Inhabilitan ocho años a particular que obtuvo contrato por 6.8 mdp con PCE con información falsa en 2021

La Auditoría Superior del Estado (ASE) logró la inhabilitación por ocho años para un particular que falseó información para ganar una licitación y obtener un contrato por 6.8 millones de pesos con Pensiones Civiles del Estado.

Al hacer la revisión de la Cuenta Pública 2021, la licitación pública presencial PCE-LPP-001-2021, realizada por el organismo descentralizado, resultó con inconsistencias atribuibles a la particular Andrea N, como representante de la empresa Industry Conect S.A. de C.V., pues presentó una Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales apócrifa.

Dicho documento falso, establecido como requisito en el procedimiento licitatorio con base en las normas vigentes, fue utilizado para la obtención de un contrato de adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos, por un monto de seis millones 860 mil 882 pesos.

Tras detectar la irregularidad, la ASE procedió a la integración de la investigación, cuyo expediente fue remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), de donde fue turnado a la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas.

Ante el TEJA, la Auditoría sustentó cómo fue afectado el proceso de licitación por el uso de un documento apócrifo y la comisión de la falta considerada como grave en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Así, el magistrado titular de la sala, Luis Eduardo Naranjo Espinoza, determinó la existencia de responsabilidad por parte de la particular, a la que el pasado 28 de enero le impuso como sanción la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras del sector público.

El Auditor Superior, Héctor Acosta Félix reconoció el trabajo de las Salas especializadas Cuarta y Quinta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por el incremento de resoluciones con sanción que se han emitido en los últimos meses, lo que abona en el combate a la corrupción a través de evitar la impunidad en los casos de irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador.