Carta abierta: en pleno 8M maestra de USAER denuncia casi 2 años de inacción de autoridades ante denuncias por amenaza de muerte y presunta protección al agresor

En el marco del 8M, a través de una dura carta abierta titulada «El precio de alzar la voz en Chihuahua», dirigida a la Sección 42 del SNTE, la Secretaría de Educación y Deporte, autoridades judiciales y a la propia gobernadora del Estado, la maestra Libier Melisa Rascón Martínez, directora de la USAER 7617, decidió seguir alzando la voz para denunciar el infierno que viene sufriendo desde hace dos años debido a la inacción de las autoridades competentes ante las denuncias interpuestas en diferentes instancias tras ser amenazada de muerte y todo lo que ello ha comportado durante este tiempo a ella y el resto de implicados. Angustiada, denuncia que no sólo no han hecho nada por hacer justicia, sino que habrían protegido al presunto agresor.

A continuación el contenido íntegro de la carta abierta:

«EL PRECIO DE ALZAR LA VOZ EN CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 8 de marzo de 2026

A las Autoridades del Estado de Chihuahua

A la Sección 42 del SNTE

A mis compañeras que resisten en silencio

A la Opinión Pública

Hoy no escribo desde la comodidad, sino desde la resistencia. Me dirijo a ustedes como una maestra que creyó en las instituciones, que creyó en su sindicato y que, tras 15 años de servicio, descubrió que en Chihuahua es más peligroso denunciar a un agresor que cometer la agresión.

Hace casi dos años, mi vida, la de mis hijos y la de una compañera del mismo centro de trabajo al que estoy adscrita, fueron amenazadas de muerte por un trabajador bajo mi dirección, simplemente por cumplir con mi deber y no solapar sus faltas. Desde ese día, he vivido un calvario que no solo ha sido alimentado por el agresor, sino por la indiferencia criminal y la protección política de quienes deberían cuidarnos.

Esta carta es por mí, pero sobre todo por quienes, como yo, han tenido la valentía de alzar la voz y hoy se encuentran con una pared de cristal. Es indignante que mientras yo buscaba refugio en la justicia, la Secretaría de Educación y Deporte, el Sindicato y la Fiscalía se dedicaron a tejer una red de impunidad para el agresor.

A la Sección 42 del SNTE:

Les pregunto de frente: ¿Desde cuándo su labor sindical se convirtió en una defensoría de agresores? Es vergonzoso ver cómo han movido cielo, mar y tierra para gestionar licencias y privilegios para un hombre que amenazó de muerte a sus compañeras, mientras a nosotras nos han dado la espalda. Pero lo más grave no es solo su omisión, sino su ideología machista y retrógrada. Se han atrevido a decir que esto es una «invención», una mentira de mujeres, cuando existen estudios periciales de tres autoridades distintas que confirman lo mismo: el daño psicológico y el trauma están ahí, marcados en nuestra integridad. Ustedes han decidido ignorar la ciencia y la ley para proteger a un violento. Sigan intentando tapar el sol con un dedo y negando una realidad avalada por expertos; solo espero que, cuando la verdad termine de salir a la luz, no se quemen con el mismo fuego de impunidad que hoy alimentan.

A la Secretaría de Educación y Deporte:

Ustedes han convertido la burocracia en un escudo para el agresor. Me dicen con total frialdad que «no pueden investigar» despues de dos años de usar la frase “estamos investigando maestra” pero no pueden investigarlo ¿porque lo cambiaron de lugar? o porque está bajo una licencia que ustedes mismos le autorizaron. Les pregunto: si el trabajador sigue vinculado a su nómina y sigue recibiendo su salario quincena tras quincena, ¿cómo es posible que para pagarle sí tengan autoridad, pero para sancionarlo no? Es doloroso aceptar que sus procesos de investigación son solo una farsa y una simulación. Mientras ustedes se sientan cada mañana a disfrutar de su café y sus sonrisas en la oficina, devengando un sueldo por «hacer justicia», yo cuento los días de un proceso que lleva dos años detenido. Me pregunto: ¿realmente pueden dormir tranquilos por la noche? ¿Pueden descansar sabiendo que con su indolencia están dejando a dos maestras y a sus hijos a merced del miedo? La justicia no es un juego de sillas ni de esconder gente en otras oficinas; la violencia laboral es un delito que, al no sancionarlo, ustedes están encubriendo. Espero sinceramente que nunca una mujer de su propia familia tenga que pasar por este calvario, porque solo entonces sentirán en carne propia el dolor y la impotencia que hoy fomentan con su falta de profesionalismo. No esperen a que ocurra una tragedia para empezar a ser humanos.

