Manuel Quiroz y su operador “Juan Camaney”

Por: Profr. Octavio Lopez Acosta

El licenciado Juan Diego Dávila, quien se presenta como abogado laboralista, se dio a conocer dentro del gremio magisterial prometiendo resolver el problema de la plaza de tiempo completo mixta, conocida como CLAVE L PLUS, para quienes ya la disfrutan y cumplen veinte años de servicio.

Durante casi seis años llevó ese caso, generando expectativas entre los compañeros. Sin embargo, muchos recuerdan cómo los llevó ante magistrados pidiéndoles que hablaran de su trabajo y de sus hijos, asegurando que con eso se ganaría el juicio.

Cualquier abogado sabe que los asuntos jurídicos no se resuelven de esa manera, pero todo indica que Dávila actuaba bajo indicaciones del dirigente de la Sección 42, Manuel Quiroz, porque en estos casos suele cumplirse la regla: el que paga, ordena.

El resultado fue el mismo de siempre: la causa se perdió y los agremiados quedaron exactamente donde estaban desde el principio: en cero.

Una vez consumado el fracaso, Manuel Quiroz simplemente retiró a Dávila del caso y contrató a otro abogado, que apareció en videos prometiendo que ahora sí habría solución y que trabajaría “a tambor batiente”.

A pesar de ello, Juan Diego Dávila ha continuado prestándose a diversas acciones ordenadas por Manuel Quiroz, participando en actos que rayan en lo vergonzoso para quien presume ejercer la abogacía.

Hace algunos meses apareció en Parral acompañado de un notario, intentando sorprender a los jubilados que mantienen tomadas las instalaciones sindicales.

Pretendió hacer creer que tenía autoridad para negociar y resolver el conflicto, pero los maestros jubilados no cayeron en el engaño y lo corrieron del lugar.

Hoy volvió a presentarse, ahora en Jiménez, Chihuahua, acompañado incluso por la fuerza pública, con la intención de romper cadenas y candados del salón sindical.

Durante el intercambio con los presentes se le preguntó su nombre. La respuesta fue breve y poco clara.

Sin embargo, al ser cuestionado nuevamente por segunda ocasión sobre su nombre, respondió en forma irónica identificándose como “Juan Camaney”.

No presentó un solo documento que lo acreditara como representante legal del sindicato ni como persona autorizada por la Sección 42. No llevaba nombramiento, oficio, poder legal ni documento alguno.

Su única “identificación”, al parecer, era decir que se llamaba Juan Camaney, además de contar con dinero para pagar a alguien que, con una pulidora, cortara las cadenas del salón sindical.

Todo ello demuestra una comprensión profundamente equivocada del conflicto, pues parece creer que el problema del salón sindical es únicamente una cadena y un candado.

Lo que mantiene cerrado ese edificio no es un candado, sino un conflicto provocado por la propia dirigencia sindical encabezada por Manuel Quiroz:
la falta de voluntad de diálogo, el manejo opaco de los recursos sindicales y la incapacidad de su dirigencia para presentar un informe financiero que durante más de ocho meses han exigido jubilados y pensionados inconformes.

A esto se suma además el despojo del que fueron objeto jubilados y pensionados por parte de la maestra Merit Chávez Cobos, quien les negó el uso del salón sindical y de la oficina de jubilados que históricamente ha sido utilizada por ellos desde la formación de su delegación, argumentando que dicho espacio sería ocupado por ella tras la imposición en el cargo que le fue otorgado por el propio profesor Manuel Quiroz.
También persiste el conflicto de intereses en el manejo del salón sindical por parte de la maestra Merit Chávez Cobos y su esposo, situación que tampoco ha sido aclarada ante la base magisterial.

Ignorando todo esto, Juan Diego Dávila, alias “Juan Camaney”, intentó violentar cadenas y candados creyendo que así resolvería el problema.
Afortunadamente, quienes se encontraban al pendiente del lugar avisaron a los jubilados, quienes acudieron para impedir la apertura violenta del inmueble.

Durante los hechos, Juan Camaney se mostró arbitrario y abusivo, pero también evidenció ignorancia al declarar que desconocía que existe un proceso jurídico en curso, mediante el cual se ha solicitado a la maestra Merit Chávez Cobos que entregue a la Fiscalía los videos que permitan identificar a quienes vandalizaron las lonas colocadas con las demandas de jubilados y pensionados.

Después de quedar exhibido en su prepotencia y desconocimiento, decidió retirarse del lugar anunciando que acudiría a Fiscalía para pedir información sobre el conflicto.

En su intento por justificar su presencia, argumentó que tenía facultades sobre el salón sindical porque contaba con un recibo del pago del predial.

Sin embargo, ignora —o pretende ignorar— que ante el Registro Público de la Propiedad del Estado no aparece registrada edificación alguna en el terreno donde se encuentra construido el salón sindical.

Es decir, ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ni el propio Manuel Quiroz pueden acreditar legalmente la propiedad o control de una construcción que jurídicamente ni siquiera aparece registrada como edificación en ese predio.

Ante todo lo ocurrido queda claro que Juan Diego Dávila no se presentó como abogado ni como representante legal de nadie, y que su actuación responde más bien al papel de operador al servicio del profesor Manuel Quiroz.

No sabemos si es mecánico, albañil, herrero, carnicero o simplemente un trabajador obedeciendo órdenes, pero lo que sí queda claro es que su actuar vuelve a exhibir el estilo autoritario, opaco y carente de diálogo con el que Manuel Quiroz pretende manejar el conflicto sindical.

Atentamente profe. Octavio Lopez Acosta representante de jubilados y pensionados inconformes en la región de Jiménez Chih.