ley, licencia a la misma sin goce de sueldo cuando el 21 de febrero de 2017 tomó protesta como titular de la Coordinadora de Educación Zona Norte de la mano de Pablo Cuarón, Judith Soto y Alfredo Attolini en sustitución de Claudia Silva. Situación ésta que prevalecería aún en la actualidad, donde supuestamente seguiría cobrando por su plaza de asesor en la USTE y aparte una comisión por su encargo en la administración estatal.
Si bien con anterioridad el tema de la doble función o comisión no estaba regulado por ley, esta situación cambió, al menos sobre el papel, con la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente en 2013 y en particular con el artículo 78 de la misma que establecía expresamente: “Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del Servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.
Un impedimento al que dio continuidad la nueva Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que es incluso más explícita al hablar de adscripción y que en su artículo Décimo noveno Transitorio establece que “A la entrada en vigor de la presente ley, no se autorizará la adscripción de personal con plaza docente en centros de trabajo administrativo. Con la finalidad de fortalecer el servicio público educativo, las plazas docentes vacantes que generen en centro de trabajo administrativo, deberán ser reubicadas en un centro de trabajo para el desempeño de funciones, directivas o de supervisión, en su caso.”
Ante esta situación, hay quienes reclaman al profesor Bernardo su actuar y le recuerdan aquellas declaraciones que realizó el día de su toma de protesta como titular de la Coordinadora de Educación Zona Norte señalando que “hoy la tarea es darle una directriz en esta época a la educación, en la cual nos marcan retos, como los que marca el servicio profesional docente, que los maestros estén perfilados y que todos los trabajadores de la educación cumplan con todas sus responsabilidades”.