<\/p>\n\n\n\n
En una sesi\u00f3n calificada como \u201cla m\u00e1s relevante\u201d en a\u00f1os por varios de sus integrantes, el Comit\u00e9 Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci\u00f3n (SEA) de Chihuahua aprob\u00f3 por unanimidad un posicionamiento institucional en contra de la resoluci\u00f3n del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del D\u00e9cimo S\u00e9ptimo Circuito, dentro del conflicto competencial 20\/2025, mediante la cual se determin\u00f3 que un juez federal es competente para conocer la causa penal seguida contra el exgobernador Javier Corral Jurado por el presunto desv\u00edo de 98.6 millones de pesos provenientes de participaciones federales.<\/p>\n\n\n\n
El acuerdo fue avalado por las siete personas integrantes del \u00f3rgano colegiado, con un voto concurrente del presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua, y contempla instruir a la Secretar\u00eda T\u00e9cnica para que el posicionamiento sea remitido formalmente al Comit\u00e9 Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n, al Comit\u00e9 Rector del Sistema Nacional de Fiscalizaci\u00f3n y a los comit\u00e9s coordinadores locales del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1alan confusi\u00f3n entre participaciones y aportaciones
En el documento, le\u00eddo \u00edntegramente durante la primera sesi\u00f3n extraordinaria del a\u00f1o, el Comit\u00e9 Coordinador advierte que la resoluci\u00f3n del tribunal colegiado incurre en una \u201cconfusi\u00f3n conceptual\u201d al equiparar participaciones federales con aportaciones federales, figuras que \u2014subraya\u2014 tienen naturaleza jur\u00eddica distinta.<\/p>\n\n\n\n
Mientras las participaciones son recursos de libre disposici\u00f3n que, una vez transferidos, se integran al patrimonio estatal, las aportaciones son recursos etiquetados que conservan su car\u00e1cter federal. Sin embargo, el tribunal sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en disposiciones aplicables a aportaciones y al Presupuesto de Egresos de la Federaci\u00f3n para justificar que los recursos involucrados conservan naturaleza federal, lo que abri\u00f3 la puerta a la competencia del fuero federal.<\/p>\n\n\n\n
Para el SEA, esa interpretaci\u00f3n no solo desatiende el marco normativo de la coordinaci\u00f3n fiscal, sino que puede alterar el dise\u00f1o del federalismo y \u201cdesdibujar\u201d las competencias tradicionales de las autoridades locales en materia de control, fiscalizaci\u00f3n y sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Riesgo de \u201cfederalizaci\u00f3n indebida\u201d del combate a la corrupci\u00f3n
El posicionamiento alerta que, de generalizarse este criterio, podr\u00edan generarse consecuencias de alto impacto para los sistemas nacional y estatales anticorrupci\u00f3n y de fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Entre ellas, que la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n se asuma como la \u00fanica instancia competente para revisar participaciones federales; que las auditor\u00edas locales queden impedidas para fiscalizar recursos que hist\u00f3ricamente han auditado; que tribunales estatales y fiscal\u00edas anticorrupci\u00f3n locales no puedan conocer faltas graves y delitos vinculados al manejo de dichos recursos; e incluso que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa absorba pr\u00e1cticamente todos los asuntos relacionados.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe est\u00e1 trastocando todo el sistema nacional anticorrupci\u00f3n, toda la ley nacional de fiscalizaci\u00f3n, toda una historia de fiscalizaci\u00f3n\u201d, advirti\u00f3 durante la sesi\u00f3n el fiscal Anticorrupci\u00f3n, quien calific\u00f3 como \u201caberraci\u00f3n jur\u00eddica sin precedente\u201d la confusi\u00f3n entre cap\u00edtulos normativos que, a su juicio, realiz\u00f3 el tribunal colegiado.<\/p>\n\n\n\n
\u201cVamos a defender hasta las \u00faltimas consecuencias\u201d
El fiscal sostuvo que, pese a la resoluci\u00f3n, la carpeta de investigaci\u00f3n por los 98.6 millones de pesos \u201csigue en Chihuahua\u201d y asegur\u00f3 que se defender\u00e1 \u201chasta las \u00faltimas consecuencias\u201d la calidad de v\u00edctima de los chihuahuenses, representados por la Secretar\u00eda de Hacienda estatal.<\/p>\n\n\n\n
Record\u00f3 que en el expediente existen \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n, fichas rojas, alertas migratorias, aseguramiento de cuentas y bienes, y afirm\u00f3 que agotar\u00e1n todos los recursos legales, incluida la controversia constitucional ante la Suprema Corte y, de ser necesario, instancias internacionales.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, el presidente del Comit\u00e9 de Participaci\u00f3n Ciudadana hizo una analog\u00eda para explicar la gravedad del criterio adoptado por el tribunal: comparar participaciones con aportaciones, dijo, ser\u00eda como considerar v\u00edctima a quien entreg\u00f3 una pensi\u00f3n alimenticia obligatoria y no a quien sufri\u00f3 el robo del bien adquirido con ese dinero.<\/p>\n\n\n\n
Llamado al di\u00e1logo institucional
Sin desconocer la validez formal de la resoluci\u00f3n ni la independencia judicial, el Comit\u00e9 Coordinador hizo un \u201cllamado respetuoso al di\u00e1logo institucional\u201d entre autoridades estatales y federales, as\u00ed como a los \u00f3rganos jurisdiccionales, para que profundicen en el an\u00e1lisis de los criterios adoptados y eviten interpretaciones que debiliten las capacidades locales de combate a la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El acuerdo fue aprobado por unanimidad, con un voto concurrente anunciado por el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua, quien adem\u00e1s adelant\u00f3 que impulsar\u00e1 que el documento se posicione a nivel nacional dentro del Sistema Nacional de Fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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