- El estado de Chihuahua ocupó el lugar 11 por el delito de feminicidio durante 2019, con una tasa del 1.52 por cada 100 mil mujeres.
- Es Ciudad Juárez el municipio con mayor incidencia a reportar 39 casos de 2017 a 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Código Penal del estado de Chihuahua establece que a quien prive de la vida a una mujer por razones de género se le impondrá una pena de 30 a 70 años de prisión, así como la reparación integral del daño.
Durante 2019 en el país se registraron 976 presuntos feminicidios de los cuales 29 se perpetraron en Chihuahua, colocándolo en el lugar 11 a nivel nacional en este delito.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, a septiembre de 2019 se documentaron 2 mil 833 asesinatos de mujeres en el país, considerándose presuntos feminicidios 726. En Chihuahua, la asociación Justicia para Nuestras Hijas citada por el mismo Observatorio había enlistado 153 homicidios dolosos en contra de mujeres de enero a octubre de 2019, quedando sin especificar cuáles de ellos entran dentro de la clasificación de feminicidio.
En el 2019, el estado de Chihuahua ocupó el lugar 11 según el SESNSP al reportar una tasa de 1.52 casos por cada 100 mil mujeres. Las ciudades de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc aparecen dentro de las 100 ciudades del país con presuntos delitos de feminicidios registrados de enero a diciembre de 2019; con una tasa de 1.65, 1.87 y 3.26 delitos – respectivamente – por cada 100 mil mujeres.
Según el mismo SESNSP, es Ciudad Juárez el municipio del estado con más casos registrados de presuntos feminicidios al sumar 39 durante los años 2017, 2018 y 2019; la ciudad de Chihuahua registró 24 feminicidios, mientras que Cuauhtémoc sumó 5 en el mismo periodo.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua indicó que de noviembre de 2017 a diciembre de 2019 hubo 57 imputados por el delito de feminicidio, de los cuales se sentenció a 26 personas en el estado.
Casos recientes.
Un caso que ha tomado relevancia a nivel nacional fue el de Ingrid Escamilla acaecido en la Ciudad de México el 9 de febrero del presente. Ella fue asesinada por su pareja quien luego de su confesión, fue detenido.
El evento más reciente suscitado en la ciudad de Chihuahua que, de acuerdo con las autoridades, es investigado por feminicidio es el de una mujer localizada sin vida el pasado lunes 11 de febrero en la colonia Valles de la Madrid.
La violencia en contra de las mujeres por parte de su pareja es de las más recurrentes; al menos, así lo arrojó la Encuesta sobre prevalencia de violencia familiar y sexual impulsada por el Observatorio Ciudadano de FICOSEC, en el 2019 el 6.1% de las mujeres entrevistadas mencionaron sentirse maltratadas por su pareja durante el último año; asimismo, el 18% de las mujeres manifestó que recibió algún tipo de violencia por parte de su pareja.
Violencia familiar, ¿cómo se comporta el delito en Chihuahua?
El delito de violencia familiar es comúnmente asociado al delito de feminicidio, por lo que FICOSEC se ha interesado en colaborar con las autoridades con la intención de dimensionar la problemática y estructurar con diferentes instancias, estrategias de atención a la violencia familiar; de esta manera se pretende frenar la escalada de violencia al interior de los hogares.
Las carpetas de investigación abiertas por violencia familiar durante 2018 sumaron 11 mil 227 en el estado de Chihuahua, colocándolo a nivel nacional en el quinto lugar; mientras que, en 2019 las carpetas por este delito fueron 10 mil 968 ubicándolo en el décimo lugar.
En cuanto a la participación de FICOSEC, desde el Observatorio Ciudadano se elaboró un flujograma de atención a la violencia familiar y sexual que ayuda a los operadores del sistema de atención a comunicarse adecuadamente. Además, en el tema de niñas, niños y adolescentes se diseñó –junto con otras dependencias gubernamentales– un protocolo de comunicación cuando se advierta una supuesta vulneración a los derechos de la infancia.
Violencia hacia niñas y adolescentes.
Según la Encuesta sobre prevalencia de violencia familiar y sexual en el estado de Chihuahua de FICOSEC, el 26% de las mujeres de 10 a 16 años encuestadas sufrieron algún tipo de violencia durante el 2018.
De acuerdo con esta encuesta, son las niñas y adolescentes de 12 y 14 años quienes más la han padecido con un 66% con respecto del total; sólo el 24% de los padres de las niñas y adolescentes que han sido violentadas ha denunciado el hecho ante las autoridades, es decir, 1 de cada 4 incidentes es denunciado.
De quienes denuncian la violencia contra niñas y adolescentes lo hacen principalmente ante el Ministerio Público o Fiscalía (44%), seguido de otras instituciones como autoridades escolares (26%), la Policía Municipal (20%), o institutos de la mujer (8%).
Las razones del por qué no se denuncia este delito, el 28% de los encuestados mencionó que no se quiere meter en problemas, mientras que el 20% dijo que el denunciar no resolverá el problema; el 14% dijo que la denuncia no cambiará las cosas, en tanto que un 11% señaló que no sabe cómo hacerlo, porcentaje similar mencionó que no lo hacía por otras razones.
El cuidado de menores y la falta de protocolos de seguridad.
A raíz de lo sucedido en la Ciudad de México con la desaparición y posterior muerte de la menor, Fátima N., se desataron una serie de cuestionamientos tanto a las autoridades encargadas de brindar seguridad como a las autoridades educativas.
En el estado de Chihuahua no se ha definido un protocolo de actuación que derive de lo señalado en la Ley de Seguridad Escolar y que pueda atender, entre otras medidas, los delitos de carácter sexual y violencia de género.
A nivel nacional existe un Manual de protección de seguridad escolar que señala dentro de su objetivo mantener a salvo de lesiones, daños y pérdidas a las y los menores; no obstante, queda inconclusa –ante cualquier tipo de riesgo– la actuación de las autoridades educativas.
Es así como, ante la inexistencia de un protocolo de seguridad, instamos a las autoridades educativas y de seguridad pública a la construcción de una estrategia que defina e instruya a la comunidad académica y estudiantil sobre el qué hacer ante alguna contingencia, así como ayude proporcionando herramientas para responder de manera rápida y oportuna con intención de prevenir y disminuir la incidencia de los delitos.