Chihuahua, Chih.- Durante la presentación a la sociedad de su Tercer Informe de Gobierno en el Centro de Convenciones, el gobernador Javier Corral Jurado destacó que Chihuahua avanzó en su propósito de ser el Estado que mejor cuida a sus niñas y a sus niños. Entre otras acciones el mandatario hizo hincapié en el apoyo con 20 millones 780 mil pesos a 158 estancias infantiles de 19 municipios para hacer frente a la cancelación del apoyo por parte del Gobierno Federal, en una decisión que recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este apartado, se señaló que desde la administración estatal se otorgaron apoyos económicos a diversos centros de atención infantil en Ciudad Juárez, en beneficio de 2 mil 523 niñas y niños, con una inversión de 20 millones y de 8 millones 438 mil 245 pesos en el resto del estado, para beneficiar a 2 mil 595 niñas y niños y adolescentes.
De manera emergente, para que continuaran prestando el servicio, ante la cancelación del apoyo por parte del Gobierno Federal, se apoyó a 158 Estancias Infantiles en 19 municipios con un total de 20 millones 780 mil pesos, en beneficio de 4 mil 600 niñas y niños; de los cuales 6 millones 230 mil pesos se destinaron en Ciudad Juárez.
El informe señala que al llegar al gobierno se encontraron con que no se apoyaba a los niños y niñas en ninguna modalidad de cuidado infantil, mientras que hoy se superan los 10 mil infantes.
Para cumplir con la ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se crea la Unidad de Centros de Atención Infantil
(UCAI), que es el área específica para atender los aspectos vinculados a la vigilancia y supervisión de los Centros de Atención Infantil (CAI) y la capacitación del personal.
Apegados al Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Centros de Atención Infantil, se elabora el Programa Estatal de Supervisión, herramienta que deberá garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los servicios en materia de cuidados infantiles. El sistema ayudará a detectar y corregir oportunamente cualquier riesgo para la integridad física o psicológica de niñas, niños y adolescentes y quienes presten sus servicios.
