Chihuahua, Chih.- La entrega del Tercer Informe de Gobierno 2016-2021 del Gobernador Javier Corral Jurado se distinguió por los resultados obtenidos en materia de transparencia y participación ciudadana, para lo cual la colaboración de la Secretaría de la Función Pública ha sido medular para destacar en dichos rubros.
El combate a la corrupción no solo deberá enfocarse en las auditorías, investigaciones y judicializaciones de los casos, sino que, la prevención de prácticas indebidas y el fortalecimiento de la ética pública, así como de la transparencia, que cierran los espacios a la discrecionalidad y por ende, a los posibles actos de corrupción.
Ejemplos de las tareas realizadas por la SFP Chihuahua en este sentido, resaltan en el Tercer Informe de Gobierno:
- Este año se recibieron 30 mil 931 declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de intereses de servidoras y servidores públicos del Gobierno del Estado.
- Se dio seguimiento puntual a 324 procedimientos de licitación pública, invitaciones a tres proveedores o contratistas y adjudicaciones directas, de los cuales 129 fueron motivo de observación o recomendación.
- Se tramitaron 25 inconformidades de proveedores y contratistas e intervenciones de oficio en materia de adquisiciones y obra pública, así como siete conciliaciones, y se abrieron a trámite cinco procedimientos de sanción a proveedores.
- Se transparentaron los gastos de comisiones de las y los funcionarios en la Plataforma de Comisiones Abiertas del INAI. Al 2019 se han publicado 90 mil 233 viáticos correspondientes a esta Administración.
- Con la consolidación del Programa de Ética Pública, se logró la capacitación de 101 mujeres y 92 hombres, siendo 193 servidores públicos capacitados en temas de inducción a la ética y programas éticos.
La emisión de normativas al respecto garantiza que el cumplimiento de estas políticas de buen gobierno, permanezca y trascienda las administraciones venideras, como las Leyes de Participación Ciudadana, de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, el Código de Ética Pública, y otros, que son los principales instrumentos para prevenir la corrupción.
Este Gobierno promueve e impulsa la participación con entidades y organizaciones de la sociedad civil como elemento esencial para el desarrollo de políticas públicas en materia de ética, integridad y anticorrupción, puesto que un combate a la corrupción eficaz y eficiente, es una tarea que se desarrolla en sinergia, entre sociedad y gobierno.