La actuación de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado durante las investigaciones realizadas en el quinquenio pasado dentro de la denominada Operación Justicia para Chihuahua volvió a quedar bajo cuestionamiento, luego de que un juez ordenara reabrir una indagatoria en contra de dos agentes de la Policía Estatal Investigadora por presuntas irregularidades.
De acuerdo con información dada a conocer por el abogado Irving Anchondo Valdez, en días recientes se celebró una audiencia ante el juez de control del Distrito Judicial Morelos, Juan Pablo Campos López, dentro de la causa penal 2074/2023, en la que se analizó la legalidad de la determinación emitida por un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Control Interno de la Fiscalía General del Estado.
Dicho agente había ordenado el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 19-2021-1963, integrada en contra de Susana Iveth “N” e Isaac Miguel “N”, ambos agentes de la Policía Estatal Investigadora.
Sin embargo, durante la audiencia el juez determinó que la investigación debía ser reabierta al considerar que existen elementos suficientes para tener por demostrado, en grado de probabilidad, el delito que se investiga.
La indagatoria se sigue contra los mencionados agentes policiacos por la presunta falsificación de un acta de entrevista que supuestamente habría sido realizada a un vecino de la víctima Cristopher Daniel James Barousse.
Según lo expuesto, dicha entrevista habría sido fabricada con el objetivo de generar la apariencia de una falta de arraigo en contra de James Barousse, lo que permitió que se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva.
El afectado permaneció sujeto a esta medida durante el año 2020, situación que posteriormente fue revertida tras obtener el amparo y la protección de la justicia federal.
La conducta atribuida a los agentes policiacos, que se presume habría sido realizada bajo instrucciones superiores, podría constituir el delito de prevaricación, el cual contempla sanciones que van de los dos a los ocho años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por diez años.
Anchondo Valdez sostuvo que estos hechos evidencian “el desaseo y la falta de objetividad” con la que se integró la investigación en contra de James Barousse, proceso que finalmente concluyó con su absolución por parte de un tribunal de enjuiciamiento en el año 2024.
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