Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, la cual propone modificar 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (35, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 115, 116 y 134). El documento fue entregado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Juan Ramiro Robledo, a la diputada panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral para la elaboración de su dictamen. El proyecto inicia su trámite legislativo mientras que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partidos aliados de Morena, han manifestado reservas sobre el documento, por lo que actualmente no se cuenta con los votos asegurados para alcanzar la mayoría calificada.
En cuanto a la estructura del Poder Legislativo, la iniciativa plantea reducir el Senado de 128 a 96 escaños. Para su integración, dos senadurías serían elegidas por mayoría relativa en cada estado y en la Ciudad de México, y una sería asignada a la primera minoría, lo que eliminaría la lista nacional actual.
En la Cámara de Diputados se mantendrían los 500 legisladores, pero se modificaría el método de elección de los 200 plurinominales para que sean electos por los ciudadanos y no por las cúpulas partidistas. Cien de estas diputaciones serían para las candidaturas que no ganaron en su distrito pero que obtuvieron los mejores porcentajes de votación válida para su partido. Las otras 100 se elegirían mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales, en donde se integrará el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.
En materia presupuestal, el documento propone recortar en un 25 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos. Para este cálculo, la nueva fórmula multiplicaría el padrón electoral por el 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en lugar del 65 por ciento que se establece actualmente.
La propuesta prohíbe a los partidos y candidaturas financiarse con recursos provenientes de actividades ilícitas, así como recibir aportaciones de gobiernos, fondos de inversión, personas u organismos extranjeros. Además, se indica que las aportaciones privadas deberán ser realizadas únicamente por personas físicas mexicanas mediante transferencias o instrumentos bancarios, prohibiendo el uso de dinero en efectivo.
También se plantea que los salarios de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales y los tribunales electorales no podrán ser mayores a la remuneración de la presidenta de la República.
La reforma presentada no contempla la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). En cuanto a los procesos de conteo, se estipula que los cómputos de las elecciones iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en los Consejos Distritales, adelantando el proceso que actualmente comienza hasta el miércoles posterior a los comicios.
Sobre los medios de comunicación, la reforma propone reducir el tiempo asignado al INE en radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios, aplicable desde el inicio de las precampañas hasta la jornada electoral.
Finalmente, la iniciativa requiere que cualquier contenido electoral modificado o creado mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) cuente con una etiqueta de identificación colocada por su emisor.