- Es independiente de cualquier dependencia pública, cuenta con facultades de Ministerio Público y puede ejercer la extinción de dominio
Chihuahua.- Este martes 4 de febrero inició funciones la Fiscalía Anticorrupción, creada mediante reformas a la Constitución del Estado para dotarla de plena autonomía del resto de los organismos gubernamentales.
Fue dotada de personalidad jurídica y patrimonio y propio y tiene atribuciones para ejercer acciones penales en contra de personas que presuntamente hayan actuado de manera indebido en el ejercicio de la función pública.
La reforma Constitucional, publicada en el Periódico Oficial del Estado el sábado 1 de febrero, le da a la Fiscalía Anticorrupción a autonomía técnica y presupuestal, sin dependencia de ningún organismo gubernamental. Hasta antes de la reforma, era un órgano de la Fiscalía General del Estado.
En apego al Artículo Noveno Transitorio de la reforma, La actual titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Gema Guadalupe Chávez Durán, continuará ejerciendo sus funciones hasta concluir el periodo de siete años para el cual fue electa por el Congreso del Estado, a partir de la fecha en que inició funciones, el 4 de enero de 2019.
Corresponde al Congreso del Estado nombrar a la persona titular de esta fiscalía, con el voto de al menos las dos terceras partes de las y los diputados presentes, en una terna enviada por nueve especialistas en la materia de combate a la corrupción, de los cuales cinco serán designados por el Ejecutivo y cuatro por el Legislativo, de conformidad con la convocatoria pública que para estos efectos expida el citado panel.
Chávez Durán fue electa para ese cargo por votación del Congreso del Estado, tras un riguroso proceso de selección, apegado a normas internacionales que garantizan la imparcialidad y la independencia de la persona que ocupe el cargo.
De acuerdo a la reforma recién publicada, contará con fuero constitucional.
Chihuahua se ubica a la vanguardia en el combate a la corrupción, al ser una de las primeras entidades federativas en dotar de autonomía a su órgano encargado de combatir las malas prácticas de gobierno y el desvío de los recursos públicos.