Señalan colectivas feministas que ampliación de zona blindada y cierre de calles ante marcha del 8M aumenta los riesgos

Colectivas feministas convocantes a la marcha del 8 de Marzo en la capital del estado denunciaron que la colocación de vallas metálicas y el cierre de diversas calles en la ruta y el punto final de la movilización forman parte de una estrategia de las autoridades para desalentar la participación de mujeres en la protesta.

A través de un pronunciamiento público, las organizaciones señalaron que estas medidas buscan “sembrar miedo e incertidumbre” entre las asistentes, además de que consideran que vulneran derechos fundamentales como la libre manifestación de ideas y el libre tránsito.

Asimismo, advirtieron que el bloqueo extensivo de vialidades representa un riesgo desde el punto de vista de seguridad y protección civil, al limitar rutas de circulación y posibles salidas durante un evento masivo. En el documento, las colectivas también calificaron de incongruente que la gobernadora María Eugenia Campos y el alcalde Marco Bonilla argumenten que el operativo busca proteger a las mujeres, cuando —afirman— en los hechos se genera un entorno restrictivo para ejercer el derecho a la protesta.

De igual forma, sostuvieron que este tipo de acciones refuerzan una narrativa que estigmatiza a las colectivas feministas y desvía la atención de problemas estructurales como la corrupción, la impunidad y los altos índices delictivos en la entidad.

Las agrupaciones hicieron responsables a las autoridades estatales y municipales de cualquier incidente que pudiera ocurrir derivado de las decisiones tomadas para bloquear y restringir vialidades en torno a la movilización.

A continuación el pronunciamiento íntegro:

Vallas, calles cerradas y miedo: Así intenta el Estado disuadir la marcha del 8M

Al público en general, medios de comunicación y redes feministas, ante la colocación de vallas metálicas y el cierre de múltiples calles en la ruta y el punto final de la marcha del 8M, las colectivas convocantes expresamos nuestra profunda preocupación e indignación por las medidas implementadas por las autoridades.

Estas acciones no solo constituyen una estrategia disuasiva que busca sembrar miedo e incertidumbre entre las asistentes para desalentar su participación, sino que además vulneran derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el derecho a la libre manifestación de las ideas y al libre tránsito.

Asimismo, el bloqueo extensivo de vías representa una medida negligente desde el punto de vista de seguridad y protección civil, ya que limita rutas de circulación y posibles salidas en un evento masivo. Lejos de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de nuestros derechos, estas decisiones institucionales están generando un entorno de mayor riesgo para quienes participen en la movilización.

Resulta además profundamente incongruente que la Gobernadora María Eugenia Campos y el alcalde Marco Bonilla afirmen públicamente que este operativo busca resguardar la seguridad de las mujeres, cuando en los hechos lo que están haciendo es propiciar un entorno inseguro, restrictivo y potencialmente represivo para quienes ejercen su derecho a manifestarse.

Estas acciones refuerzan una narrativa estigmatizante que presenta a las colectivas feministas como una amenaza pública, construyendo una lógica simplista y peligrosa de «buenos contra malas». Esta narrativa distorsiona la protesta social para justificar el amurallamiento de edificios públicos y el cierre de amplios sectores de la ciudad, mientras desvía la atención de los problemas estructurales que realmente afectan a la población: la corrupción, la impunidad y los altos índices delictivos que persisten en Chihuahua. De esta manera, en lugar de atender las causas de la indignación social, se busca desacreditar y criminalizar a quienes ejercen su derecho a exigir justicia.

La movilización del 8M es una expresión legítima del derecho de las mujeres a manifestarse y exigir justicia. Corresponde al Estado garantizar condiciones adecuadas de seguridad, movilidad y respeto a los derechos humanos.

Hacemos responsable a María Eugenia Campos y Marco Bonilla de cualquier incidente que pudiera ocurrir como consecuencia de las decisiones tomadas para bloquear y restringir las vías en el entorno de la marcha.

Firmantes:
Malinche
Mujeres Venus
Sáficas del Norte
Marea Verde
Comité
MCCUL México AC
Adela
Protrans
Casa Horleadas
Doulas
Diversidad Sexual