A las Autoridades de Justicia:

Me dirijo a ustedes no como un número de expediente, sino como una mujer cuya vida se detuvo hace casi dos años. He cumplido con cada requerimiento, he entregado cientos de documentos y he narrado mi miedo una y otra vez ante distintas instancias. Sin embargo, a dos años de distancia, no hay una sola audiencia. La justicia que tarda tanto no es justicia; es, en realidad, un permiso oficial para que el agresor siga violentando con total impunidad. Incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en su momento cerró mi expediente, tuvo que reabrirlo ante la evidencia de que mi caso es una herida abierta. Entiendan que la violencia contra una mujer no es solo un «tema laboral» o un pleito de oficina; es un ataque contra todo nuestro género que nos vulnera a todas por igual. ¿Qué están esperando para actuar? ¿Acaso esperan a que la suerte les favorezca y mi caso se convierta en una estadística de homicidio para que la Fiscalía finalmente reaccione? ¿O esperan que sea un tribunal arbitral el que decida si mi vida vale más que un contrato laboral? Díganme con franqueza: ¿dónde quieren que caiga esta «lotería» de negligencia? ¿En un despido justificado que llega tarde, en una inhabilitación que nadie firma, o en una tragedia que ya no tenga remedio? No me obliguen a seguir esperando lo peor mientras ustedes deciden si mi seguridad es una prioridad o simplemente un trámite más.

Pretenden callarnos con el desgaste, con el olvido y con la burocracia. Creen que por ser mujeres en el ámbito educativo vamos a bajar la cabeza y aceptar el «así son las cosas». Pero se equivocan. Mi voz no es solo mía; es la de cientos de trabajadoras de la educación que sufren acoso y violencia institucional bajo el amparo de acuerdos políticos.

Gobernadora María Eugenia Campos Galván:

Usted ha sostenido con firmeza que en Chihuahua, «quien se mete con una mujer, se mete con su gobierno». Yo le creí. He denunciado, he entregado pruebas periciales que confirman mi trauma y he agotado cada vía legal con la fe de quién busca protección. Pero hoy, tras dos años de abandono, me veo obligada a preguntarle de frente: ¿De qué lado está realmente su gobierno? ¿Del lado de la maestra que trabaja y construye este estado, o del lado del agresor que el sistema se ha esmerado en blindar?

Es doloroso ver que su equipo de trabajo no refleja ni sus palabras ni su política. Pareciera que, para obtener justicia en Chihuahua, no basta con tener la razón y las pruebas; pareciera que se necesita ser una «beneficiada política» o tener un «padrino» en el gobierno que imponga la ley que por derecho me corresponde. Dígame, Gobernadora, ¿qué más tengo que hacer para hacerme merecedora de esa justicia tan anhelada que simplemente no llega? ¿Cuál es el requisito que me falta para que nuestras vidas y la de mis hijos sea prioritaria para sus funcionarios?

Mientras tanto, veo con una mezcla de cinismo e ironía cómo su equipo se toma fotos para el periódico, presumiendo que protegen a la mujer. Es una burla cruel que la Secretaría de Educación y Deporte se ostente como un «Punto Naranja», un lugar donde las mujeres podemos acudir a resguardarnos, cuando en la realidad esas mismas oficinas han sido el refugio de mi agresor y el laberinto donde mi voz ha sido ignorada.

No se puede proteger a las mujeres en los discursos mientras se les desampara en los escritorios. No se puede ser «Punto Naranja» de puertas para afuera, cuando de puertas para adentro se protege la violencia. Gobernadora, le pido que su palabra se convierta en hechos, porque mi seguridad y la de mi familia no pueden seguir esperando a que su equipo decida, finalmente, ser humano.

Este 8 de marzo, mi exigencia es clara: Justicia, no simulaciones. Seguridad, no traslados. Dignidad, no silencio.

Atentamente,

Mtra. Libier Melisa Rascón Martínez.

¨Porque el miedo ya se convirtió en exigencia y el silencio ya no es nuestro refugio¨.»