Chihuahua, Chih.- Presentará Consejería Jurídica recurso de reclamación, después de que la Suprema Corte le notificó dos acciones de inconstitucionalidad contra las Leyes de Ingresos que permiten cobros del DAP y de la sobretasa conocida como impuesto universitario
El Gobierno del Estado de Chihuahua defenderá los ingresos de las universidades y los ayuntamientos frente a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó el consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés.
Dijo que se inició el estudio de la argumentación de fondo, para enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la contestación antes de un plazo legal de 15 días hábiles, aunque de manera inmediata se usará un recurso de reclamación para que se debata si las acciones fueron bien admitidas por la propia Corte.
Explicó que de manera inmediata, antes del viernes 28 de febrero, se presentará el recurso en contra de la admisión de las acciones de inconstitucionalidad que fueron notificadas a la Consejería Jurídica del Estado, por parte de la SCJN, el pasado viernes 21 de febrero.
“Vamos por la legalidad, vamos a demostrar que de ninguna manera hay motivo para la anulación de la Ley de Ingresos en los conceptos que ellos impugnan.
Creemos que tenemos la verdad legal y la vamos a hacer valer ante la Suprema Corte para que no haya ningún perjuicio ni a las universidades, ni a sus alumnos, ni a los municipios, ni a sus habitantes que se ven reflejados en los servicios públicos”, expresó.
Detalló que una de las acciones fue promovida por el consejero de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, encaminada a tratar de que, de alguna manera, se declare la ilegalidad de la llamada sobretasa del 4 por ciento, destinada a las universidades.
Espinoza Cortés dijo que la Consejería de la Presidencia argumenta que viola varios principios de equidad, de proporcionalidad tributaria, y “el más extraño de todos es pretender ponerle un orden jurídico al Estado de Chihuahua, así lo dice expresamente la acción”.
Agregó que la segunda acción de inconstitucionalidad la presentó la titular de la CNDH, Rosario Piedra, con el objetivo de anular el Derecho de Alumbrado Público (DAP) y otras leyes que desde su punto de vista consideran que violentan los derechos humanos de la ciudadanía.
“Es inédito que la CNDH presente una acción de inconstitucionalidad combatiendo una Ley de Ingresos. Es algo completamente extraño, de entrada, porque cuál sería el interés de dejar a los municipios sin un ingreso, y no solo eso, hay ahí otros conceptos que están impugnando, pero pues yo no veo eso de que se trasgreda algún derecho humano de alguien, que es la naturaleza de la CNDH”, expuso.
Observó que lo que básicamente están combatiendo las dos acciones, son las leyes mediante las cuales, ayuntamientos y universidades recaudan fondos: “eso es lo más delicado”.
Indicó que se revisará la suma concreta de lo que representaría dejar de percibir esos ingresos, pero adelantó que nada más en el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua, implica la pérdida de al menos 100 millones de pesos menos.
En la misma proporción está el DAP para los municipios, pues son cantidades significativas que se ejercen en infraestructura y cuya eliminación afecta también a los ciudadanos, agregó el funcionario.
Consideró que de prosperar las acciones de inconstitucionalidad, se trataría de un golpe muy fuerte en las finanzas de las universidades y los municipios del Estado de Chihuahua, con afectación en los apoyos para los estudiantes.
Destacó que además de carecer de fundamentos, es incomprensible la motivación, tanto de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, como de la CNDH, e incluso pareciera que “están de acuerdo, porque al mismo tiempo presentan las acciones de inconstitucionalidad”.