Integrantes del movimiento ‼️YA BASTA ✋🏻‼️ dieron a conocer el proceso que llevó a la aprobación del decreto del Protocolo de Protección para Personas Trabajadoras de la Educación, avalado por el Congreso del Estado el pasado 3 de marzo de 2026, una demanda que surgió desde la base magisterial en 2024 ante diversas situaciones de vulnerabilidad en los centros escolares.
Las maestras impulsoras del movimiento señalaron que la iniciativa no fue resultado de una gestión inmediata, sino de casi dos años de organización y trabajo colectivo entre docentes de distintos niveles educativos. “Ha sido un proceso de mucho crecimiento y aprendizaje que hemos construido desde hace casi dos años”, señalaron.
Recordaron que el origen del movimiento se remonta a una situación crítica ocurrida en septiembre de 2024 en un plantel de preescolar, donde el colectivo docente enfrentó una crisis tras la pérdida de una compañera. “Perdimos a una compañera muy querida y fue muy difícil; a pesar de lo que estábamos viviendo no se nos dio el apoyo que necesitábamos”, relató.
Posteriormente, nuevas situaciones de acusaciones contra personal educativo detonaron la necesidad de organizarse para respaldar a docentes. “Decidimos hacer un escrito y comenzar a recabar firmas entre los compañeros que conocían el caso”, explicó la docente.
En un primer momento lograron reunir 385 firmas durante un evento del Día de la Educadora, lo que posteriormente se amplió con un formulario difundido en redes sociales. “Se sumaron mil 646 compañeros que quisieron respaldar el proceso y conocer qué acciones íbamos a emprender”, señalaron.
Con ese respaldo comenzaron a tocar puertas en instancias institucionales y legislativas para impulsar la creación de un marco legal de protección. “Nuestro objetivo siempre fue claro: lograr un decreto de ley en protección de los trabajadores de la educación”, explicaron.
El 4 de julio de 2025 presentaron el primer documento ante la bancada de Morena en el Congreso del Estado y días después buscaron el apoyo del diputado Alex Domínguez. “Fue el primero que nos abrió la puerta y nos escuchó”, destacaron.
A partir de esas reuniones inició la elaboración de una propuesta jurídica con la participación de docentes y asesores legislativos. “No fue un documento impuesto, nos invitaron a revisarlo, analizarlo y proponer cambios”, indicaron.
Durante los meses siguientes realizaron reuniones de análisis y ajustes al proyecto, tanto de manera presencial como virtual con maestros de distintas regiones del estado. “Estábamos revisando qué le agregamos, qué le quitamos y cómo evitar que quedaran vacíos legales”, explicaron.
La iniciativa fue presentada posteriormente en el Congreso del Estado y analizada por la Comisión de Educación, donde también se realizaron mesas de trabajo y consultas con diversos actores educativos. “Queríamos estar al pendiente de todo el proceso para que el documento realmente respondiera a la realidad que vivimos en las escuelas”, señalaron.
Durante ese proceso insistieron en modificar algunos términos del dictamen inicial para garantizar una protección más amplia. “No queríamos que el protocolo fuera solo para docentes, sino para todas las personas trabajadoras de la educación”, puntualizaron.
Entre las reservas aprobadas se incluyeron mecanismos de acompañamiento jurídico, psicológico y administrativo, así como el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia ante denuncias infundadas. “Buscamos que se protejan los derechos de quienes trabajan en la educación”, explicaron.
Las maestras destacaron que la aprobación del decreto representa un paso histórico para el magisterio en Chihuahua. “Es histórico que ya exista un decreto de ley para la protección de los trabajadores de la educación”, afirmaron.
Señalaron que el siguiente paso será la publicación del decreto y la elaboración del protocolo correspondiente, proceso en el que buscarán participar. “Esto no termina aquí, ahora viene la implementación y vamos a seguir vigilantes para que realmente se aplique”, concluyeron.