De un 8M a otro

Por: Mtra. Sumiko Ortiz

El 8 de marzo es una fecha en la que las mujeres salimos a la calle para protestar ante la violencia, el abuso y las miles de injusticias que, día a día, se ejercen en nuestra contra. Fue hace justamente un año cuando tomé la decisión de hacer públicas mis denuncias. A un año, este es el avance:

Días después de hacer públicas mis denuncias, la Directora General se tomó el tiempo de visitar mi lugar de trabajo haciendo amenazas veladas y haciéndolo sonar como un favor que deberíamos agradecer. Se le enfrentó, se le cuestionó y ella prometió respuestas y soluciones que nunca llegaron.

Un par de meses después, la Dirección Jurídica de SEECH, en manos de la Dra. Cinthia Pallares emitió un resolutivo que me acredita como víctima de varios episodios de violencia institucional. Contra toda lógica, moral y respeto por la justicia, ese mismo resolutivo dicta que yo fuera removida de mi puesto, perdiendo una gran parte de mi sustento y siendo forzada a cambiarme de lugar de trabajo a 2 horas de mi casa. Mi nuevo lugar de trabajo es un área que no existía y fue creada específicamente para justificar que yo, con mi perfil académico y pedagógico, haya pasado de dirigir un equipo académico a formar parte de la Coordinación Estatal de Tecnología Educativa.

El sindicato siempre ha estado ahí. En cada momento, tanto el Mtro Nicolás Aragón como el mismo Profr. Eduardo Zendejas se han mostrado preocupados buscando la manera de evitar que siga publicando mis denuncias porque estoy perjudicando la reputación de quienes siguen violentando y abusando de su autoridad cada día. Las frases “espérese, maestra” y “déjeme ver” ya suenan tan repetitivas como vacías. Me queda claro que la única función del sindicato ha sido siempre postergar mis acciones y esperar a que me rinda por cansancio.

Acudí a varias instancias, pero no han emitido fallo. Asistí a una mesa de negociación recién inaugurada como área de mediación y mi caso resultó tan grave que no lo pudieron atender. La CEDH me realizó un peritaje psicológico que dictaminan graves afectaciones a mi salud y bienestar emocional. Mientras tanto, en SEECH trataron de engatusarme para contestar un test de aptitudes para desempeñar el trabajo que ya he desempeñado por años. “Un error”, dijeron.

He estado negociando. En cada ocasión se me pide que les explique qué quiero para terminar con el problema, como esperando que mis demandas disminuyan hasta un punto en que yo termine pagando los platos rotos y pidiendo perdón. Mis exigencias siempre han sido las mismas porque las considero justas, pero en cada reunión, se me ofrece el proverbial “atole con el dedo” a cambio de dejar de denunciar públicamente. No quieren resolver. Quieren callarme y ya.

Vienen tiempos de elecciones y las autoridades en SEECH han dado un nuevo paso. Quieren ofrecerme una clave salarial con unos pesos extra. Yo gano un par de pesos más con una clave de confianza, dejo mi clave sindicalizada (renunciando a todos los derechos que ésta implica, por supuesto), dejo de publicar mis denuncias y todo quedaría sellado con la foto del recuerdo ante tan bien lograda negociación. ¡Y el personal del sindicato me aconseja que tome la propuesta! ¿Cómo no decir que la justicia en SEECH está vendida? ¿Cómo seguir creyendo en un sindicato que me quiere entregar en bandeja de plata a los pies de una voraz Directora General que no deja de buscar la manera de perjudicarme personalmente?

Se me dijo recientemente que la titular de Dirección Jurídica quiere “tirar la toalla” y “dejar de ayudarme” porque no he aceptado las generosas ofertas que me han hecho. Le ayudo: Solo necesita dejar de solapar abusos y hacer justicia, Dra. Pallares. Mis peticiones son simples, pero parece que la consigna es no ceder por orgullo, ego, o simplemente, por aversión a la justicia.

He solicitado y sigo solicitando insistentemente el apoyo de la Gobernadora #MaruCampos pues estoy convencida de que no está enterada de la clase de depredadores que tienen en sus manos la Casa del Maestro. Empiezo a temer por mi seguridad, gobernadora. 2 años de violencia. 1 año de denuncias. Otro 8M.